11 de diciembre 2020
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Recuerdo la conmoción que produjo el destape periodístico de Carlos F. Chamorro cuando un domingo de junio del 2007 presentó en “Esta Semana” una grabación en la que se escucha en labor de extorsión a un operador de la Presidencia de la República vinculado a una oficina jurídica que funcionaba en la Casa Presidencial a cargo de los exjefes de la Seguridad del Estado Lenín Cerna y Vicente Chávez. El mandatario Daniel Ortega quedó expuesto como alguien que “solucionaba” conflictos por tierras.
La voz de la grabación correspondía al exdiputado Gerardo Miranda, ex alcalde de San Juan del Sur y cónsul del FSLN en Liberia, quien pedía cuatro millones de dólares al empresario Armel González Muhs, para librarlo de obstáculos que una cooperativa estaba poniendo al proyecto turístico Arenas Tola o Arenas Bay que desarrollaba con inversionistas extranjeros para construir 60 casas de lujo. González fue acompañado en la denuncia por su suegro Alejandro Bolaños Davis.
La repercusión fue mayúscula y en cuestión de días todo el Estado reaccionó a la publicación de Camilo de Castro en “Esta Semana”: la Presidencia de la República, por medio del Marena, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, el Consejo Supremo Electoral, la Fiscalía General, etcétera. Chamorro fue entrevistado por el Fiscal Armando Juárez, quien después tuvo que retirarse el caso, por conflicto de intereses. La Fiscalía envió una copia de la grabación a Colombia, y unos meses después comprobó su autenticación, pero en su peritaje sicológico reslvió que sol era “una plática de negocios” entre ambos personajes.
Por esos malabarismos de la política y de los intereses mercantiles, hora los denunciantes aparecen al lado de la dictadura Ortega Murillo: Alejandro Bolaños Davis, quien fue despojado de su diputación poco después de la denuncia –aunque más tarde se la restituyeron--, la semana anterior reapareció llamando a un diálogo con el gobierno y refiriéndose a la situación nacional en términos positivos como si no hubiera crisis política y social, ni económica ni de salud.
Ahora Armel González ocupa las pantallas de las televisoras de la familia Ortega-Murillo, como el Canal 8, donde esta semana apareció publicitando su proyecto de centro comercial en línea en el Mercado Oriental, con una inversión de diez millones de dólares del “Grupo Sol”. Expresó el inversionista: “Nuestro mayor interés es apoyar la iniciativa privada y al Gobierno y a todas las partes”.
Atrás quedaron los días en que medios de comunicación orteguistas lo llamaron “mafioso”, “geófago” y “estafador”, como el cibermedio “La Voz del Sandinismo”, que el dos de junio del 2007 le dedicó estos adjetivos y afirmó que él había salido huyendo hacia España.
“La voz del sandinismo” afirmó que González se había corrido “al ruido de los caites”, cuando el procurador general de la República, Hernán Estrada, anunció “una investigación para dilucidar el gran “bisne” que se viene cometiendo con las paradisíacas tierras de Tola, en Rivas”.
La Procuraduría General de la República ordenó el cierre del proyecto por “incumplimiento de requisitos ambientales”, no obstante, en agosto González declaró que en las últimas semanas la Procuraduría había revocado el cierre del proyecto, pero él tendría que buscar nuevos socios, pues los que tenía, se retiraron con los 88 millones de dólares que iban a invertir.
La grave denuncia de “Esta Semana” y la evidencia de la grabación, no tuvo ninguna consecuencia para el dueño de la voz que extorsionaba, pues cinco meses después, Gerardo Miranda continuaba devengando su salario como cónsul de Nicaragua en Liberia, cargo en el que fue confirmado a principios de agosto mediante nota publicada en el diario oficial “La Gaceta”.
La punta de lanza en el bloqueo a los trabajos de construcción de “Arenas-Bay” fueron unos militantes del FSLN armados asociados en la cooperativa Pedro Joaquín Chamorro, que en 1994 habían recibido un título de propiedad sobre mil 200 manzanas de tierras en Tola. Dadas las características del lugar, eran campesinos inusitadamente afortunados.
Cinco años después, el 23 de agosto del 2012, la viuda del embajador de Italia en Nicaragua y Costa Rica, Franco Micieli de Biase, demandó a Alberto Caprotti por la venta indebida de un terreno suyo en Tola, en la zona de Playa El Diamante, a Gilberto Paolo Ghinassi, quien luego lo traspasó a Armel González.
El 5 de julio del año pasado, casi con amargura, Calos F. Chamorro escribió en Twitter: “¿Saben cómo terminó la denuncia de Tola? 1. Marena intervino y paralizó Arenas Bay, obligando a los dueños a vender. 2. La Asamblea Nacional despojó de su diputación a Alejandro Bolaños en represalia, por sumarse a la denuncia. 3. La maquinaria de propaganda oficial me acusó de narcotraficante”.
Peor todavía: los que acusaron terminaron siendo socios del orteguismo, pues tres años antes, en abril del 2016, Armel González ya no era la persona que medios de comunicación orteguistas calificaron de “mafioso”, sino un inversionista promotor de “Oficentro Metropolitano”, contiguo al hospital de los Pellas, para clínicas médicas, que hizo realidad. Lo propagandizó nada menos que “El 19 Digital”.
Ese mismo año había comprado donde hubo una jabonería cerca de la iglesia El Calvario del Mercado Oriental y varias construcciones y terrenos aledaños, para construir un centro comercial de 400 módulos, aunque esto no progresó.
Pero en este diciembre del 2020 ese proyecto reaparece como una especie de “Amazon” de ventas en línea que permitirá comprar desde su teléfono a un ciudadano de Bluefields al mismo precio del Oriental, como lo ilustra en su edición de este miércoles el oficialista “Informe Pastrán”. Como si fuera un vocero oficial de la dictadura, González afirma: “Nicaragua sigue siendo atractiva para los inversionistas nacionales y extranjeros”.
