19 de marzo 2021
Lo más significativo que dijo el presidente Joe Biden en su primer discurso en horario estelar emitido el día jueves 11 de marzo fue que en los últimos años “hemos perdido la fe sobre que nuestro Gobierno y nuestra democracia pueden cumplir con temas que son realmente arduos para el pueblo estadounidense”. Hoy en día, tras décadas de procurar ser el ocupante del Despacho Oval, el físicamente delgado y aparentemente modesto Biden es la persona que debe demostrar que Estados Unidos es un país que se puede gobernar.
Biden no sólo tiene que restaurar la fe en los programas federales, sino que debe rescatar al país del mortífero virus que ha matado a más de medio millón de estadounidenses en un año. Unas horas antes de su discurso, Joe Biden promulgó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, una de las leyes más ambiciosas en materia de política interior nunca antes aprobada.
La nueva ley es un conjunto de programas no sólo para acelerar el fin de la pandemia COVID-19 y sus efectos sobre la sociedad y la economía, sino también para comenzar a reestablecer la equidad en cuanto a quiénes reciben ayuda de la legislación federal, misma que durante mucho tiempo se inclinó a favor de los ricos. La nueva ley fue aprobada por el Senado con el margen mínimo necesario, ya que el Senado se encuentra dividido en partes iguales, y dicha ley contó con la oposición unánime de los Republicanos. La Cámara de Representantes la había aprobado por un estrecho margen, y de igual forma con la oposición unánime de los Republicanos. (Los Demócratas, al haber perdido escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones del año 2020, dominan la “Cámara Baja” por solamente ocho votos).
La desmesuradamente expansiva ley concede pagos directos de hasta 1.400 dólares a la mayoría de los hogares; aumenta las prestaciones que reciben los desempleados; y amplía la ayuda para los niños, los gobiernos estatales y locales, las escuelas (a fin de que los niños puedan regresar a las aulas y sus padres a trabajar) así como para las pequeñas empresas (en especial para los restaurantes) que sufrieron perjuicios a causa de la pandemia. La ley también incluye una expansión importante de la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles, también llamada Obamacare, ley que en el pasado se constituyó en una fuente infalible de bochinche político. La ley promulgada por Joe Biden también contiene aumentos sustanciales en la ayuda a los pobres, así como dinero para los hospitales y los trabajadores de la salud. Esta ley, que se asemeja a un suculento estofado, fue cocinada con suficientes ingredientes para ser del agrado de los progresistas, mientras que, a pesar de su precio estimado de 1,9 millones de millones de dólares, no fue tan desmedidamente descomunal como para que los Demócratas moderados se la tragaran.
Una disposición para aumentar el salario mínimo federal a $15 por hora fue descartada debido a una decisión parlamentaria. En el Senado, la votación final fue retenida durante más de diez horas durante las cuales los líderes Demócratas trabajaron para resolver una objeción del senador Joe Manchin de West Virginia, un Estado pobre donde Donald Trump logró ganar fácilmente dos veces.
Manchin, un hombre con apariencia de oso, está claramente disfrutando la temporada en la luz pública que le ofrece el Senado, que como ya se mencionó se encuentra dividido en partes iguales. Un asistente Demócrata que trabaja en el Senado señala, “Manchin actúa inteligentemente al aprovechar su posición, pero no es tan inteligente como él cree ser”.
La gran interrogante tras que el Congreso aprobara Ley del Plan de Rescate en fecha 10 de marzo fue qué es lo que esta ley auguraba para el futuro. Varios observadores declararon, prematuramente, el fin del Reaganismo, el punto de vista que se puso de moda en 1980 y que promulga que los programas gubernamentales no pueden hacer ningún bien.
Sin embargo, hará falta más de un proyecto de ley para establecer que se ha producido un cambio tan dramático, y los Demócratas pensantes saben que el Plan de Rescate inspirado por la pandemia bien puede haber sido la pieza más fácil de aprobar de una legislación importante en los dos años previos a las elecciones de mitad de período del año 2022, momento en el cual el partido del presidente suele perder votos y el partido opositor suele ganar el control de una o ambas Cámaras.
