Rebelión de las mujeres frente a la injusticia

El ejercicio de los derechos que resultan de la ciudadanía, en general y particularmente en el caso que nos ocupa, la ciudadanía de las mujeres, es visto por los gobiernos que no tienen ni talante ni talento democrático como una amenaza para su afán de perpetuarse en el poder. Este es el caso del gobierno actual. Todo acto de demanda de los derechos implica cierta rebelión o dicho de otra forma, de oposición al poder que viola los derechos.

La rebelión de las mujeres frente a la injusticia es un tema que inspiró en el mundo antiguo. De ello se conservan evidencias en la mitología griega. Se suponía que Polinices y Eteocles se alternarían en el poder pero por una maldición de su padre, estaban condenados a vivir en guerra, la cual concluye con la muerte de ambos. Creonte, luego de la muerte de Polinices y Eteocles, hermanos varones de Antígona, se convierte en rey de Tebas y dictamina que, por haber traicionado a su patria, Polinices no será enterrado dignamente y se dejará a las afueras de la ciudad al arbitrio de los cuervos y los perros.

Los honores fúnebres eran muy importantes para los griegos, pues el alma de un cuerpo que no era enterrado estaba condenada a vagar por la tierra eternamente. Por tal razón, Antígona en un primer acto de rebelión, decide enterrar a su hermano y realizar sobre su cuerpo los correspondientes ritos, rebelándose así contra Creonte, su tío y suegro, ya que estaba comprometida con Hemón, hijo de aquel.

La desobediencia acarrea para Antígona su propia muerte: condenada a ser sepultada viva, también se revela contra esta decisión del poder, ya que evita el suplicio ahorcándose.

Lo que sigue, es pura tragedia griega que termina en muerte y desdicha: Hemón, al ver muerta a su prometida, tras intentar matar a su padre, se suicida abrazado a Antígona; mientras tanto, Eurídice, esposa de Creonte y madre de Hemón, se suicida al saber que su hijo ha muerto. Las muertes de Hemón y Eurídice provocan un profundo sufrimiento en Creonte, quien finalmente se da cuenta de su error al haber decidido mantener su soberanía por encima de todos los valores religiosos y familiares, acarreando su propia desdicha.

El tema de Antígona, retomado en obras tan antiguas como la Tragedia de Sófocles del año 442 Antes de Cristo, sigue arrojando luces sobre preocupaciones tan nuestras y actuales como la alternabilidad en el ejercicio del poder, los conflictos entre hombres y mujeres, entre el poder y los gobernados y el conflicto entre las leyes y la justicia. Este último, es el que motiva la respuesta que da Antígona a Creonte: “No podía yo pensar que tus normas fueran de tal calidad que yo por ellas dejara de cumplir otras leyes, aunque no escritas, fijas siempre, inmutables, divinas”. Estas palabras traslucen la existencia de algo en su interior que conduce a Antígona a hacer lo que considera correcto y bueno. En buen nicaragüense podríamos decir que Antígona era una “mujer arrecha”, es decir resuelta, de carácter firme.

El Centro de Derechos Constitucionales, con amplia experiencia en el diseño y desarrollo de investigaciones jurídicas y un equipo profesional con reconocida experiencia en el tema nos entrega una investigación de alcance nacional respecto de los obstáculos que impiden la participación de las mujeres y las posibles alternativas para superarlos.

Si bien el panorama que describe la investigación no es alentador, la esperanza radica en la persistencia, similar a la de Antígona, de continuar desarrollando contra viento y marea una labor de incidencia política respecto de un poder que no desea y mucho menos agradece e incluso toma represalias hacia quienes buscan incidir o retroalimentarle.

Al leer el documento resultado de la investigación nos da muy pronto la impresión que estamos ante un espejo respecto de lo que sucede en nuestro país. Instituciones débiles no protegen los derechos de las mujeres y las mujeres, frente al cierre de espacios no logran generar los cambios positivos que en otras condiciones su ejercicio de ciudadanía provocaría. Las evidencias de ello están a la vista:

Nueve años después de penalizado el aborto terapéutico la Corte Suprema de Justicia continúa sin dictar sentencia. Las organizaciones de mujeres y organizaciones de derechos humanos que han acompañado esta demanda continúan demandando un pronunciamiento.

No escuchó el gobierno el punto de vista de las organizaciones de mujeres que se opusieron a la reforma a la Ley 779 por la cual se reintrodujo la mediación ni la reglamentación posterior que redujo la órbita del femicidio a aquellos casos que se dan en el ámbito privado o de las relaciones familiares.

Tampoco escucha las recomendaciones en esa dirección que le presentaron estados participantes en la Segunda Revisión bajo el mecanismo del Examen Periódico Universal.

• Proseguir su labor de empoderamiento de la mujer.

• Redoblar sus esfuerzos dirigidos a eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas, en particular las mujeres de las zonas rurales e indígenas.

• Adoptar medidas adicionales necesarias para lograr un incremento en el porcentaje de mujeres que ocupan cargos de responsabilidad.

