29 de junio 2020
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La complacencia nacional e internacional con el régimen de Ortega terminó en abril de 2018. Hasta entonces, era válida la reflexión que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) había formulado en ocasión de Cuaresma del año 2015: “Es preocupante la indiferencia en que gran parte de nuestra sociedad ha caído frente a los graves problemas sociales y políticos del país”.
Al abrigo de esa complacencia, Ortega fue configurando una dictadura dinástica. En base a su control, derivado del pacto con Alemán, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del Consejo Supremo Electoral (CSE) y de los fraudes electorales, reformó la Constitución para reelegirse indefinidamente. También nombró a su esposa de vicepresidenta, excluyó a la oposición y despojó de personerías jurídicas a sus partidos políticos, demostrando que solamente la tendrían los que quiso y dispuso.
La Conferencia Episcopal, constituida en conciencia moral del país, así lo advirtió frente al proceso electoral de 2016: “Todo intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único en donde desaparezca la pluralidad ideológica y de partidos políticos es nocivo para el país, desde el punto de vista social, económico y político”. Se referían los Obispos a que en los hechos Ortega había constituido un régimen de partido único, con el FSLN “privatizado” familiarmente, y varios partidos subordinados que hacían la corte al partido de gobierno.
El título de este artículo lo tomamos del teórico alemán Max Weber que acuñó el término Sultanismo, para calificar a una variante de regímenes autoritarios en que el gobernante está presente en todas las instancias del poder político, se confunden sus intereses particulares y familiares con los del Estado, y todas las personas están sujetas a la voluntad despótica del Sultán.
A la fusión sultanística entre Estado-Partido-Familia del régimen de Ortega, hay que agregar dos variables derivadas de esa mezcla, que cruzan transversalmente todos los ámbitos de la sociedad y geografía de Nicaragua: control territorial y corrupción. Esto explica la reproducción del abuso de poder en todos los ámbitos de la sociedad y a nivel departamental y municipal de esa fusión entre Estado y partido, por los delegados de Ortega y su esposa, que actúan como verdaderos “sultancitos”. Casi nada es posible sin acceso a Ortega, su esposa y/o a los “sultancitos”. La gestión de una ley, sentencias judiciales, concesiones, matrículas de empresas, cédulas de identidad, becas, acceso a programas sociales, empleos públicos, personerías jurídicas de partidos políticos, prisiones y excarcelaciones, exportaciones a Venezuela, y hasta tramos en los mercados municipales o test del Covid, es imposible sin tocar a las puertas del Carmen, o tener acceso a los “sultancitos” de diversos niveles.
Todos esos agravios, que se rumiaban en la soledad de los hogares, se sincronizaron y estallaron en abril de 2018. Los jóvenes, que fueron el detonante, fueron acompañados por una heterogeneidad de clases sociales y pluralidad política. Esta es una de las tesis, entre otras, del libro Nicaragua, el cambio azul y blanco, que se presentará a partir de esta semana. Este libro, a varias manos, examina la naturaleza de la crisis desde diversas perspectivas temáticas, y es una apuesta por la solución pacífica de la crisis.
El libro toma su nombre de las calles, porque por “primera vez en la historia de Nicaragua, como decimos en la Introducción, llena de golpes de Estado, rebeliones, revoluciones, y rencillas personales y políticas que desembocaron en guerras civiles, no fueron banderas partidarias las que levantó la sociedad nicaragüense en su lucha contra la dictadura de Ortega, sino la bandera nacional, azul y blanca”.
La sangrienta represión contra protestantes pacíficos, que de nuevo puso a Nicaragua en el radar de la atención internacional, se inició exactamente año y medio después que publicamos, básicamente los mismos autores, el libro El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente? En este libro analizamos las causas estructurales por las cuales una crisis del régimen de Ortega era inevitable, aunque lejos estábamos de saber cuándo y, menos aún, su saldo trágico.
A lo largo de todo el nuevo libro se plantea la opción pacífica, electoral, que desde un principio se ha levantado quienes nos oponemos a la dictadura de Ortega. Es una reacción histórica frente a la recurrencia de ciclos de dictadura y violencia. Además, está fresca la memoria que en medio siglo hemos tenido dos dictaduras, una revolución armada, seguida de guerra civil, y quizá por eso no hayan sido banderas de partidos políticos las alzadas en la rebelión cívica, sino la bandera azul y blanco, que se continúa enarbolando como homenaje a las víctimas y promesa de futuro.
La viabilidad de la erradicación pacífica de Ortega a través de elecciones, será resultado de las presiones nacionales e internacionales. Pero el desmontaje de la dictadura, requerirá reformas legales y constitucionales para las cuales es necesario se supere la vieja contradicción entre sandinismo y anti-sandinismo. La configuración dinástica, hizo que fuese la esposa y familia de Ortega quienes ejercieran como Secretaría General y de Organización del FSLN, para asegurarse lealtades políticas subordinadas, a costa de la militancia histórica y sus familiares. Esto explica, como ha sido ampliamente documentado, que una parte importante de la rebelión cívica y de los presos políticos hayan sido militantes y descendientes de familias sandinistas. Un subproducto de la crisis es el afianzamiento de la distinción entre orteguismo y sandinismo, en pugna con la vieja polarización entre sandinismo y anti-sandinismo, que aún sobrevive a la política de reconciliación que impulsó la Presidenta Chamorro. No solamente se trata de la derrota de Ortega en elecciones verdaderamente democráticas, sino del desmontaje de su dictadura. De ahí el subtítulo del libro, Dejando atrás el régimen de Ortega.