Prácticamente todos los demás asuntos en la lista de Joe Biden y de la mayoría de los Demócrata (la construcción de la decrépita infraestructura de Estados Unidos, la consideración seria del cambio climático, la inmigración, y la necesidad de derrotar los esfuerzos Republicanos a nivel estatal para dificultar el voto de las minorías) contienen temas que podrían incitar a la controversia interna del partido en un momento en que no pueden permitirse perder votos. (Si una votación nominal del Senado termina en un empate, la vicepresidenta Kamala Harris puede votar para desempatarla).
Además, la regla especial de “reconciliación” en virtud de la cual se aprobó la Ley de Rescate, requiere sólo una mayoría (51 votos) – en contraposición con los 60 requeridos para la mayoría de los proyectos de legislación debido a que se amenaza rutinariamente con echar mano al filibusterismo, y la mencionada regla de la reconciliación sólo se puede utilizar para la aprobación de proyectos de ley relacionados con asuntos presupuestarios. Es por esta razón que muchos Demócratas piensan que se debe derogar el filibusterismo, o que se debe lograr que sea más difícil de emplear o se deben reducir las ocasiones en las que se lo pueda emplear.
El filibusterismo, una práctica que fue utilizada por primera vez por los senadores del sur para bloquear la legislación sobre los derechos civiles, se generalizó gradualmente, hasta el punto de que la mayoría de las legislaciones necesitan recibir 60 votos a favor para tener éxito. Por lo tanto, un proyecto de ley que cuenta con el apoyo de la mayoría puede ser hundido por 41 senadores.
Antes de las elecciones del año 2020, cuando los Republicanos controlaban el Senado, el entonces líder de la mayoría Mitch McConnell utilizaba con frecuencia la amenaza de emplear el filibusterismo para enterrar los proyectos de legislación que provenían de la Cámara de Representantes controlada por los Demócratas. La posibilidad de que McConnell aún pueda bloquear la mayoría de las propuestas de los Demócratas es la razón por la que tantas personas del partido del presidente (encantados con la posibilidad, que son conscientes podrían ser efímera, de redactar proyectos de legislación largamente anhelados y de cumplir con las promesas de campaña de Joe Biden) quieren cambiar el filibusterismo o deshacerse de él por completo.
Biden no es tan ingenuo como para creer que McConnell cambiará sus posiciones políticas, pero sus llamamientos a favor del bipartidismo pueden colocar a los Republicanos en una posición en la que pueden ser culpabilizados por oponerse. Biden es consciente de que los Republicanos no están interesados en ayudar a que el gobierno gane en grandes temas, y por experiencia sabe que no tiene sentido verse arrastrado a largas negociaciones que no conducen a ninguna parte. El esfuerzo actual de Joe Biden, Harris y sus cónyuges para vender al público los beneficios de la Ley de Rescate, aunque la misma ya fue aprobada, es una manera de intentar que a futuro sea más factible aprobar otros proyectos de ley del gobierno, al hacer que el concepto de programas gubernamentales sea más aceptable.
Puesto que para cambiar las reglas del Senado se requiere de 67 votos, hacer algo contundente sobre el filibusterismo se convierte en un desafío abrumador. Los Demócratas hablan sobre ejercer mayor presión sobre los Republicanos para que cambien la regla de filibusterismo haciendo hincapié en la oposición por parte dichos Republicanos a proyectos de ley presentados por el gobierno que son populares entre la población. Sin embargo, ello puede terminar siendo simplemente una teoría: la Ley de Rescate es muy popular entre el público, ya que recibe hasta un 75 por ciento de apoyo, pero ningún Republicano la apoya en las Cámaras. Los Republicanos, en cambio, están intentando disminuir la estima del público por dicha Ley al atacar los detalles de la misma.
Por lo tanto, antes de que se pueda proclamar una transformación de las políticas públicas estadounidenses, o de que se pueda convencer a más personas sobre que el gobierno estadounidense sí funciona, todavía queda una batalla que se debe librar, una batalla por una ley que acaba de entrar en vigor.
*Artículo publicado originalmente en Project Syndicate.