La omisión del Principio Democrático que caracteriza la situación en Nicaragua, la omisión de los principios del Estado Social de Derecho, Constitucionalidad y legalidad y la violación del principio de separación de poderes resaltados en el Estudio constituyen un entorno nada alentador para lograr cambios mediante el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

El estudio reconoce el rol que ha jugado la centralización del poder, la desaparición del CONPES, el desmantelamiento de las estructuras de participación de la Ley de Participación Ciudadana y el efecto devastador que han tenido los fraudes electorales en la legitimidad de origen. A ello hay que agregar la persecución a las organizaciones de la sociedad civil, un proceso que ha impactado negativamente en la capacidad de provocar cambios pero que no ha logrado el fin deseado. El reciente cambio de modelo de cooperación que por la presión del gobierno impactó en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo más que luces arroja algunos nubarrones sobre el futuro de la cooperación internacional hacia Nicaragua, valiéndose del argumento de que ahora somos un país de ingreso medio.

El estudio resalta un marco jurídico para la participación de las mujeres conformado por normas nacionales e internacionales respecto de las cuales Nicaragua se ha obligado, cuerpos normativos que han visto frustrados sus efectos por modelos paralelos que se impulsan o instituciones que se debilitan. Una reforma constitucional que adopta valores cristianos, socialistas y solidarios y que en la práctica se traduce en la imposición de una moralidad que afecta la laicicidad del Estado y los derechos de las mujeres.

Luego, un decreto que indebidamente reglamenta la ley 779, adopta esos supuestos valores cristianos enfatiza en una supuesta protección de la familia en detrimento de los derechos de las mujeres e incluso, pretendió que instituciones religiosas intervinieran en conflictos de violencia contra las mujeres.

Especial interés revisten los hallazgos contenidos en el Capítulo III. Primero, porque desenmascara la tan divulgada historia del 6to lugar en el Mundo que ocupa Nicaragua como una de los mejores países en términos de equidad de género contrastándolo con los condicionantes que confirman lo contrario: la penalización del aborto, la alta tasa de embarazos adolescentes y la desigual remuneración del trabajo de las mujeres.

El supuesto trofeo también es más que cuestionable si tenemos en cuenta que en la segunda revisión bajo el EPU, las recomendaciones se multiplicaron por dos (209) respecto del primer ciclo y muchísimas de ellas tratan sobre la situación de la mujer.

Llama la atención la poca presencia que tienen las mujeres en el cargo de Alcalde en los catorce municipios seleccionados: solamente el 29% de estas alcaldías el cargo de Alcalde está en poder de una mujer. El hecho que un 79% declaren que están organizadas revela una motivación relevante así como que el 78% haya afirmado que han participado como votante en los procesos electorales. Sin embargo, al especificar el proceso, el 47% afirma haber votado en elecciones municipales, el 47% en elecciones nacionales y el 5% en las regionales lo que evidencia la desmotivación para votar en un sistema digno de todo descrédito. Los resultados también sugieren el desencanto hacia los partidos políticos.

Una posible línea de investigación sería dirigir un esfuerzo similar hacia el grupo de edades entre los 15 y los 20 años de edad ya que es importante profundizar sobre lo que piensan y están haciendo estas mujeres jóvenes al recibir su cédula y la posibilidad de votar así como en otros campos que visibilicen las oportunidades y obstáculos para el ejercicio de su ciudadanía.

Definitivamente, en el Capítulo V es donde las mujeres entrevistadas, a pesar del entorno diseñado por el Gobierno para no decir la verdad, no decir lo que se piensa, se expresan bajo la promesa cumplida por las autoras de la confidencialidad. Los mitos se derrumban, la brecha entre lo que se dice en las leyes y lo que se termina haciendo se observa con claridad: la producción normativa a nivel local en favor de la participación política de la mujer es casi nula, los programas de gobierno tienen un enfoque ajeno al empoderamiento de las mujeres, las comisiones de género donde existen no tienen presupuesto. Cerrados los espacios de participación se llega hasta la amenaza buscando silenciar o les tratan con indiferencia como señala una de las entrevistadas.

Igual ignora el gobierno los múltiples llamados de atención y solicitudes que presenta el CENIDH sobre una gran variedad de temas en los que el gobierno no está cumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos. Algunos de esos casos están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Asesinato de doña Villanueva Delgadillo, violaciones sexuales y torturas en Nueva Guinea, Dina Carrión, Ana Margarita Vijil, así como las solicitudes de medidas cautelares en favor de la periodista Elizabeth Romero y las medidas cautelares en favor de la doctora Vilma Núñez de Escorcia y el equipo del CENIDH. El caso María Luisa Acosta por denegación de justicia ya está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todos ellos las víctimas son mujeres.

La preocupación de Antígona era enterrar a su hermano Polinices, la nuestra, lograr que cada vez más mujeres “arrechas como Antígona” incidan mediante su reflexión y su participación organizada en provocar cambios que un día nos conduzcan a restaurar la República para el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y el pleno respeto de los derechos humanos.

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Comentario leído durante la presentación del estudio “Sin república y sin ciudadanía”.
El autor es Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.