3 de octubre 2017
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Llevo cerca de veinticuatro horas pensando en una imagen que permita narrar mí visión de lo que está ocurriendo en Cataluña y en España, y no puedo dejar de volver a la misma metáfora: continuamente veo a las partes quemando puentes.
Unas 15.000 personas, según la Guardia Urbana, se concentraron en la plaza de Catalunya de Barcelona en protesta por la violencia policial durante la celebración del referéndum. EFE/Quique García.
“¿Cómo se ha llegado a esto?” es una pregunta retórica recurrente. Y sin embargo me invade la clara sensación que todos los actores, así como los que observamos el proceso, hemos sabido desde hace mucho tiempo cómo se desarrollarían los hechos. Vistas, además, las reacciones de los principales líderes políticos, uno no puede sino concluir que los responsables están cómodos con los resultados. Sus resultados. Se obvian los hechos y las evidencias cómo si se tratara de una discusión entre ciegos.
Por un lado, el Gobierno de Rajoy. Cómo es por todos sabido, la postura del Gobierno central respecto del ‘procés’ independentista se ha fundado en un supuesto respeto a la legalidad y traducido en un completo inmovilismo. ‘No hay nada que discutir, pues se trata de un acto ilegal’, se dijo hasta la saciedad. Quizá por ello, en su intervención del domingo por la noche el Presidente del Gobierno habló triunfalmente del referéndum como algo que simplemente no existió, todo gracias a la labor de los tribunales y la ‘loable’ ejecución de las fuerzas de seguridad del Estado.
Rajoy, hablando de los eventos en pasado, parecía haber dado por concluido el conflicto ignorando conscientemente y por completo la postura de su contraparte, el desarrollo de los hechos que repercutieron internacionalmente (sobretodo el violento y desproporcionado actuar de la Guardia Civil, ocasionando más de 850 heridos) y el ánimo de una buena parte de los catalanes que salieron pacíficamente a depositar un sobre en una urna y encontraron represión estatal. Todo ello dicta que el asunto está muy lejos de estar concluido.
Un aspecto de la posición del Gobierno central que es continuamente obviado y vale la pena poner sobre la mesa es el de su profundo nacionalismo. Muchos críticos han apuntado al Gobierno Catalán por estar impulsado por un evidente y agudo sentimiento nacional, olvidando convenientemente que el gobierno del PP también está impelido por un arraigado y conservador sentimiento nacionalista a ultranza que viene de antaño. “España es una gran nación” fueron las primeras palabras de Rajoy en su comparecencia, sin ninguna casualidad de por medio. Y bajo el liderazgo del PP, en esta España, una, grande e indivisible, no se puede permitir que haya siquiera la posibilidad de discutir de otras realidades nacionales, mucho menos dejarlas decidir.
En efecto, Rajoy se ha escudado en la legalidad vigente como gran argumento para no atender a ningún requerimiento venido desde Cataluña. Pero ante lo que es evidentemente un conflicto político y social de gran calado, su inmovilismo e intolerancia sólo puede comprenderse en su totalidad a través la lupa de la carga ideológica nacionalista unitaria y centralista de la derecha española. Paradójico o no, lo que es evidente es que al menos en parte ha sido este nacionalismo el que ha alimentado el fuego independentista de una parte de la población de una región respecto del Estado español (desde que Rajoy llegó al poder el independentismo en Cataluña se ha duplicado hasta llegar a más del pujante 40% que es hoy).
En el otro extremo se encuentra el Govern presidido por Puigdemont. A ellos tampoco parece importarle sopesar todos los elementos de lo ocurrido en las últimas semanas y en particular el pasado domingo. Por la noche, el President dejó claro que tras la jornada “los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un estado independiente”, asfaltando el camino a una declaración unilateral de independencia en las próximas horas, según lo establecido en la ley del referéndum aprobada por ellos mismos de forma expedita hace escasas cuatro semanas.
A un observador externo le llama mucho la atención que, aun cuando el referéndum supuso sobretodo un ejercicio político cívico y altamente solidario admirable de observar, se obvien tan fácilmente todos los elementos técnicos que podrían invalidar cualquier votación importante de estas características. La misma se desarrolló improvisando sobre la marcha un censo universal, en gran parte sin acceso a sistema informático, con muchas colegios electorales clausurados, en algunos casos con boletas impresas en casa, sin sobres y urnas abiertas al público, por mencionar algunos aspectos. Ello, además, envuelto en clima de presencia policial extenuante que incluyó confiscación de urnas y boletas. Todo lo anterior sin entrar en el tiempo y forma con los que se aprobaron las leyes de Referéndum y de Transitoriedad, que no ahondaron precisamente en garantías, debate público e incentivos a la participación de todas las partes interesadas.
En estas condiciones, ¿se podía pedir al total de los catalanes confiar en los resultados y, más aún, desencadenar las grandes consecuencias que los mismos traen consigo? Pues bien, esa misma noche el Govern los presentó de igual manera aportando datos globales e imprecisos, contabilizando una participación del 42% y una victoria del ‘Sí’ con un 90%. Según estos datos, la participación fue cercana aquella de la consulta de 2014. Desde luego, la sensación es que para los interesados las garantías ofrecidas en la votación así como la escasa afluencia eran secundarias, pues el guión de las autoridades, el deseo de los militantes y las altas pulsaciones que ofreció la jornada demandaban apuntar con el dedo hacia el sol de la secesión unilateral.
Este proceder choca desde luego con las demás instancias del Estado y quizá explica en parte el escaso apoyo internacional con el que cuenta el independentismo, como ya se sabe. Pero también, uno puede imaginar, abre una escisión notable dentro de la misma Cataluña, gran parte de la cual no se siente representada por estas autoridades que lideran el camino de la desconexión con España. En las últimas elecciones catalanas (2015) –catalogadas claramente como plebiscitarias respecto del ‘procés’- los diversos grupos independentistas obtuvieron en conjunto una mayoría parlamentaria (72 de 135 escaños) pero no de votos (47.7%), lo que abre la pregunta legítima de si el Govern actual, con esos apoyos, puede plantear una declaración unilateral de independencia tras un referéndum celebrado en las condiciones descritas.
De lo que no hay duda en este punto, sin embargo, es que los catalanes quieren votar, y quieren que su voto sea legal, vinculante y con garantías. De hecho, datos recientes señalaban que tanto los partidarios de la independencia como aquellos en contra consideran que un referéndum de esas características es la mejor manera de resolver el problema entre Cataluña y España (82%). No obstante para el Gobierno central esta opción no es posible legalmente –ni soportable ni debatible desde su perspectiva ideológica, como hemos recordado- y niegan cualquier acuerdo político de calado, cómo sí lo hicieron en su momento sus homólogos de Canadá y Reino Unido para los casos de Quebec y Escocia. Para los independentistas –algunos de ellos, anteriormente federalistas- el barco del pacto ya ha zarpado y se encuentra más lejos aún después de la represión policial sufrida.
Hay, en definitiva, dos partes obcecadas en sus posturas tanto ideológicas como de oportunidad. Ambos, poco a poco, queman los puentes a cada paso que dan. En el corto plazo, ninguno convocará a unas elecciones que puedan suponer cambio de interlocutores. Y hoy, la solución del conflicto político, con estos mismos actores, está más lejos que ayer.
Umanzor López Baltodano
Doctorando en Ciencias Políticas, Universitat Pompeu Fabra
Máster en Democracias Actuales
Máster en Derecho de la Unión Europea.
