Siete prioridades para enfrentar la emergencia en la educación

Nuestra cultura política impregnada de autoritarismo, centralismo, cortoplacismo, oportunismo, expresada en palabras del doctor Álvarez Montalván, ha permitido que surja en Nicaragua la figura del dictador, o los dictadores, quienes de manera cíclica destruyen el país y entierran las posibilidades de construir una cultura de paz y democracia.  Esa situación constituye un ancla que nos mantiene en los problemas del siglo XIX e impide ver la magnitud de los problemas a los que nos enfrentamos en el corto y mediano plazo. Según múltiples estudios, el mediano plazo hoy no son 50 años sino cinco años. En ese tiempo las sociedades necesitan acomodarse a los desafíos que el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología están imponiendo. Una de las herramientas para hacerlo es la educación.

En 2006, CIASES alertó a la sociedad nicaragüense de la urgencia de atender siete prioridades educativas si queríamos aprovechar la oportunidad única que representaba para el país el recién inaugurado periodo de bono demográfico, caracterizado por el aumento del peso relativo de los grupos de población de 15 años o más que en ese momento alcanzaba al 58.4% del total de la población.

El gobierno de Daniel Ortega hizo caso omiso de esas propuestas y de todas las que hizo la sociedad civil desde el 2007 y llegamos al 2020, casi finalizando el bono demográfico, que según el Estado de la Región (PEN, 2016) para Nicaragua se agotará en 2035 y estaríamos entrando a una etapa de envejecimiento de la población sin ahorros, sin seguridad social, y con una PEA que no cuenta con las habilidades y la formación necesarias para que sea sostenible cambiar la matriz productiva del país y para empleos de mayor calidad. El país, en suma, ha desaprovechado una oportunidad única de crecimiento económico con creación de capacidades.

La situación de la educación en Nicaragua

La educación tiene una doble condición concatenada e indivisible. Por un lado, es un derecho humano fundamental e inalienable. Por el otro, es una herramienta para que cada persona desarrolle y alcance el máximo de sus potencialidades, independientemente del uso que desee hacer de las mismas, es decir para que desarrolle la agencia, usando el concepto del paradigma de desarrollo humano, que quiere decir la capacidad que debemos tener las personas para autodeterminarnos. Ese referente fundamenta la importancia que la educación tiene para las sociedades.

El estado de la educación en Nicaragua es crítico. Sin haber alcanzado los objetivos básicos de universalización, altos niveles de ineficiencia y ofreciendo una educación de baja calidad que lejos de constituirse en un mecanismo de movilidad social, está reproduciendo la pobreza y la desigualdad, esto es especialmente preocupante por cuanto la OCDE plantea que el acaparamiento o monopolio de oportunidades educativas en manos de unos pocos “es malo para la sociedad y para la economía” porque hay talentos que se pueden perder en el camino. Pero una baja movilidad social es también mala para la democracia porque  reduce la participación, favoreciendo los extremismos y el populismo, especialmente cuando la confianza en las instituciones políticas es débil, como es el caso de Nicaragua. Por eso, es importante estar conscientes que, como menciona Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, “la igualdad en la educación es la piedra angular de sociedades justas, es un motor que tenemos que arreglar para asegurarnos de que el ascensor social vuelve a funcionar bien”.

A pesar de existir una ley de acceso a la información pública, el Ministerio de Educación no rinde cuentas ni publica datos estadísticos. Información obtenida de fuentes independientes fundamenta las afirmaciones de insuficiente acceso, alta ineficiencia y baja calidad, como podemos ver a continuación:

