Por qué una Fiscalía Especial

El asesinato del preso político Eddy Montes Praslin, a manos de un custodio de la cárcel La Modelo, ocurrido el jueves pasado, debería ser el último crimen político de la dictadura Ortega Murillo.

Eddy Montes nunca debió ser detenido en Matagalpa, porque no cometió ningún delito. Era un reo de conciencia, un preso político, al que le atribuyeron delitos comunes por haber participado en la protesta cívica.

El día en que lo asesinaron, debía haber estado en libertad, porque ya estaba incluido en la lista de presos políticos conciliada con el Gobierno por la Cruz Roja Internacional, que Ortega se comprometió a liberar en un plazo de 90 días.

Sin embargo, este hombre de paz, conocido en la cárcel como “el Pastor”, porque se dedicaba a promover cultos religiosos, está muerto de un balazo de arma de guerra por la espalda, mientras por lo menos 17 de sus compañeros resultaron lesionados de gravedad, en un acto brutal de represión desatado por las fuerzas del Sistema Penitenciario.

El Ministerio de Gobernación ha pretendido justificar el asesinato, alegando que Montes y otros reos agredieron a los guardias, y que estos dispararon en defensa propia. Esa es la coartada de un régimen que ha hecho de la mentira una política de Estado, empezando por el presidente Ortega, que actúa como el Mentiroso en Jefe y su vocera, la vicepresidenta Rosario Murillo, transmitiendo la mentira a través de la Cancillería, la Policía, la Fiscalía, y ahora las autoridades de Gobernación

Sin embargo, frente a la mentira se contrapone el testimonio de los presos que fueron testigos del asesinato, los casquillos de las balas disparadas, y las fotografías y videos de los lesionados, que conforman las pruebas contundentes de un nuevo crimen de lesa humanidad.

La comunidad internacional está demandando al régimen de Ortega realizar una investigación exhaustiva de este acto de violencia, en el que ha muerto un ciudadano estadounidense, para que se esclarezcan los hechos.

Pero, ¿acaso Ortega y las estructuras de la dictadura se pueden investigar a sí mismos?

¿Acaso la fiscal Ana Julia Guido y el director general de la Policía, Francisco Díaz, tienen autonomía para hacer una investigación, al margen de la pareja presidencial que ordena y manda desde El Carmen?

¿Acaso no es suficiente la burla y el dolor de más de 300 asesinatos ejecutados desde el 18 de abril hasta hoy, que nunca han sido investigados y se encuentran en la impunidad?

Todas esas muertes, nacidas de la violencia irracional desatada por la ambición de poder de Ortega y Murillo, nunca debieron haber ocurrido, pero tampoco pueden quedar enterradas en el olvido. El esclarecimiento de la verdad representa uno de los pilares fundamentales para la refundación democrática del Estado nicaragüense. Por ello, para establecer la verdad sobre el asesinato de Montes y todos los crímenes de la dictadura, es imperativo acatar la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que desde octubre del año pasado planteó la necesidad de crear una Fiscalía Especial.

“El GIEI considera —dijo en esa ocasión uno de sus voceros—, que ante la ausencia de garantías de una actuación independiente y objetiva del sistema penal, el Estado debería establecer de forma urgente una Fiscalía Especial para investigar los hechos de violencia”.

Esta recomendación respaldada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la CIDH, forma parte del informe final del GIEI, presentado en diciembre, y representa la única alternativa para recuperar la confianza y la credibilidad en el Ministerio Público, con fiscales nacionales e internacionales que cumplan los requisitos de autonomía e idoneidad, para sentar las bases de un sistema basado en la verdad y la justicia.

“Es imprescindible que el Estado nicaragüense permita el reingreso de los órganos internacionales de protección, como el Meseni (CIDH) y OACNUDH. Para constituir una Fiscalía Especial, que apoye en esclarecer los hechos y avanzar en las investigaciones, se requiere de condiciones que garanticen su independencia. Y, en este sentido, la presencia de ambos órganos es urgente, no solo para tutelar los derechos humanos de los nicaragüenses, sino para acompañar la construcción de la institucionalidad necesaria que garantice el acceso a la justicia a las víctimas”, explicó a CONFIDENCIAL la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, miembro del GIEI y ahora directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El asesinato de un preso político en la cárcel, mientras estaba en un estado total de indefensión, sobrepasa el límite alcanzado hasta hoy por la represión. Es el banderillazo de la deriva final de la dictadura hacia mayores niveles de crueldad y represión. Ortega ha demostrado que no solamente considera a los presos como rehenes políticos, sino que está dispuesto a matarlos en la cárcel, para acabar con el liderazgo de la protesta cívica.

El país se enfrenta a una amenaza de máxima peligrosidad, que debe ser frenada por el Ejército de Nicaragua, antes que se desate una nueva matanza. Mientras tanto, no le pidamos a Ortega que se autoinvestigue, demandemos desde ahora una Fiscalía Especial y una investigación internacional independiente para esclarecer el crimen de Eddy Montes Praslin.