10 de junio 2024
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Una de las razones que conspira contra la conformación de una unidad nacional democrática es el resentimiento y la desconfianza existente entre líderes y actores políticos cuyas experiencias del pasado los separa sustancialmente. No es algo negligente, ligero o fortuito, sino una realidad que refleja el dolor del pasado y heridas que se convierten en fuente de diferencias irreconciliables.
Más temprano que tarde, Nicaragua necesita un compromiso nacional para establecer la verdad y la memoria histórica, como premisas para montar el andamiaje de la justicia como una tarea impostergable y realizable
Las pesadillas del pasado
Los gobernantes Ortega y Murillo existen bajo la suma de una acumulación de poder, una consecuencia del ejercicio de la autoridad por la fuerza, la corrupción, y la impunidad que data al menos cien años, casi la mitad de la cual ellos han sido actores responsables.
Las heridas de los abusos se remontan al menos desde 1934, con el asesinato de Augusto C. Sandino y la instalación de la dictadura dinástica de los Somoza, seguida de una insurrección revolucionaria en 1979, y una guerra civil y guerra externa en los años 80, en la que se destaca el protagonismo de Daniel Ortega y el Frente Sandinista.
Nicaragua, desde su independencia, realmente ha vivido bajo una bota militar, un caudillo, una élite, o un clan que se ha aprovechado de sus ciudadanos, los asesina, los encarcela, los expulsa, los explota. La memoria del pasado, y en particular, pero no exclusivamente, la experiencia de los años ochenta representa un reto por resolver para prevenir la continuidad de esta herencia nefasta. También impone el desafío de hacer justicia ante los abusos y tratos crueles, que hoy Naciones Unidas clasifica como crímenes de lesa humanidad.
El pasado pesa en la memoria de quienes vivieron períodos difíciles, aquellos que hoy son mayores de 60 años eran jóvenes en los ochenta y hoy son menos del 8% de toda la población, pero ellos han contado su historia a las generaciones posteriores.
El presente es un recordatorio de ayer, un resentimiento, un dolor, en donde la dictadura de Daniel Ortega es la pesadilla en que convergen los tiempos, una realidad anacrónica porque el pasado es presente (siempre hay represión de por medio) y el presente es referente del pasado: asesinatos, confiscaciones, expulsiones, totalitarismos de parte del mismo perpetrador.
También para muchos es una historia de ejecuciones y abusos de parte de la contrarrevolución. No es todo de un solo lado, aunque la balanza pueda apuntar más a un lado que del otro.
Además, la memoria reciente de los últimos seis años juega un lugar clave en el futuro del país porque trae consigo más de lo antes: la maldad y la persecución política
Memoria y justicia: dos caras de la misma moneda
Nicaragua necesita justicia ante el pasado, el ajuste de cuentas sobre actos que resultan de violaciones de derechos humanos y atropellos sistemáticos a la dignidad humana.
La justicia requiere, sin embargo, fijar qué constituye abuso, en que periodos de la historia, y bajo el mando de quien ocurrió el abuso. El ‘quien hizo a quien’ y en qué magnitud es uno de los asuntos más lastimosos y el que genera más diferencias irreconciliables. También depende de un método, que generalmente ha recaído de parte de expertos independientes que recogen la memoria colectiva como un insumo para la justicia.
El registro colectivo de esa memoria, de los datos, los testigos, las víctimas y los victimarios, es lo que compone la historia. Pero se necesita de contar con un método y un ente capaz de hacer un balance justo.
Aun nos falta mucho para contar ese pasado porque no existe ese registro.
Las confiscaciones, expulsiones, asesinatos, bombardeos, minados, canalladas, apaleadas, y otras atrocidades, son realidades que van más allá de lo que un lado o el otro hizo y se cuenta de manera selectiva. Estos son actos que necesitan atar una fecha con un nombre, con una víctima, y la de los victimarios, para lo cual la justicia debería ser la balanza en que se basa en la memoria histórica
Para eso es necesario el método, no una opinión; un árbitro, no un juez; unos expertos y no un vocero.
El sufrimiento del pasado que uno vivió personalmente no es suficiente explicación de todo lo que pasó y justificación de qué y cómo hacer oposición hoy. Tampoco lo es una suma de anécdotas.
Nicaragua es uno de pocos países en el mundo que no tuvo una Comisión de la Verdad ante las atrocidades ocurridas en los ochenta durante la guerra civil y una revolución traicionada por Ortega y sus comandantes revolucionarios. Hay una recolección aun viva de muchos nicaragüenses que sufrieron (sufrimos) abusos físicos, cárcel, expropiación, destierro, humillaciones, y más.