• La tasa de analfabetismo de las personas de 10 años y más aumentó con respecto a 2016, encontrándose en el año 2017 en 15.4% a nivel nacional. En el área rural alcanza un 21.8% y entre las poblaciones indígenas, afrodescendientes y residentes rurales, alcanza el 21.4% (FIDEG, 2018).
• Uno de cada siete niños ingresa tardíamente a la escuela en las zonas urbanas y uno de cada tres en las zonas rurales, debido a las condiciones de pobreza en que viven las familias.
• No se ha universalizado el acceso. La Tasa Neta de Matricula para el 2017 alcanzaba al 91.3% en educación primaria, y el 74.9% para secundaria (49.9% para el área rural) (FIDEG, 2018).
• Los años de estudio aprobados son un indicador que resume el nivel educativo de la población. CEPAL estableció 12 años de escolaridad para ubicar a un país fuera del umbral de la pobreza, en Nicaragua este promedio para el 2017 era 6.4 años entre la población de 10 años y más inferior a las del resto de Centroamérica. Este promedio asciende a 7.6 años en las zonas urbanas y se reduce a 4.8 años en las zonas rurales (FIDEG, 2018).
• No se garantiza el derecho de niños y niñas de comunidades indígenas de Nicaragua a recibir instrucción básica en su lengua materna; tampoco se cuenta con materiales didácticos en lenguas ni docentes capacitados para enseñar en ambientes multiculturales y multilingües (CIASES-PCLR, 2015).
• La crisis de 2018 tuvo un impacto directo en los procesos de aprendizaje y se perdieron 41 días lectivos, afectando principalmente a las comunidades educativas de 19 municipios (IEEPP, 2018). Antes de la crisis ya se incumplía con lo establecido por la Ley en materia de días de clase obligatorios (Vijil, 2014).

Preocupa especialmente las constantes expresiones de ideología partidaria en las aulas de clase de escuelas públicas, donde se han instalado “altares” en homenaje al partido de gobierno y a la pareja presidencial, y se han difundido videos de niños a quienes se les enseña a leer con las siglas del FSLN. Familias, docentes y estudiantes se ven obligados a cumplir con actividades partidarias de lo contrario son expulsados o despedidos. Se ha constatado que desde abril del 2018 estudiantes y maestros han sido agredidos, torturados, encarcelados, expulsados de las universidades y centros educativos sin derecho a acceder a sus notas o a la posibilidad de continuar sus estudios. Más de 100 estudiantes universitarios han sido expulsados y sus expedientes borrados. A un número indeterminado de estudiantes de secundaria también se le ha negado su derecho a la educación por haber participado de las protestas. Se ha documentado el despido de 34 docentes de educación secundaria y básica entre abril y octubre de 2018, sin ninguna causa legal y sin utilizar el procedimiento establecido por la ley.

En 2019 el Banco Mundial acuñó el concepto de “pobreza de aprendizaje” para diagnosticar a los diferentes sistemas educativos. Este concepto es definido como la incapacidad de leer y comprender un texto corto y apropiado para la edad, a los 10 años. Según esta institución, el 70% de los niños en Nicaragua a la edad para asistir a los últimos años de primaria, no son competentes en lectura. Las evaluaciones de aprendizaje a gran escala indican que el 69% no alcanza los Niveles Mínimos de Competencia (MPL) al final de la escuela primaria (UNESCO, 2013 datos para 6to grado).  La pobreza de aprendizaje en Nicaragua es 19 puntos porcentuales más bajo que el promedio de la región de América Latina y el Caribe y 14.7 puntos porcentuales bajo el promedio de los países de ingresos medios bajos (Banco Mundial, 2019).

El gasto en educación primaria por niño en edad de asistir a ella en Nicaragua es 75.7% inferior al promedio de la región de América Latina y el Caribe y 28.7% inferior al promedio de los países de ingresos medios bajos (Banco Mundial, 2019).

El presupuesto para educación, que representó en 2018 un 4.6 % del PIB, en 2019 alcanzó un 4.4 % de un PIB ya reducido. Y en 2020, el MINED vio decrecer su presupuesto propuesto en 760 millones, mientras la Policía Nacional recibió un aumento de 79 millones, con lo cual su presupuesto anual será incrementado en un 9%, lo más impactante es que el rubro que más se incrementó en el presupuesto para esta institución (en 27%) fue la protección de personalidades, léase el acompañamiento y planes de protección policial a los dictadores (Ley 1007 de reforma al presupuesto 2020).

