Ortega quema sus naves y el último puente

El presidente Daniel Ortega quemó ayer los últimos puentes que le ofrecían la posibilidad de entablar una negociación política para lograr su salida del poder en condiciones de gradualidad, e incluso de abogar por la incidencia de su partido en las instituciones del Gobierno en la futura transición democrática. En un discurso delirante ante varias decenas de miles de empleados públicos, acompañado únicamente por su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo y rodeado de sus hijas y decenas de escoltas policiales armados, Ortega acusó de golpista y terrorista al pueblo que de forma masiva demanda su renuncia, porque está inhabilitado para gobernar después de la matanza, y lo amenazó con más muertes y represión. Pero, además, atacó de forma virulenta a los obispos de la Iglesia católica y a los empresarios que le han ofrecido una hoja de ruta de democratización, para que salga del poder en marzo de 2019, después que se lleven a cabo reformas políticas y elecciones anticipadas. Sin mencionarlos por sus nombres, Ortega acusó a los que “financian el terrorismo”, refiriéndose a sus antiguos aliados, los grandes empresarios, y a los que “nos maldicen en nombre de instituciones religiosas”, aludiendo a los obispos de la Conferencia Episcopal.

Irónicamente, mientras el pueblo en las calles y en los tranques demanda la salida de Ortega del poder de forma inmediata y no el próximo año, han sido los empresarios y los obispos quienes abogaban, incluso contra la advertencia sobre su inviabilidad política, para que Ortega permaneciera en el poder hasta entregar la banda presidencial en 2019. En esa misma posición estaban, al menos hasta antes de este discurso, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el Gobierno de Estados Unidos, alegando que la salida de Ortega antes de las elecciones anticipadas generaría un vacío de poder, aunque nunca han ponderado el caos, la ingobernabilidad, y el desastre económico que representa cada día adicional de permanencia de Ortega en el poder.

Ortega no se atrevió a reeditar la marcha del Repliegue histórico a Masaya, donde le esperaba el repudio masivo de la población liderada por el barrio Monimbó, y sólo llegó al acto partidario de la Avenida Bolívar con un despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad. A pesar de esta evidente muestra de debilidad, intentó intimidar a la nación como si contara con la legitimidad y el respaldo de una mayoría política, cuando únicamente se sostiene en el poder como jefe supremo de la Policía Nacional y de los paramilitares. Y utilizando de forma abusiva una cadena nacional de televisión, proclamó que si lo quieren sacar del poder deben ir a elecciones como manda su Constitución reformada en 2014, es decir hasta el final de su mandato en 2021.

Es probable que al subir la parada Ortega se está preparando para negociar con el Gobierno norteamericano, al que hace un mes ofreció adelantar las elecciones y ahora debe rendir cuentas, después de las sanciones impuestas contra tres operadores de su círculo íntimo --el comisionado policial ¨Paco¨ Díaz, el jefe de los paramilitares Fidel Moreno, y el operador de los petrodólares de la corrupción “Chico” López--. Pero la verdad es que al quemar sus naves con los empresarios y hundir sus puentes con los obispos, también está desafiando a todas las fuerzas del régimen --al sandinismo histórico, a los empleados estatales, a la Policía y los mandos del Ejército-- a alinearse en la defensa incondicional de su esquema de poder familiar. El mensaje inequívoco de Ortega es que el régimen ha llegado a un punto de no retorno y por lo tanto, todos sus allegados deben proclamar su lealtad absoluta, descartando cualquier posibilidad de negociación con la salida que ofrece la rebelión cívica.

La pregunta del millón sigue siendo si los partidarios del FSLN que están empeñados en salvar ese partido, separándolo del destino político de la pareja presidencial; los empleados públicos y trabajadores del Estado, que están ahí por necesidad y vocación de servicio; y sobre todo los oficiales de la policía y del Ejército, que no están comprometidos con la represión y la corrupción, están dispuestos a distanciarse del régimen y retomar los espacios de negociación, o si como el Partido Liberal Nacionalista y todo el aparato estatal de Somoza en 1979, han hipotecado su suerte con la familia Ortega Murillo.

Mientras se despeja esa interrogante, para el pueblo autoconvocado que ha puesto los muertos y que está comprometido con lograr la salida de Ortega y abrir el camino a la justicia y la democratización, solo hay cuatro cursos posibles de acción:

Primero, no caer en la trampa de la violencia, a la que Ortega pretende empujar a la población. Por muy desigual que parezca la  correlación de fuerzas, solo la lucha cívica, la lucha pacífica puede derrotar en un plazo más corto a un régimen dictatorial represivo. En el momento en que Ortega logre infiltrar grupos armados en las protestas, o que la población caiga en la trampa de crear milicias armadas para contraatacar al régimen, Ortega logrará una ventaja estratégica al imponer un esquema de guerra civil, con la fuerza armada de la Policía, los paramilitares, y eventualmente el Ejército.

Segundo, la resistencia ciudadana demanda una determinación de hierro de los líderes que la convocan, para organizar una red a nivel nacional y local, que mantenga al máximo la presión de todas las formas de lucha cívica de forma simultánea: las calles, los tranques, el paro nacional, la desobediencia civil, la presión internacional, la deserción en las filas policiales. La pregunta a debatir no es hasta donde está dispuesto a llegar Ortega para reprimir y matar, sino si los líderes y delegados de la rebelión cívica tienen o no la determinación para mantener el pie a fondo en el acelerador sin titubear, hasta llegar hasta el final y lograr la renuncia del dictador para negociar la capitulación del régimen.

Tercero, el punto de inflexión de esta lucha pacífica para lograr un cambio irreversible se logrará cuando la Policía Nacional se rehúse a seguir reprimiendo --porque ya no pueden sofocar la protesta cívica nacional, y porque el costo político de reprimir será demasiado alto-- , quedando al desnudo como único soporte del régimen las bandas paramilitares. Entonces, el Ejército enfrentará su disyuntiva final: o mantiene su complicidad y se hunde con Ortega, o se convierte en un factor decisivo de estabilización, desarmando a los paramilitares y  facilitando la salida de Ortega del escenario político nacional.

Por último, y no menos importante, para resistir los embates del régimen durante un período que puede prolongarse, la rebelión cívica debe preservar su unidad a toda costa y renovar y ensanchar las banderas de su lucha. Banderas éticas, en primera instancia, pero también esbozar la necesidad de emprender las reformas políticas, económicas y sociales que el autoritarismo orteguista proscribió durante más de una década con el pretexto de hacer un pacto de estabilidad, sin democracia ni transparencia, con los grandes empresarios. Estas son las banderas de cambio que enarbolan las nuevas fuerzas políticas emergentes: la juventud universitaria, el movimiento campesino, y las organizaciones democráticas de la sociedad civil. Pero deben cobijar a todos sin exclusión, a los empresarios, a los partidos políticos democráticos, y también al Frente Sandinista liberado del control político de la familia Ortega-Murillo, para que sea parte de la solución nacional. Porque a final de cuentas, la nueva revolución pacífica del siglo XXI en Nicaragua, solo será verdadera, si es genuinamente democrática.