¿Se privatizó Canal 6?

Una de las novedades más preocupantes del Informe Preliminar de Acompañamiento Electoral de Organización de Estados Americanos (dado a conocer el 7 de noviembre de 2017), ha sido la afirmación rotunda que hace en el acápite correspondiente al financiamiento político–electoral, de la privatización de Canal 6. Con toda certeza indica: “En relación con el financiamiento público indirecto, el artículo 91 de la Ley Electoral establece que los partidos o alianzas tienen derecho al uso de radioemisoras y canales de televisión estatales para hacer campaña. Sin embargo, los representantes de los partidos y miembros del CSE manifestaron que su aplicación es limitada ya que existe una radio estatal y no existen televisoras estatales. En consecuencia, el acceso a medios depende de los fondos privados con los que cuentan los partidos”. Algo totalmente inesperado.

Logo oficial del Canal 6.

¿Cuándo se tomó esta determinación? ¿Quiénes fueron los que ordenaron su privatización? ¿Se hizo por orientaciones del presidente Ortega y de la vicepresidente, poeta Rosario Murillo? ¿Cuáles fueron los motivos que alegaron para que esto ocurriera? ¿A nombre de quién o quiénes se hizo? ¿La decisión se hizo a favor de una sociedad anónima en la que participan como dueños hijos o hijas de ambos mandatarios o la licencia fue otorgada a título personal? ¿En qué circunstancias, Orlando Castillo, director general ejecutivo del ente regulador de las telecomunicaciones, se vio impelido a realizar esta operación? ¿A qué se debió que fuese realizada de manera subrepticia? ¿Qué motivaciones tuvieron los gobernantes para cancelar la licencia de la única televisora de carácter estatal?

A raíz de la crisis que padeció Canal 6 en 1995 —a título personal y en mi condición de decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Centroamericana—  envié una carta abierta a El Nuevo Diario, desde Honduras, donde me encontraba, al presidente de la Asamblea Nacional, Luis Humberto Guzmán, con un doble propósito: evitar que colapsara debido a su precaria situación económica–financiera, a la vez que se preservara la licencia de Canal 6 —el único que funcionaba en Nicaragua fuera de la órbita comercial—. Le exponía mis temores de que el título habilitante fuese objeto de una rebatiña. El presidente de la Asamblea Nacional, perdió la oportunidad histórica de convertirla en una auténtica televisora pública. Una añoranza compartida y una asignatura pendiente.

Mi preocupación se debía a que en la reforma de la Ley Electoral en ciernes (1996), iban a incurrir en un contrasentido, estableciendo tiempo gratuito en la radio y la televisión estatal, cuando en realidad estos medios pasaban su peor momento. Estaban en proceso de desaparición. En los corrillos políticos se hablaba de la privatización de Canal 6. Muchos empresarios —algunos fuera del entorno nicaragüense— estaban al acecho. Deseaban obtener la licencia de Canal 6. Al final ni una ni otra cosa ocurrió. Las seis estaciones existentes —los canales 2, 4, 6, 8, 10 y 12— funcionaban como televisoras comerciales. Debido a incompatibilidades técnicas, en Centro América las estaciones televisivas funcionaban con canales pares e impares. A Nicaragua correspondió los canales pares.

El affaire alrededor de Canal 6 estremeció al país; en 1997 personeros del gobierno del expresidente Arnoldo Alemán, fueron señalados de coludirse con ciudadanos mexicanos, en un desvió millonario de fondos públicos. La televisora estatal no se reponía aun de la crisis que la abatía. El periodista de La Prensa, Moisés Martínez, al hacer un recuento de lo ocurrido, expuso que el dinero “fue entregado a la televisora por instituciones como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), la entonces estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) y el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur). Nunca se supo qué pasó con todos esos recursos”. El canal entró en un severo letargo y reapareció en vísperas de las elecciones presidenciales de 2011.

El cambio de propietarios —nadie hasta ahora ha contradicho las aseveraciones que aparece en el informe de la OEA— debió de haber ocurrido en fecha reciente. En diversos actos gubernamentales solo Canal 6 ha sido encadenado. Aun cuando el director general del ente regulador emitió —porque así se lo dictó su soberana gana— dos acuerdos administrativos (009-2010 y 013-2010), para crear las cadenas radiales y televisivas, sin tener potestad alguna para hacerlo. El hecho que el gobierno haya decidido únicamente encadenar Canal 6, era para nosotros una prueba evidente, que seguía perteneciendo al Estado nicaragüense. ¿A qué razones obedece que ni el ente regulador ni el gobierno de la república hayan informado del traslado de la licencia en beneficio de particulares? ¿Qué motivó el silencio?

¿Debemos entender que el traspaso silencioso de la licencia de Canal 6 hacia otras manos, forma parte del secretismo impuesto por el gobierno? ¿Será que nunca creyeron que los funcionarios de la OEA iban a redactar su enajenación, en los términos que aparece en su informe preliminar o más bien el mutismo se debió a que deseaban que otros se encargaran de brindar a la ciudadanía nicaragüense esta noticia? Cualesquiera hayan sido los motivos, se trata una decisión errónea e inexplicable. Telcor ha sido sumamente condescendiente, incluso, demasiado obsequioso. En un desliz inexplicable, Castillo dijo ante los periodistas, que cuánta licencia solicitaran los hermanos Ortega-Murillo, les sería otorgada. ¡Craso error! En otro gobierno le hubiese costado el cargo. ¡Aquí no pasó nada!

La manera que planteo mi condena a la privatización de Canal 6, la hago con la intención de dejar constancia, que mi rechazo es de vieja data, no por el simple hecho de oponerme a medidas adoptadas por el gobierno. Continúo —ayer como hoy— siendo partidario de la existencia de un sistema mixto de comunicación. Aparte de las radioemisoras y televisoras comerciales, en Nicaragua deberían existir radioemisoras y televisoras comunitarias, como también de naturaleza pública. La democracia contemporánea pasa inevitablemente por la democratización de las comunicaciones. La concentración mediática es excluyente y sumamente lesiva. Impide que distintos sectores sociales, políticos, educativos y culturales, puedan manifestarse sin restricciones y sin temores a sufrir represalias.

Si por alguna circunstancia mañana aparece alguien diciendo que Canal 6 nunca ha sido privatizado, ¡bárbaro! ¡Una gran noticia! Ojalá que así fuese. Lo cual no invalidaría mi posición. Canal 6 debe —en la práctica— convertirse en un dispositivo al servicio de los intereses más sentidos de la sociedad nicaragüense. Tiene que dejar de funcionar como un apéndice de la presidencia. En su historia accidentada, Canal 6 jamás ha representado las aspiraciones de los cuatro poderes estatales. Su política informativa responde únicamente a los intereses del partido gobernante. Sería una magnífica señal que la cabeza del poder Ejecutivo, anunciase no solo que jamás ha sido privatizado, sino también que convocará a los nicaragüenses, para que participen en su reconversión como televisión pública.