21 de diciembre 2023
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En América, la gestión de la migración ha sido uno de los aspectos centrales de muchas campañas políticas. Cuando es presentada en la versión que pretende ser más humanitaria y comprensiva del contexto de las personas migrantes, se señala como camino a las mal llamadas “fronteras inteligentes”.
Este tipo de fronteras no se materializan en controversiales muros físicos, sino que se fundamentan en mecanismos de vigilancia y procesamiento masivo de datos personales de poblaciones en situación de movilidad.
Con métodos que van desde la inteligencia de fuentes abiertas -que obtiene información de redes sociales, y grupos de chats- hasta el monitoreo a partir de datos biométricos con aplicaciones, cámaras y drones, las personas migrantes son sometidas al escrutinio de las autoridades desde antes de que pongan un pie en otro territorio.
Esta práctica de externalización de las fronteras se sostiene en la lógica de criminalizar a la población migrante, pues la supedita a un nivel de vigilancia que sólo debería ser posible bajo la orden de un juez. Este procesamiento de datos muchas veces se habilita a partir de la existencia de acuerdos vinculantes y no vinculante entre países. El vago lenguaje de los mismos da un holgado campo de acción a los agentes de aplicación sobre cuándo o por qué se pueden recolectar y compartir los datos de personas migrantes, o incluso de aquellas que están pensando en migrar.
En consecuencia, las personas migrantes cuya información personal ha sido capturada y difundida entre autoridades pueden verse expuestas a tecnologías con capacidades “predictivas”, de perfilamiento, o que cuentan con poca o nula participación humana. En estas circunstancias, la experiencia personal de quien migra queda relegada a segundo plano y su destino migratorio se sujeta a la información que ya se haya recabado sobre ella, que puede ser utilizada para decidir arbitrariamente su suerte, lo cual puede conducir a separaciones familiares, detenciones y deportaciones.
No es claro cómo las autoridades toman este tipo de decisiones, pues parte del problema para comprender a cabalidad el alcance del uso de estas tecnologías es la nube de humo negro que las rodea.
Los procesos de acceso a información pública son a menudo parados en seco sin más explicación que tratarse una y otra vez de un tema de seguridad nacional, y nunca de un tema de derechos humanos. Por otro lado, la falta de leyes de protección de datos personales en muchos países, y la subsecuente falta de una autoridad de protección de datos que fiscalice de manera autónoma el tratamiento de los mismos, plantea un panorama donde el acceso, rectificación, cancelación y oposición al procesamiento de datos por parte de una persona migrante es complicado o sencillamente imposible.
Frente a la extensiva vigilancia y la recopilación de datos personales con consecuencias negativas, muchas personas migrantes optan por buscar rutas alternas, las cuales pueden resultar más peligrosas, e incluso mortales. Esto es mucho decir cuando las personas en situación de movilidad se enfrentan a condiciones climáticas y geográficas adversas, a autoridades corruptas y al crimen organizado.
Si bien es cierto que las buenas prácticas en materia de seguridad digital pueden ser de gran apoyo para que las personas migrantes protejan sus datos y su vida personal, también es verdad que muchas tecnologías de vigilancia -y políticas públicas que las avalan- operan más allá de lo que el accionar individual puede abarcar.
Tecnologías como CBP One -único medio para solicitar asilo actualmente en EE. UU.- obliga a la persona migrante a entregar sus datos biométricos (es decir, aquellos que refieren a características fisiológicas únicas de la persona, como una imagen del rostro). Esto implica que el consentimiento libre e informado que debe existir para autorizar el tratamiento de dichos datos, dudosamente pueda ser otorgado, siendo que la alternativa de retornar a sus lugares de origen es peligrosa o poco viable.
Como respuesta a las crecientes amenazas de las prácticas tecnosolucionistas en contextos migratorios, es necesario y urgente el contrapeso de la sociedad civil, tanto de aquella cercana a la población migrante, a la justicia y la transparencia, como de quienes trabajan por los derechos humanos en la era digital. En el Día Internacional de la Persona Migrante, 30 organizaciones se unieron para lanzar la Coalición Latinoamericana #MigrarSinVigilancia como un espacio para hacer frente a las injusticias a las que se ven expuestas las personas en situación de movilidad, a partir de la protección de su privacidad y sus datos personales.
La Coalición propone visibilizar el impacto mental, emocional y legal de la vigilancia de las personas migrantes y otras personas en movimiento, así como fortalecer los esfuerzos para exigir la rendición de cuentas y transparencia a autoridades y sector privado, incluyendo medidas de protección y gestión responsable de datos personales por parte de gobiernos, empresas, agencias humanitarias y otros actores que usen tecnologías y recaben datos en contextos migratorios.
La adhesión a la Coalición se encuentra permanentemente abierta para quien desee sumarse a la defensa de los derechos de las personas migrantes desde el ángulo digital y con lentes de derechos humanos, en migrarsinvigilancia.org
