18 de mayo 2018
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Es un hecho que la crisis política actual terminará. Tarde o temprano lo hará y el cálculo político de todos los sectores, tanto interno como externo, es que Daniel Ortega saldrá perdiendo. Aunque siempre existe la otra posibilidad. Sin embargo, una pregunta que muy pocos se han hecho hasta ahora es: ¿Qué haremos con la Policía cuando esto termine?
Definitivamente que Nicaragua no puede permitirse que este cuerpo policial continúe existiendo sin una transformación total. Esta es la premisa que debe regir la respuesta a esta pregunta. No se lo puede permitir porque la Policía perdió toda la legitimidad social que gozaba hasta no hace muy poco. Su actuación en la crisis política iniciada el 18 de abril, dejó claro que esa institución dejó de ser nacional y que su naturaleza y misión cambió a partir de la instrumentalización política que de ella hizo Ortega y su esposa Rosario Murillo. Ellos la destruyeron.
Está claro que existe un matrimonio perverso entre Ortega y los mandos policiales que le permite, a uno, el uso de la fuerza represiva para mantenerse en el poder y, al otro, granjearse impunidad ante los delitos de lesa humanidad en los que han incurrido y que solamente el status quo le puede garantizar. Es decir, el uno sin el otro no puede existir.
La avalancha de evidencia que la misma población ha acumulado y publicado en las redes sociales, demuestra que la Policía cerró filas con el orteguismo y parcializó su función en contra de la mayoría absoluta de la población nicaragüense. Por ello debe haber un cambio de raíz, una transformación total del cuerpo policial. Más bien, una reconstrucción profunda en la que participe la sociedad en su conjunto para edificar una nueva Policía.
Aporto aquí solamente un par de ideas que deben ser tomadas en cuenta para esa reconstrucción profunda:
1. No puede disolverse en su totalidad: No se puede prescindir totalmente de la Policía y desintegrarla como cuerpo debido a que ninguna otra institución puede asumir su importante rol de seguridad pública y combate al delito. El Ejército de Nicaragua no tiene ni la capacidad ni la experiencia para fungir siquiera como aparato de seguridad pública de manera transicional. El gran acierto de la Revolución de 1979 fue separar las funciones de seguridad pública de la defensa y resguardo de la soberanía nacional. De allí que naciera el Ejército y la Policía como dos cuerpos separados y con funciones distintas.
Además, hay que resaltar aquí que no todos los miembros de la Policía están contaminados por el “orteguismo incondicional”. Muchos oficiales rechazaron el llamado a reprimir al pueblo y fueron sancionados y encarcelados por oponerse a la orden del régimen. Ellos podrían ser la semilla del cambio porque demostraron tener una actitud policial correcta.
2. Cortar definitivamente el cordón umbilical del orteguismo: Hay que aprender la lección de 1990. El no haber hecho cambios sustanciales en las estructuras de la Policía permitió al FSLN y al propio Ortega continuar teniendo el control de las fuerzas armadas, principalmente de la Policía. Los cambios fueron cosméticos, como los plasmados en la Constitución y la ley orgánica de la Policía. En la ley se dejó claro que las instituciones de seguridad son apolíticas, pero este valor quedó en papel mojado porque no se permitieron cambios profundos en la estructura y, por el contrario, a la Policía fueron a parar miembros de otros órganos desintegrados del Ministerio del Interior que estaban muy politizados y comprometidos con Ortega, como la Seguridad del Estado, la Dirección Octava, Sistema Penitenciario y otros.
De allí que para cortar este cordón umbilical, se debe separar inmediatamente a estos elementos de la antigua Seguridad del Estado de la Policía. Hay que hacer una revisión de expedientes personales y un examen de las actuaciones individuales para tomar decisiones acertadas.
3. Hacer cambios reales en la institucionalidad: Esto con el fin de evitar en el futuro que la Policía vuelva a ser instrumentalizada políticamente. La institucionalidad debe garantizar que se termine de una vez por todas que se repita la historia. Nicaragua no es un país violento en un sentido criminal, pero sí lo es en un sentido político.
Está demostrado que la violencia política inicia cuando se hace uso de las fuerzas de seguridad para reprimir y proteger a un régimen deslegitimado. La represión provoca la rebelión y con la rebelión la justificación de mayor represión. Todo se vuelve un círculo vicioso hasta que la fuerza se impone. Por ello, una manera de terminar con este legado maldito, heredado desde nuestra fundación como Estado, es construir una institucionalidad sólida que permita a la autoridad policial cierta autonomía frente a órdenes inconstitucionales y criminales.
4. Dar de baja deshonrosa y enjuiciar a los policías que incurrieron en delitos: Se debe aplicar la justicia, una justicia imparcial, fundamentada en los resultados de investigaciones independientes y profesionales. En otras palabras, se debe retirar de la Policía y, luego, enjuiciar a aquellos oficiales y agentes a los que se les demuestre su participación en el genocidio perpetrado durante las protestas, desde el 18 de abril a la fecha.
Existe abrumadora evidencia que indica que muchos policías cometieron delitos de asesinatos, homicidios, lesiones, y agresiones durante la represión contra los estudiantes. También son responsables como coautores, cómplices y colaboradores de las fuerzas paramilitares del orteguismo.
El no hacer esto generará impunidad y evitará sentar un precedente a la nueva oficialidad de la Policía. Un policía debe saber conscientemente que no está por encima de la ley, ni que hay alguien que lo protegerá si comete un delito al amparo de una orden superior.
*Consultor en seguridad y crimen organizado
