¿Qué es diferente esta vez en Venezuela?

El 28 de julio, cuando se celebraba el natalicio de Hugo Chávez, la sociedad venezolana votó en una elección presidencial. Desde 1999, la oposición no había podido derrotar a la “Revolución Bolivariana”. Sin embargo, esta vez las encuestadoras más serias estimaban una gran victoria para el candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

La mayoría de las elecciones en Venezuela no han sido libres ni justas desde hace tiempo. No obstante, esta vez fue diferente: el Gobierno de Nicolás Maduro, según la evidencia recolectada por la oposición, se decantó por un fraude masivo sin precedentes, manipulando los votos y negándose a hacer públicos los resultados desagregados por Estado, municipio y centro de votación. Esta intensificación de las irregularidades electorales plantea nuevos desafíos para la perspectiva de una transición democrática, que requiere urgentemente una estrategia nacional e internacional adecuada.

Esta no fue la primera vez que la ciudadanía votó en condiciones injustas. El abuso de recursos estatales en campañas políticas ha sido una práctica común de la “Revolución”. Durante años, se ha utilizado el gerrymandering y el legalismo autocrático para desmovilizar a las fuerzas antichavistas. Sin embargo, los patrones de represión han cambiado desde 2013: dirigentes opositores, activistas, defensores de derechos humanos y periodistas han sido perseguidos o forzados al exilio, y la mayoría de los partidos opositores despojados de su estatus legal. Los disidentes chavistas también han sido reprimidos.

En la última década, el Gobierno ha duplicado estas tácticas, buscando fragmentar a la oposición y dificultar su competencia en elecciones. No obstante, con algunas excepciones, como en las regionales de 2017, el Gobierno se había mostrado reacio a alterar directamente el resultado. Desde que perdió su competitividad, el Gobierno ha empujado a la oposición hacia una estrategia de boicot, reduciendo los costos de revertir o no reconocer resultados.

Esto ocurrió en 2018, cuando los actores tradicionales de la oposición boicotearon la elección presidencial en un momento en que Maduro contaba con escasa popularidad debido a la crisis socioeconómica. Dado el fracaso del “Gobierno interino”, en 2021, la oposición volvió a una estrategia electoral durante las elecciones regionales.

¿Qué es diferente esta vez?

El chavismo entró en la carrera contando con la fragmentación de la oposición. A pesar de los incentivos del Gobierno para causar divisiones, como la represión selectiva y la cooptación, los líderes opositores que antes priorizaban la presión externa y la abstención regresaron a la vía electoral. La élite gobernante también hizo campaña sabiendo que tendrían problemas para movilizar las bases chavistas. Durante años, las bases chavistas descontentas han presionado al Gobierno, exigiendo el respeto de sus derechos y ayudas, y denunciando la corrupción y la desmedida riqueza de las élites. En este contexto, el Gobierno hizo nuevas promesas y utilizó viejas tácticas de intimidación y vigilancia para movilizar a sus simpatizantes. También recurrió a un discurso desgastado de resentimiento social, argumentando que la oposición estaba liderada por la vieja oligarquía, cuyos “apellidos” habían gobernado el país. Muchos señalaron el cinismo de esta campaña, liderada por una pequeña camarilla que ha gobernado durante más de dos décadas.

Pero la elección también fue resultado de negociaciones internacionales, donde EE. UU. proporcionó un alivio parcial de sanciones a cambio de condiciones electorales mínimas, mientras alentaba a la oposición a mantenerse en la vía electoral. Debido a los Acuerdos de Barbados, la Plataforma Unitaria, una alianza de partidos de oposición, organizó una elección primaria donde María Corina Machado fue elegida candidata unitaria. El gobierno violó frecuentemente los términos del acuerdo, pero la oposición se mantuvo enfocada en derrotar a Maduro en las urnas. Dada la inhabilitación de Machado, la Plataforma Unitaria finalmente inscribió al exdiplomático Edmundo González Urrutia como candidato.

En esta elección nacional se puso en juego la presidencia. El Gobierno alegó que un hackeo electrónico extranjero había retrasado la tabulación de datos de las estaciones de votación al Consejo Nacional Electoral. A pesar de que aparentemente se contaba el 80% de los votos, el Consejo declaró a Maduro como el ganador con poco más del 51%. Hasta el momento, no se ha proporcionado un desglose detallado de los votos por Estado, municipio y centro de votación.

La oposición sostiene que sus testigos fueron intimidados y muchos fueron expulsados por la fuerza. Sin embargo, los observadores lograron recopilar más del 80% de las actas, las cuales indican un margen de casi 70 - 30, a favor de Edmundo González. Aunque estas pruebas aún no han sido completamente verificadas, la mayoría sugiere que el conteo realizado por la oposición es correcto. De ser así, sería la primera vez en 25 años que la oposición no solo gana una elección presidencial, sino que lo hace con una victoria contundente. Según estos resultados, el Gobierno habría perdido en todos los Estados por un amplio margen, revelando una ruptura en la división urbano rural, y una ausencia de sesgo a favor del Gobierno entre la clase trabajadora y los sectores populares.

