28 de marzo 2020
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En un mural de la ciudad de Quito apareció, según Mario Benedetti, la célebre frase “Cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas”. Con esta cita debería iniciar su discurso el presidente de Nicaragua. Las respuestas del Gobierno de Ortega para enfrentar la crisis económica derivada de la explosión sociopolítica abril del 2018 dejó clara la prioridad gubernamental. Sostener el aparato estatal intacto era el objetivo central, este modelo suponía la subsistencia de las grandes empresas y la existencia de un mundo externo invariable con remesas en ascenso y las maquilas operando al cien.
A la primera crisis el Gobierno respondió con medidas contractivas y a como era de esperar profundizó la recesión. Las reformas tributarias y a la Seguridad Social debilitaron al sector productivo y encarecieron la canasta básica. El Gobierno logró cumplir su objetivo, mantener su planilla de 200 000 servidores públicos mientras el sector privado se despidió de más de 150 000 trabajadores. Otra de las medidas gubernamentales para postergar la crisis energética, en tiempos donde se tiene que pagar en efectivo cada barril de petróleo, fue aumentar tres veces consecutivas la tarifa eléctrica. El aumento de la tarifa domiciliar sumó el 17,4% (FUNIDES) para llegar a ser la más alta de la región centroamericana. El resultado acumulado de la política contractiva en tiempos de crisis llevó a una caída del PIB del 5,7% (FMI). Es decir, desde inicios de la crisis el PIB ha perdido $ 1431 millones de dólares, esa suma casi equivale a las remesas recibidas durante todo un año.
A la segunda crisis provocada por el coronavirus el Gobierno aún no reacciona y buenas razones tiene para no hacerlo. Todas las medidas económicas asumidas por otros Gobiernos en materia económica aterran y sobrepasan al Gobierno de Nicaragua. Las medidas asumidas por la paralización de la actividad económica atentan exactamente contra la política recaudatoria que ha garantizado la subsistencia del inmenso aparato estatal. En España, Francia e Italia los Gobiernos decretaron moratoria por meses para el pago de impuestos a la pequeña y mediana empresa, también suspende las cotizaciones a la Seguridad Social. Argentina y Chile en medio de sus crisis también eximen de contribuciones al seguro social a las empresas que han tenido interrupción de sus operaciones y postergan los pagos de impuestos sobre la renta. En Nicaragua la sed de recursos del Gobierno le impide limitar la vida pública como medida sanitaria, pues esta paralizaría la actividad económica que no puede ni medianamente compensar.
Contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Gobierno de Nicaragua mantiene concentraciones masivas a pesar de la emergencia del coronavirus. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL
El Gobierno de Nicaragua parece estar dispuesto a dar la misma respuesta contractiva a esta nueva crisis, un alivio tributario o una significativa reducción en los costos de la energía no están a la vista. Al nuevo panorama de la economía nicaragüense además de la indiferencia del Gobierno se suman severos cambios externos.
Las remesas familiares que crecían cada año hasta superar los $ 1500 millones de dólares están por desplomarse. Con este paquete de salvación contaban 700 000 familias mensualmente. La pandemia ha paralizado a todos los países donde se originan estas remesas tales como Estados Unidos (56%), Costa Rica (17%) y España (13%). Calcular el golpe de la caída de las remesas familiares es una tarea compleja y aterradora. ¿Cuánto están ganando los compatriotas desde sus apartamentos en cuarentena? ¿Tienen para poder subsistir? ¿Cómo llegan a las agencias de remesas con las medidas sanitarias? ¿Están bien de salud?
Las empresas bajo régimen de Zona Franca que generan 125 000 empleos también están directamente afectadas por la crisis mundial de la pandemia. Estos puestos de trabajo están ligados a un engranaje de cadenas de valor del mercado internacional, dependen de pedidos específicos de marcas y de la existencia de materia prima que en parte reciben de otros países. La situación de estas empresas tiene que ser critica, el 24 de marzo después de horas de discusión lograron firmar un acuerdo de emergencia con las autoridades de la Comisión de Zonas Francas y una docena de sindicatos. El documento justifica las medidas apelando al “interés de mitigar los efectos generados por la enfermedad contagiosa COVID-19, producida por el coronavirus”. Este es un ejemplo de responsabilidad de un ente estatal digno de replicar. Con lo que parece una carta de despedida con un montón de firmas ilegibles se autoriza a las empresas a “realizar suspensiones temporales de contratos de trabajo” amparados naturalmente por el artículo 38 del Código del Trabajo. Saber cuántas de estas empresas cierran operaciones y cuantos miles de hombres y mujeres pierden su trabajo es cuestión de días.
En Nicaragua coexisten dos crisis y un Gobierno con el mismo objetivo, mantener a un Estado gigante y poderoso. El alivio de las remesas puede quedar como un buen recuerdo familiar, los grandes generadores de empleo empacan maletas. La vida pública y la dinámica empresarial se irán paralizando, ajustándose a los temores de contagio que sufre el resto del planeta. El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad y revisar sus respuestas, aunque no sea por sus decretos que la población y el sector privado dediquen todos sus esfuerzos por “mitigar los efectos generados por la enfermedad contagiosa COVID-19”.
