Política económica nacional

La reunión conjunta del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos trae malas noticias sobre el crecimiento económico global. Lo más probable es que esta inclinación bajista se extienda al año próximo (2017) y tendrá repercusiones negativas para nuestro crecimiento nacional y regional. Podemos no estar ni de cerca de una crisis, pero lo que parece incontrovertible es que estamos muy lejos del crecimiento prometido y a años luz de lo debiera de ser el crecimiento potencial de largo plazo para comenzar a reducir realmente la pobreza.

Lo que se nos avecina es una situación de desaceleración estable, y por eso se la he denominado como la “nueva normalidad” económica. Pero a medida que esta estabilidad depresiva se extiende, se profundiza la caída de la tasa de crecimiento potencial y se acentúan los gérmenes de una crisis. La “nueva normalidad” es una estabilidad hondamente desestabilizante. El futuro se torna en riesgo creciente al volcarse hacia el presente, porque las menores expectativas sobre el crecimiento futuro se convierten en incentivos negativos para la inversión y el consumo, lo que debilita aún más el crecimiento económico.

La disminución de las oportunidades de inversión extranjera y nacional que provoca la caída de la tasa de crecimiento potencial hace que la inmensa masa de capitales disponibles se concentre en los restantes países de la región centroamericana. La falta de oportunidades de inversión acentúa la tendencia a la concentración de la riqueza en el segmento de arriba de la pirámide social, al tiempo que agrava la caída de la demanda doméstica y profundiza la estabilidad depresiva de la economía nicaragüense.

Esta realidad es la que debería ocupar el centro de nuestro debate sobre la política económica nacional, pero ni los diputados ni los responsables en el Poder Ejecutivo parecen tener tiempo y forma para cultivar el uso de la memoria. Después de todo, dice el gobierno, es manejable la deuda y sus montos distan de ser catastróficos. Para que el pronóstico no falle demasiado está la tijera mayor que propone los ajustes, eufemismo preferido para el recorte vil (salud, educación y otros), cuyos ejecutores casi acusan de traición a la patria a todo aquel que ose dudar de la virtud de sus políticas fiscales. La situación reclama un viraje que debería empezar ya, para darle viabilidad al desempeño económico y la cohesión social para los años por venir, por lo menos hasta 2018.

Las decisiones del presidente nos puede llevar a un estado al borde del caos y más allá de la ingobernabilidad; a un estado asediado por las maniobras dizque negociadoras de una dirigencia dispuesta a todo con tal de conservar sus prebendas y contaminada por la irracionalidad que mantiene secuestrado al estado de derecho, donde la ley nada importa. El límite de lo que está ocurriendo no lo fija el estallido de una crisis económica, sino lo contrario. La cuestión es saber cuándo el sistema político nicaragüense logrará crear una estructura de incentivos capaces de desatar una etapa de expansión económica.

Después de tanto desgaste a la política normal democrática, no es virtual ni conjetural. Es real y está hinchado de prepotencia y arrogancia sin sostén ni control. No será la fuerza, nunca lo ha sido, la que enderece el buque; pero sin la fortaleza constitucional del Estado sólo se seguirá cavando la tumba del sistema político y del orden estatal que, a trompicones, todavía sostiene. Ya no es hipérbole de ocasión, sino tímida descripción de los hechos que hemos empezado a vivir y donde no hay refugio ni subterfugio. Las crisis políticas o económicas orgánicas buscan una ocasión para manifestarse. Las crisis no son un rayo en un día de verano, sino el mal tiempo persistente.