También hubo los Tribunales Populares Antisomocistas que condenaron a muchos sin verdadero debido proceso legal. El país también carece de un justo reconocimiento de las violaciones durante la era de los Somoza, la forma en cómo ocurrieron ejecuciones extrajudiciales (de somocistas y de ‘contras’), los privilegios y favores del somocismo que causaron desigualdad y que muchos hoy en día selectivamente ignoran mencionar pero que son parte de las clases privilegiadas hoy en día. Son parte de esa división social entre apellidos ‘importantes’ y apellidos de la calle.
El silencio no es opción y tampoco es selectivo.
Reduccionismo histórico y revanchismo político
Frente a la ausencia de ese registro colectivo, y no contar con una historia de referencia, se han conformado interpretaciones, versiones, relativizaciones de episodios, en medio de un ambiente político en que se intenta construir una resistencia política anti-dictatorial.
En muchos casos lo que hay es una interpretación y defensa de episodios del pasado en la que algunos líderes resaltan partes incompletas de la historia para justificar sus acciones en el presente; especie de artimañas oportunistas con otros fines: imponer una ventaja sobre el otro, descalificando su autoridad moral ante actos no esclarecidos que ocurrieron en el pasado.
Es una forma de revisionismo histórico, el cual se usa con la intención de dividir y afianzar una posición de control.
Ese revisionismo se usa como un vehículo que presenta soluciones de forma categórica, con un fin de promover la revancha política. Algunos argumentan que “si apartas a todos los de la izquierda, al sandinismo histórico, a los cómplices de la revolución, a los piñateros, ya verás que lo demás vendrá por añadidura con unidad nacional y victoria libertadora…” “Olvídate de los detalles del pasado, o de los arreglos políticos subsecuentes, solo encárgate de los sandinistas, y ya”.
Ojalá fuera tan fácil.
Aun más, ese reduccionismo histórico y revanchismo político contrasta con la realidad actual de Nicaragua.
En la acera de enfrente, está el sandinismo de Ortega y Murillo, artífices de ‘narrativas’ alternativas, de un movimiento “revolucionario” aliado de Rusia, y de un país asediado por un ‘intento fallido de golpe de estado’. Su artificio ha consistido en hacer uso de la censura, el monopolio mediático y la destrucción del pluralismo y la libertad de expresión.
Ellos han reprimido la memoria colectiva, eliminado archivos históricos, y se han apropiado de instituciones y renombrado el patrimonio histórico nacional con fines partidistas. Pero también dentro de la cultura del miedo han creado la ilusión de la normalidad gracias al alivio económico de las remesas enviadas por los casi un millón de migrantes expulsados por Ortega y Murillo.
Comprometerse por la memoria y la justicia
Para lograr justicia frente a las pesadillas del pasado es imperativo hacer a un lado el reduccionismo histórico y neutralizar el revanchismo político de la causa política. Los pleitos que ocurren entre un grupo y otro acerca de quien tiene más legitimidad de representar, de criticar, de acusar, y de movilizarse políticamente por la democracia, tienen como fuente ese resentimiento, y distraen a todos de la razón de ser de estar en lucha contra la dictadura.
Es importante tomar tres acciones:
Primero, colaborar en asumir un compromiso para conformar un equipo que empiece a reconstruir la memoria colectiva, una Comisión de la Verdad, y una configuración legal del mandato para una justicia transicional, sin impunidad.
Segundo, si el reclamo de justicia es una situación de naturaleza contradictoria con la presencia del otro dentro de un mismo grupo, entonces mejor separarse e ir por caminos aparte, pero dejar de formar parte de algo al cual saben de antemano que no tiene futuro porque su oponente representa o es el “demonio” al cual denuncian.
Tercero, asumir públicamente una renuncia al reduccionismo histórico, al revanchismo político alimentado por el resentimiento. Esto ayuda a despejar el camino para empezar la resistencia política que botará a la dictadura.
Estas tres acciones deberían ir acompañadas por el compromiso de promover la resistencia política, sin postergarlo con excusas que esconden temores al pleito o a prepararse para éste. Ese compromiso incluye atar reglas de juego entre sus partes, implementar la hoja de ruta de lucha y unidad en acción sin otra consideración que debilitar la dictadura y fortalecer la autoestima del nicaragüense haciéndole saber que no están solos, y la movilización política dentro y fuera del país.
