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Tierra arrasada

Después de lo ocurrido en El Cuá, La Trinidad y Camoapa no es exagerado preguntarse qué pasará el día que el FSLN pierda el gobierno central

Después de lo ocurrido en El Cuá

Silvio Prado

19 de febrero 2018

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Pasado el primer mes de un nuevo período de gobiernos municipales, parece más claro el escenario hipotético que pintábamos en este mismo espacio antes del 10 de enero.  El saldo arrojado en las alcaldías que perdió el FSLN parece lanzar un claro de mensaje: “si no gobernamos nosotros, no gobierna nadie”. La práctica ha superado las peores previsiones. Desde la lógica del castigo el gobierno central ha orientado el sabotaje administrativo y la quiebra financiera de las alcaldías que se han salido de su alero.

Antes de que asumieran el cargo los nuevos gobiernos lo evidente fue la manipulación de las transferencias presupuestarias a las municipalidades en perjuicio de las perdidas por el FSLN y a favor de las que había conquistado, aplicando las distorsiones introducidas a la ley 466 en 2013 que, entre otras cosas, aumentaba la discrecionalidad de la Comisión de Transferencias para asignarlas.

Estas maniobras se interpretaban como una estrategia del gobierno central para mantener la tutela sobre las alcaldías descarriadas, obligándolas a doblar la espalda cada año ante las agencias de Managua, para responder a las necesidades locales que no podían cubrir con presupuestos exiguos. Pese a la violación del espíritu  autonómico, la medida podría caber dentro el juego político entre ambos niveles de gobierno.

Reportaje | "Piñata" FSLN en alcaldías opositoras


Sin embargo, para escándalo de cualquiera con un mínimo de nociones sobre administración pública, al día siguiente del cambio de mando se destapó una faceta delictiva inesperada: el saqueo administrativo de las alcaldías a manos de las autoridades salientes.

El estado en que quedaron las alcaldías de El Cuá, La Trinidad y Camoapa, entre otras, muestra un patrón de desmantelamiento para que los gobiernos arrebatados al FSLN -por voluntad popular- no cumplan con su trabajo. La figura de las camionetas sin llantas y carneadas, es la mejor imagen de este sabotaje: instalaciones físicas que no pueden hacer nada, ni llevan a ningún sitio.  ¿En nombre de qué principio o valor socialista y solidario se puede justificar semejante saqueo premeditado, para hacer daño a una población que ha rechazado la continuidad en el gobierno de un partido que proclama su superioridad moral frente a otros actores sociales?

Detrás de esta rapiña ni siquiera se podría decir que hay una actitud política de autodefensa o de cálculos electorales a corto y mediano plazo, como algún ingenuo podría argumentar. Más bien trasluce el comportamiento punitivo de quien creyéndose dueño del gobierno y de las cosas, se lleva el balón (las computadoras, los archivos, los equipos de radio) a su casa si no lo dejan jugar. Un pataleo infantil y autoritario por verse privado de sus caprichos. Algo así como “si no juego yo, que se jodan todos”.

En la misma lógica están las recentralizaciones de última hora de instalaciones deportivas, de parques de ferias y de otras dependencias de formación técnica que antes del 6 de noviembre de 2017 estaban bajo competencias de los gobiernos locales, pero que después de los cambios de mando han sido reasignadas a delegaciones del gobierno central.

Entonces no es exagerado preguntarse qué pasará el día –que seguramente llegará - que el FSLN pierda el gobierno central. ¿No habiendo otras instituciones a las que derivar competencias y equipamientos, serán privatizadas en favor de particulares y del partido? ¿Se reeditará una piñata que vacíe de recursos y funciones el gobierno para trasladarlos a sujetos y organizaciones aliadas o subsidiarias de la dinastía?

A juzgar por lo ocurrido en las alcaldías ganadas por partidos opositores, se aplicará la política de tierra arrasada que en la guerra el bando derrotado practica sobre los territorios abandonados, para no dejar nada que pueda ser aprovechado por los vencedores. Trasladada al terreno político, esta práctica se vuelve aún es más destructiva. Su uso recurrente termina legitimando el desmantelamiento de todo lo actuado por el gobierno saliente, con la consecuente fragilidad de instituciones públicas que nunca se consolidarían.

Concomitante con el sabotaje administrativo, el gobierno central se ha propuesto la quiebra financiera de los gobiernos locales adversos. Como si de asedios se tratase, pretende rendir por hambre y lipidia a quienes rechazaron al FSLN como gestor público. Para ello se está sirviendo del cercenamiento de las transferencias, de las deudas transmitidas y de las indemnizaciones astronómicas a ex funcionarios de las alcaldías.

Acuciadas por el estrechamiento de los techos presupuestarios y por abultadas cuentas por pagar, estas alcaldías se encuentran en una situación de asfixia financiera que reduce sus capacidades de responder a las demandas del municipio. En estas condiciones será muy fácil presentarlas como ineficientes, revertir la correlación de fuerzas en los concejos municipales y organizar protestas de la población antes las nuevas autoridades.

El cerco a estas alcaldías se cierra con el silencio cómplice de dos entidades que en principio deberían velar por el trato igualitario a todas las alcaldías. Por un lado la inacción de una Asamblea Nacional que hace mucho tiempo renunció a su función de control sobre el Ejecutivo. ¿Alguien sabe de alguna iniciativa gestada en la Comisión de Asuntos Municipales para intentar corregir, o al menos denunciar, esta cadena de fechorías?

La otra organización notoria por su ausencia es AMUNIC, el gremio de los alcaldes que en tiempos pretéritos se plantaba con beligerancia ante los gobiernos liberales para revindicar la autonomía del régimen municipal. ¿Qué ha dicho AMUNIC de estos atropellos a sus agremiados? ¿Por qué los gobiernos locales sitiados deberían seguir pagando cuotas de afiliación a un gremio en vez de defenderlos actúa como escudero del opresor?

Tal vez el día que concibieron en el Consejo de Gobiernos Locales del FSLN esta estrategia de tierra arrasada, sus miembros se felicitaron brindando con “una victoria más”. A lo mejor así los pueblos escarmientan y no vuelven a votar en contra de sus salvadores. Pero quizás no y asumen el precio de la autonomía, que es el precio de salvarse por sí mismos.


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Silvio Prado

Silvio Prado

Politólogo y sociólogo nicaragüense, viviendo en España. Es municipalista e investigador en temas relacionados con participación ciudadana y sociedad civil.

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