Tres problemas graves

Tres problemas graves que tiene Nicaragua son el problema social, reflejado por los indicadores del deterioro de la calidad de vida, el desempleo, los salarios bajos, la pobreza y la caída del bienestar social que experimenta la mayoría de la población, indicadores que están entre los peores de la región centroamericana; el problema territorial referido al problema ambiental por la contaminación de los lagos, lagunas y ríos, así como por el despale de los bosques, la pérdida de biodiversidad y el problema de la legalización propiedad de la tierra; y el problema democrático, que se muestra por las grandes limitaciones que tiene la democracia nicaragüense. Y, lo que es importante señalar, es que cada uno de estos problemas se ha ido acentuando durante los últimos años.

Estos tres problemas –el social, el territorial y el democrático- están claramente relacionados, pues tienen causas comunes, entre las cuales, las más importantes son el enorme dominio que las fuerzas neoliberales conservadoras y los grandes poderes financieros y económicos del país han tenido y continúan teniendo sobre el Estado nicaragüense. El maridaje tan acentuado entre unos y otros –base también de la enorme corrupción que caracteriza tal Estado- es la raíz de cada uno de estos problemas.

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La enorme influencia que estos poderes financieros y económicos ejercen sobre los mayores medios de información privados, así como la gran influencia que el partido gobernante tiene sobre los medios de información públicos (radiofónicos y televisivos) determinan una percepción de la realidad sesgada que promueve la visión favorable a dichos intereses financieros y económicos.

Un ejemplo de ello es la imagen que tales medios están promoviendo de que la economía nicaragüense está liderando la economía centroamericana. Los testarudos datos muestran, sin embargo, no solo que el enorme drama social que Nicaragua vive continúa, sino que el deterioro tan notable sigue aumentando.

Los beneficios de las empresas, tanto financieras como no financieras, han ido aumentando por encima de los de la región centroamericana, mientras que las rentas del trabajo han continuado descendiendo, habiéndose alcanzado un nivel de desigualdad de rentas nunca antes visto durante el periodo desde 1990 a la fecha.

Tales desigualdades continúan aumentando, desigualdades que son incluso mayores cuando hablamos no de rentas, sino de propiedad del capital, habiéndose alcanzado también un nivel récord en la región centroamericana. El 1% de la población nicaragüense con mayor patrimonio posee más de una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre no llega ni al 1% de la riqueza.

Si uno analiza la prensa y la televisión del país no verá, sin embargo, tal crisis social ni el gran crecimiento de las desigualdades y de la concentración de la riqueza. En su lugar, el tema con mayor visibilidad mediática que hoy existe en este país es el problema de los accidentes en las carreteras y en las ciudades. Hábil maniobra para intentar dejar en segundo plano la corrupción, conocida pero silenciada tanto por los medios oficiales como por el establishment político, mediático y empresarial.

Es importante señalar que las fuerzas conservadoras son los partidos neoliberales de la derecha tradicional (partidos zancudos) que coinciden con el partido de gobierno en la aprobación de muchas de las leyes y reformas (en realidad contrarreformas) que conjuntamente han apoyado en la Asamblea Nacional que han facilitando con ello el descenso de los salarios, el aumento del desempleo, las reformas fiscales, altamente regresivas, que han proveído la concentración de las rentas y de la propiedad del capital, así como los recortes de gasto público social.

La todavía elevada popularidad del partido de gobierno, a pesar de los señalamiento de corrupción y de sus políticas de austeridad y regresividad fiscal, se debe, en gran parte, a la identificación de tal partido con la supuesta “segunda etapa de la revolución sandinista” que todavía persiste en conciencia colectiva de amplios sectores de la población.

Ortega ha gobernado, hasta el presente, de una manera clientelar, utilizando las instituciones para su beneficio personal y partidista conforme a una visión patrimonialista del Estado, que históricamente utilizado por las distintas fracciones de la derecha nicaragüense. Este control patrimonial del Estado por parte del partido de gobierno neoliberal ha creado un ambiente político, intelectual y cultural profundamente conservador en las instituciones.

En las condiciones actuales hoy en Nicaragua de limitadísima democracia, con un control e instrumentalización de las instituciones electorales y sus medios por parte del gobierno, dará como resultado la victoria del gobierno de las elecciones municipales, debido a que habrá una movilización masiva del no voto, con una clara abstención de una población cuya mayoría es muy escéptica hacia la credibilidad democrática del proceso electoral, incredulidad que se acentúa todavía más a medida que el proceso continúa.

Es lógico, por lo tanto, que gran parte de las fuerzas políticas progresistas no apoyen completamente tal proceso, pues apoyarlo en estas condiciones, que no son suficientemente democráticas, sería legitimarlo.

El gobierno Ortega es el responsable de las políticas públicas impuestas a la población, las que están dañando la calidad de vida y el bienestar social de las clases populares, políticas que son altamente impopulares. Además de ser un partido que tolera la corrupción, es sumamente represivo, mostrando claras tendencias de autoritarismo y totalitarismo, fieles herederos de los que controlaron la dictadura.

Hay que entender que la mayor causa de que hoy esté gobernando este partido se debe a la desunión de las fuerzas opositoras. Pero esta desunión está estimulada y programada por los grandes intereses financieros y económicos que continúan ejerciendo un enorme poder en Nicaragua, que realizan todo tipo de maniobras para defender sus intereses.