Periodismo ¡criminalizado!

Del 21 de mayo que presentó su Informe Preliminar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la fecha, los riesgos de periodistas y medios han aumentado. Los llamados de la institución de la Organización de Estados Americanos (OEA), han sido desoídos y pasados por alto. El segundo enunciado del informe no ha encontrado eco entre las autoridades nicaragüenses: “2. Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”. ¿Qué hacer frente a un gobierno que invita a la CIDH y en la práctica no asume sus recomendaciones? Ni el derecho a la protesta, libertad de expresión, reunión y participación política han sido respetados y garantizados. Los periodistas navegan sobre aguas agitadas. Vuelcan sus energías para no ser alcanzados por la violencia. Ni aun así han escapado.

Los periodistas siempre han sido testigos incómodos para gobernantes y políticos.  Entre más largo estén, mejor. Son vistos como seres apestosos. Gozan de su condescendencia cuando se pliegan a sus intereses. De lo contrario prefieren mantenerlos ajenos a cuanto hacen o dejan de hacer. Desde la insurrección cívica —inició el jueves 19 de abril recién pasado— las autoridades endurecieron posiciones. Trataron de imponer la censura. El expediente socorrido. Miembros del partido gobernante participaron en la quema de radio Darío, la primera arrasada por las llamas. Con 16 personas muertas y 30 baleadas durante la marcha del 30 de mayo, los manifestantes trataron de quemar radio Ya. Un acto condenable. Ni periodistas y medios —más allá de sus inclinaciones partidarias y preferencias ideológicas— pueden ser agredidos.

El gobierno tampoco ha dado cauce a lo establecido en el ítem 9 del informe de la CDIH: “9. Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión”. Amenazas, robo de equipos y vejámenes contra periodistas y corresponsales extranjeros, constituyen un capítulo oscuro en la tortuosa y persistente lucha por conquistar una auténtica libertad de expresión en Nicaragua. Obstáculos y trabas tienen el propósito de evitar que informen sobre acciones policiales y paramilitares desproporcionadas, como la ocurrida en Masaya el 19 de junio. El saldo fue de seis personas muertas, treinta heridas y una población aterrorizada. La democracia continúa siendo en Nicaragua, el camino más largo entre dos puntos.

Si los gobernantes hicieran caso a la novena recomendación, las periodistas Leticia Gaitán de 100% Noticias y Daliana Ocaña, junto con el camarógrafo Luis Alemán de Canal 12, no hubiesen sido encañonados y asaltados el martes 19 de junio. Se encaminaban a Masaya para brindar cobertura a operaciones en marcha de fuerzas gubernamentales. Al enterarse hacia dónde se dirigían fueron retenidos en la rotonda de Ticuantepe. Los periodistas han optado desde hace rato, desplazarse en grupos para ser menos vulnerables. Creen que de esta manera no serán objeto de acechanzas y ataques. Esta vez de nada les sirvió. Las amenazas continúan. La noche del sábado 23 de junio, tocó el turno al periodista de La Prensa Mynor García. Llegaron a amedrentarle hasta su casa de habitación en Diriamba. Una política sostenida por el gobierno a lo largo de once años. No ha habido manera de evitarla.

El señalamiento de Ocaña es de una realidad meridiana, los periodistas carecen de toda protección. No poseen salvaguardas; quienes están llamados a protegerlos no lo hacen. Se encuentran en tierra de nadie. Sus reclamos no encuentran eco. Caminan sobre el filo de la navaja. “En Nicaragua hacer periodismo no puede significar riesgo de muerte o que vas a ser tratado como criminal. Los que nos interceptaron fueron personas encapuchadas que seguían la voz de un líder, estaban bien armados, con chalecos antibalas y se notaba la organización; esto no debe seguir”, expresó Ocaña. Ocho periodistas en Bluefields no deberían ser acosados ni perseguidos. Ileana Lacayo no tendría que emigrar hacia Costa Rica. Los directivos de las organizaciones gremiales —mudos, ciegos y sordos— se hacen los desentendidos. Jamás se han pronunciado. ¿Qué hacer para que el ejercicio periodismo no sea criminalizado en Nicaragua?

