Por qué 90 días, tres meses, toda una eternidad

Miralos sin camisa, arrastrados,
echando sangre, con capucha, reventados…
vos los representás a ellos, ellos delegaron
en vos, los que murieron
(Ernesto Cardenal.  Pensá en los que murieron).

Uno se pregunta cómo es que si se pueden detener a cientos de personas una tarde, porqué se necesitan tres meses, 90 días, toda una eternidad, para soltar a los presos políticos.  Uno se pregunta afligido qué significa ir soltándolos a cuenta gotas y qué lo que ‘la mesa’ obtiene estableciendo este cronograma.  Uno se pregunta si hay listas y fechas establecidas, cuáles son los impedimentos y protocolos, cuáles las reglas del juego. Uno se pregunta porque todos los que vivimos en Nicaragua somos afectados personalmente por todos y cada uno de los ítems del diálogo—cronogramas, acuerdos, pausas.   Por eso uno se pregunta por qué aunque la contestación sea que ‘hay cosas que no podemos—o debemos saber.’ Ante la necesidad de guardar silencio para lograr los objetivos, la población empieza a especular.

Recordemos que el 20 de marzo del 2019, el señor Luis Rosadillas de la OEA y el nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar, testigos y acompañantes, hablaron del acercamiento de posiciones encontradas que posibilitó la reanudación del diálogo.  Uno se pregunta por esas posiciones encontradas y por las re-encontradas. Se nos dijo, resumo aquí para guardar el dato en la memoria, que ‘la mesa’ había aprobado la agenda de negociación, y la daba a conocer al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional.  El número uno de la agenda, a la letra, era la liberación de todas las personas detenidas en el contexto de los acontecimientos ocurridos a partir de abril 18, 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país—a la fecha esperamos ese cumplimiento.   Se habló de girar invitaciones formales a la secretaría de Estados Americanos para retomar el trabajo en el tema de reformas electorales, y al comité internacional de la Cruz Roja para acompañar a ‘la mesa’ en el proceso de liberación de todas las personas.  Esto manifestaba el compromiso con la paz, justicia, democracia, estabilidad y progreso de Nicaragua.  Así se nos dijo pero a la fecha estamos esperando.

Ante estas realidades, no queda más remedio que preguntar, analizar, expresar nuestras dudas, temores y desasosiegos porque lo político se vive en y con el cuerpo—si no, ahí están los muertos y los presos.   Si bien se habló de fortalecer la democracia, realizar reformas a fin de asegurar procesos electorales, no se mencionó si habrían elecciones adelantadas y garantes—detalles a trabajar, suponemos.  Más a nadie satisfizo el plazo de “un máximo de 90 días,” tres meses, toda una eternidad, para poner en libertad a gente castigada y retenida por ejercer sus libertades ciudadanas y, aún si se habla como si viviésemos en un estado de derecho—que no es así—eso de que los presos serían puestos en libertad ‘en conformidad con el ordenamiento jurídico del país,” queda a la disposición de ‘la voluntad política’ de dialogar pero la voluntad política verdadera se manifiesta al anular absolutamente todos los juicios y soltar a los presos física y jurídicamente.  Eso todavía lo estamos esperando.  Sabemos que algunos presos están sin enjuiciar, otros en proceso pendiente, y algunos ya sentenciados. Este enmarañamiento se tiene que desenredar ya, a no ser que en estas definiciones resida la dilación, el plazo de los 90 días—tres meses es una eternidad.  Hay más: ¿entre las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos del 18 de Abril, 2018 se incluyen los recién detenidos—uno hoy, tres mañana; dos aquí, seis allá, hasta alcanzar la paridad entre los enviados a su casa, con ‘casa por cárcel’, y los nuevos retenidos al decir de la gente como rehenes del régimen?

Hay cosas que si sabemos y debemos siempre recordar. Sabemos que la Alianza Cívica habló sus cinco puntos fundamentales: 1) libertades ciudadanas; 2) Democracia; 3) Justicia; 4) Implementación y 5) cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Recordemos que la Alianza aboga también por el retorno de los exiliados y la devolución de los bienes confiscados, saqueados, y ocupados.  Conocemos con nombre y apellido a titulares y suplentes de la Alianza: Max Jerez (estudiante), Carlos Tunnermann (intelectual), Mario Arana (AMCHAM), Juan Sebastián Chamorro (FUNIDES), José Adán Aguerri (C0SEP), José Pallais (ex vicecanciller y ex diputado del Partido Liberal Constitucionalista), miembros del sector privado-empresarial—todos economistas.  No hay ninguna mujer entre los titulares—¡vergonzoso!; las hay en los suplentes, Azalea Solís (Sociedad Civil), Valeska Valle (estudiante). Suplentes son también Ernesto Medina (académico), Michael Healey, Felipe Argüello (UPANIC) y Diego Vargas (AMCHAM).  En la Alianza, el sector privado está sobre-representados: nosotros delegamos en ellos; ellos nos representan.

Preguntarse por el efecto económico de la crisis política es prohibitivo.  Néstor Avendaño (COPADES) afirma que sin resolución política la economía del país cae en un despeñadero.  Sus predicciones expresadas en cifras y porcentajes de difícil comprensión para laicos son apocalípticas.  Habla de tasas de de-crecimiento económico fluctuantes en incremento diario, de presupuestos recesivos, de equilibrar el déficit, de la inversión pública, endeudamiento nacional e internacional, la reforma tributaria, cifras del producto interno bruto. Dice que el FMI no puede actuar a fondo ante los serios conflictos de organizar la economía y que sin resolver el conflicto político no se pueden suscribir nuevos convenios macro-económicos de ajustes estructurales para llevar a cabo las reformas que requiera la crisis del sistema financiero nacional—verbatum.  Los detalles en dólares y porcentajes de pérdidas son espeluznantes aún para los no entendidos pero para los que saben leer—y todos los economistas de la Alianza saben hacerlo—el dato duro los hará temblar porque historia y política son también cuerpo.

Sabemos que el dinero en fuga merma las arcas del estado.  El ciclo agrícola no tiene el compás de espera de lo político; se siembra cuando se debe o no se siembra.  Los préstamos necesarios no están disponibles.  Los despidos de gente se incrementan a diario.  Los precios de los productos de primera necesidad han sido ya severamente afectados y se espera un segundo ajuste fiscal.  A este hundimiento real hay que añadir el peso emocional sobre la población.  Todos temen perder de un día para otro su empleo y que una población hambrienta aumente exponencialmente la criminalidad.  Le preguntamos a ‘la mesa’, entonces, si esos 90 días es una tregua para calcular con amplitud lo posible; o si son plazos fijos de otra naturaleza que ‘no debemos conocer,’ aun si afectarán irrevocablemente a todos y cada uno de nosotras.  90 días, tres meses, es para todos una eternidad.