La emergencia educativa: propuestas para enfrentarla

Con la educación Nicaragua se está jugando su presente y su futuro. Los datos ya expuestos muestran que en esas condiciones el país no podrá enfrentar los inmensos desafíos que tiene por delante. Sin embargo, ningún problema educativo será resuelto mientras no supere la crisis socio política y el estado de excepción no declarado que vive el país. Mientras el sistema educativo se siga manejando partidariamente, ninguna propuesta tiene viabilidad, por lo tanto, es condición sine qua non para resolver los problemas, el fin de la represión y la censura a las libertades públicas, así como la realización de elecciones libres, competitivas, supervisadas y limpias que den paso a un gobierno de transición. Una vez iniciado ese largo proceso de reconstrucción institucional del país y eliminada la utilización partidaria del sistema educativo, será necesario impulsar un proceso de diálogo nacional con la participación de todos los sectores y territorios que permita la construcción de un gran Acuerdo Educativo Nacional.

Un acuerdo de esa naturaleza debería contener compromisos esenciales en cuanto a los objetivos y metas nacionales de largo y mediano plazo, las políticas, sistemas de gestión, administración y participación educativa, el necesario aporte creciente del financiamiento público y un mecanismo de diálogo permanente que respalde la implementación estable de tales acuerdos.

Un Acuerdo Educativo Nacional debe adoptarse precedido de una discusión en la que participen ampliamente educadores, estudiantes, directores de centros escolares públicos y privados, funcionarios de los ministerios de Educación, de la Familia e INATEC, gobiernos municipales y regionales, parlamentarios, centros de investigación, universidades y otras instituciones. Es indispensable también, la participación dinámica de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, gremios y sindicatos del sector educativo, organizaciones juveniles y estudiantiles, medios de comunicación, periodistas, empresarios, fundaciones privadas, organizaciones de padres y madres de familia y especialistas en el tema. Solamente así será posible recuperar el principio básico de que la educación nos pertenece a la sociedad en su conjunto, no solamente al gobierno de turno.

Como un aporte a ese debate necesario y a la construcción de un consenso social sobre los grandes objetivos, prioridades y lineamientos de la educación nacional una vez recuperemos la democracia y la libertad, el Centro de Investigación y Acción Educativa Social (CIASES) ha propuesto siete prioridades para  la educación nacional:

1) Ampliar el acceso educativo con equidad;

2) Formar al magisterio para una educación de calidad;

3) Adoptar estándares de calidad educativa adecuados;

4) Reformar la educación media y técnica para aprovechar los pocos años de bono demográfico que aún quedan;

5) Elevar la inversión en educación;

6) Reorganizar el sistema educativo desarrollando un fuerte liderazgo educativo municipal;

7)Evaluar la educación de manera periódica (más detalle en: https://ciases.org/wp-content/uploads/2016/10/prioridadesEducacion.pdf).

A reserva de que existen otras necesidades, nos hemos concentrado en siete prioridades fundamentales porque las demandas del mundo actual y los rezagos que el país ha acumulado imponen la necesidad de un avance más rápido en educación. Nicaragua cuenta con escasos recursos, lo que exige acciones coordinadas y focalizadas en un número limitado de esfuerzos o prioridades, para resolver los problemas fundamentales, teniendo presente que la educación es un esfuerzo complejo, cuyos frutos se obtienen en el largo y mediano plazo. Por ello, solamente los países que asumen esta tarea con visión estratégica logran elevar el nivel educativo de su población, factor ineludible para alcanzar mayores niveles de bienestar y encontrar la senda del desarrollo, la democracia y la libertad.

*Investigadoras de CIASES. Extracto del ensayo: "La educación: una urgencia para Nicaragua"