En contraste, se observa un rechazo generalizado hacia el Gobierno, lo que explica la reacción inmediata tras el anuncio. En todo el país estallaron protestas espontáneas y cacerolazos, comenzando en los barrios populares. Al decidir participar en las elecciones bajo las peores condiciones desde 1999, la oposición logró aprovechar el descontento masivo. Además, los ciudadanos se involucraron activamente en la organización y movilización en torno a las elecciones, sintiéndose parte de un movimiento procambio y, por ende, se sintieron personalmente agraviados cuando el Gobierno anunció los resultados.

El hecho de participar y ganar con un margen tan amplio planteó un dilema para el Gobierno: reconocer y negociar los resultados, o recurrir al fraude. Dado el alto costo de aceptar una derrota, la élite gobernante optó por la segunda opción.

El camino a seguir en Venezuela

Venezuela está entrando en una nueva y peligrosa fase de su conflicto. La respuesta represiva del Estado confirma la aplastante derrota sufrida, y se están empleando diversas tácticas para fragmentar y desmovilizar a la sociedad. Imágenes y videos de comunidades populares muestran a grupos armados y encapuchados intimidando a la población e imponiendo toques de queda. En los sectores de clase media y trabajadora, la vigilancia policial y militar es intensa. Organizaciones de derechos humanos reportan más de mil detenciones arbitrarias y 11 muertes. El liderazgo opositor ha sido tachado de fascista, y se ha solicitado el encarcelamiento de Machado y González Urrutia. Machado ha tomado medidas para proteger su integridad debido al riesgo que enfrenta. Esta escalada ha elevado los costos de la participación y la disidencia abierta.

La oposición, al optar por una estrategia de resistencia democrática pacífica, ha logrado generar un impulso para un movimiento prodemocracia diverso. Su fortaleza radica en la ciudadanía indignada por el fraude electoral. Experiencias anteriores, como el “gobierno interino”, descarrilaron a la oposición y desmovilizaron a la sociedad al crear desacuerdos internacionales profundos. Por lo tanto, es esencial evitar repetir esos errores. La oposición debe mantener una coordinación efectiva y ampliar aún más su coalición. Incluir a sectores descontentos del chavismo podría facilitar la creación de puentes con facciones del Gobierno que temen perder el poder.

También debería trabajar en la diplomacia de alto nivel. Varios Gobiernos, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina, ya han pedido transparencia y verificación de los resultados. Organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han exigido el fin de la represión contra los manifestantes. El papel de los Gobiernos históricamente tolerantes con el chavismo es crucial, como los de Brasil y Colombia, que se verán afectados por olas de migración si no se atiende este momento. Deben exigir la verificación independiente de los resultados. Dado el control del Gobierno sobre todas las instituciones del Estado, es esencial el acompañamiento internacional en el proceso de verificación. La coordinación internacional es fundamental para procurar una solución negociada del conflicto.

Las élites opositoras deben proteger el impulso que han ayudado a construir con movimientos de base y la sociedad civil. Aunque es comprensible que en medio de una ola de represión el liderazgo sea cauteloso, es esencial organizar y canalizar el descontento social. Esto comienza con enviar mensajes que tengan en cuenta las necesidades y realidades de los diferentes grupos dentro del movimiento procambio, incluidos aquellos que están siendo más reprimidos. El chavismo descontento que apostó por un cambio, o se abstuvo pese a las amenazas, también necesita mensajes de reconocimiento, aliento y orientación. Eso pasa por entender y aceptar su historia, códigos y agravios, y no imponer códigos y narrativas que los aleje.

Todo mensaje debería estar anclado en la causa común de este bloque heterogéneo que es la verificación y el respeto de los resultados electorales. La preferencia de la sociedad por una solución pacífica al conflicto debe ser honrada por la oposición. Cualquier acto de violencia debe seguir siendo rechazado, como han mantenido hasta ahora tanto Machado como González Urrutia.

La oposición también necesita encontrar formas de apoyar a las comunidades que son objeto de represión, y las víctimas de la violencia necesitarán recursos para enfrentar sus trágicas consecuencias. En las elecciones del 28 de julio, el Gobierno alcanzó un nuevo nivel de irregularidades electorales. Aunque el Gobierno se ha impuesto sobre el deseo de cambio, por ahora, la sociedad y la oposición venezolana pueden aún trabajar con actores internacionales para exigir una verificación transparente de los resultados electorales y una apertura democrática. El pueblo venezolano ya cumplió con las expectativas de participar a pesar de todos los riesgos y costos. Permitir un fraude no solo aumentaría los riesgos de disidencia y desencadenaría más desplazamientos, sino que también incentivaría a otros autócratas a seguir el mismo camino.

*Este artículo se publicó originalmente en La Silla Vacía