La inercia gubernamental abrió puertas a la impunidad; en el silencio de la madrugada, el periodista de La Prensa Josué Garay fue levantado de su cama a las dos de la mañana del domingo 10 de junio. Dos personas llegaron con machete y tubo en mano a golpearle. Le amonestaron y conminaron a no seguir cuestionando a los gobernantes. Un mensaje clarísimo: infundir miedo entre periodistas con actitudes abiertamente críticas. Interpuso la denuncia en la instancia correspondiente. El policía que le atendió —portaba en su camisa el chip 8678— indagó si tenía “algún problema con gente del barrio, ante su negativa, el agente le preguntó entonces que dónde trabaja, al responder que es periodista de La Prensa, el oficial comentó ‘ah sí, es pasada de cuentas”, dijo a Elizabeth Romero. Ninguna autoridad se ha preocupado por indagar y dar con los culpables.

¿Cómo evitar que personas afines al gobierno continúen agrediendo y atemorizando a los periodistas? Ni con las pasiones desbordadas deben incurrir en el error de imitar la política informativa de quienes defienden —de la manera menos indicada— operaciones orientadas a contener la rebeldía de los manifestantes. Una nueva Nicaragua únicamente será posible cuando la tolerancia se instituya como principio básico. El respeto y el derecho del otro a manifestarse, abonaría al entendimiento y concordia nacional. Disentir no debería suscitar encono ni generar rencores. El disentimiento forma parte de la democracia. Su otra cara es el consentimiento. Los periodistas están llamados a asumir un comportamiento diferente de aquellas instancias y/o personas que cuestionan. Son quienes deben sentar nuevos precedentes.

¿Qué nombre merece el intento de quemar radio Yes en Matagalpa? ¿Cómo llamar a las personas que incendiaron radio Activa en Managua? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de estos actos criminales? El país quedó atrapado en el torbellino de violencia. Los atentados y acciones contra el ejercicio del periodismo y la pretensión de atemorizar y acallar voces discrepantes, no han logrado los efectos esperados. No han podido silenciarlos. Asumiendo riesgos y aun con el temor de ser reprimidos prosiguen con su labor informativa. Su moral y compromiso profesional no han logrado quebrantarlos. Siempre nos habíamos quejado de falta de solidaridad de los nicaragüenses con los periodistas. Un silencio inexplicable. Casi cómplice. Durante los últimos tres meses esta actitud quedó atrás. Su trabajo ha sido valorado de la mejor manera. Son objeto de reconocimiento y apoyo.

¿Ante quienes recurrir si las autoridades gubernamentales jamás han escuchado sus reclamos y nunca han enjuiciado a las personas que han cometido actos delictivos en su contra? ¿A quién acudir en estas circunstancias? Basta comprobar el desdén y rechazo de funcionarios estatales a sus solicitudes de información, para entender el trato que reciben. La Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621) nació muerta. ¿Para qué hubiese servido que este gobierno creara las Oficinas de Coordinación de Acceso a la Información Pública? ¡Para nada! Las únicas instituciones receptivas a sus peticiones son las organizaciones de derechos humanos. Escuchan sus quejas y elevan su voz en defensa de su actuación profesional. Continúan preocupadas por los hostigamientos y agresiones. Han presentado su calvario en instancias internacionales.

La insistencia de medios y periodistas —fuera del tutelaje gubernamental— por cumplir su trabajo en condiciones adversas, habla muy bien de su labor. Sobre sus hombros ha recaído el empeño de los nicaragüenses por forjar la democracia. Colocados en primera fila en defensa de las libertades ciudadanas, los reveses no han mellado su espíritu. Su labor durante estos años ha sido valiosísima. ¿Será posible que con la presencia de los miembros del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Menseni) y del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GEI), agresiones y amenazas contra la prensa disminuyan? Medidas encaminadas a bajar la temperatura política deben ser bienvenidas. ¡Tienen que continuar exigiendo respeto por la vida e integridad de las personas! Acuerpar el llamado para conseguir —a lo inmediato— el desarme de las fuerzas de choque. ¡Un reclamo urgente!

El empeoramiento de la situación fue evidenciado por la CIDH. Al brindar el Informe Preliminar, los muertos llegaban a 76. En el Informe Final presentado el 22 de junio —en el seno de la OEA— subieron a 217; de 868 heridos, la cifra pasó a 1,337 y de 478 detenidos a 507. El número de muertos, heridos y detenidos aumenta día a día, según reportes de organizaciones nicaragüenses de derechos humanos. ¿A quién se le ocurre imaginar que los periodistas fuesen ajenos o que permanecerían indiferentes ante estos hechos? ¿Cómo pedirles que no reporten las actividades policiales, de las fuerzas de choque y parapoliciales en contra de la población, siendo ellos mismos víctimas de sus atropellos? El periodismo nicaragüense tiene puesta la mirada en revertir todo aquello que impida ejercer la profesión con la más absoluta libertad. ¡En esto radica por ahora su mayor interés!