26 de octubre 2021
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A pocos días del siete de noviembre, no hay nada que evidencie que en Nicaragua estamos en un proceso electoral porque estos “comicios” inéditos e insólitos en que el régimen, tratando de evadir la competencia con opositores que seguramente lo derrotarían, ha hecho todo lo posible para eliminar a sus oponentes y en ese organizado y sistemático esfuerzo dinamitó este ejercicio democrático y lo convirtió, desde ya, en algo inadmisible para una mayoría amplia de la ciudadanía y de la comunidad internacional.
La familia Ortega-Murillo se inmoló en el fuego que incineró la anterior ley electoral sustituida por otra, antojadiza, que excluye a los candidatos opositores, que se auto adjudica el control total, absoluto, de toda la estructura de los comicios y que prohíbe la observación, sustituida por “acompañantes”, es decir, amigos que vendrán a turistear y avalar el mamotreto que se hará.
Su dominio sobre la estructura electoral es tal, que no necesitarán preñar las urnas con votos favorables, no requerirán alterar las boletas electorales, no tendrán que hacer impugnaciones de ningún tipo, etcétera, porque todos los funcionarios electorales están bajo su control, incluyendo los fiscales de los partidos zancudos participantes en estos “comicios”, tan pequeños, que no pudieron poner sus propios supervisores, y cada lugar que no cubrieron, los ocupó el orteguismo.
La familia Ortega-Murillo solo tendrá que decir con qué porcentaje de los votos quiere ganar y el resto se los dará a los zancudos. Será una asignación matemática que harán los sumisos integrantes del Consejo Supremo Electoral, de composición totalmente orteguista, que quizás ya tienen preparados los resultados. Ortega ya ganó.
La legitimidad de las “elecciones” en Nicaragua quedó en duda desde la aprobación de una reforma involutiva de la ley electoral y luego, en el cuerpo moribundo de estos comicios clavaron una puñalada en el corazón al secuestrar la Policía –y en algunos casos sujetos de civil—a siete pre candidatos opositores. En cinco meses de escalada represiva, la familia Ortega Murillo ha aprehendido a 32 personas más, la mayoría líderes políticos, de organizaciones sociales y empresariales y periodistas. Y tras las rejas hay 130 reos de conciencia más, incluyendo a Marvin Vargas, con diez años en la cárcel.
Adicionalmente, prohibieron la movilización pública para conquistar votantes, pero, por otro lado, cada mes el Gobierno organiza miles de actividades como ferias de alimentos, culturales, deportivas, de inauguración de nuevas calles asfaltadas y de todo lo que esté a la mano para presentarlo como una novedad, exponiendo a los asistentes a la contaminación por el coronavirus. Después de que durante muchos años dijeran que no se podía congelar el precio creciente de los combustibles, ahora lo han hecho, a unos días de los “comicios”. Hasta la vacunación es parte de la propaganda orteguista.
Es incomprensible digerir que un gobierno que está organizando elecciones, se suicide al hacer todo lo contrario de lo que la racionalidad manda, es decir, que haya una participación plural, y más bien haya eliminado de un plumazo a sus potenciales oponentes, que, por cierto, según encuesta de Cid Gallup, todos ellos le ganarían ampliamente a Ortega.
Es obvio que se trata de medidas extremas, desesperadas, de un régimen que no puede validarse con la participación popular, que no cuenta con respaldo ciudadano, que no tiene manera de legitimarse y ante la disyuntiva de perder el poder, optó por su única opción: hacer cualquier cosa, lo que sea, digan lo que digan, no importa las consecuencias nacionales e internacionales, pero no permitir perderlo –como dijo de manera premonitoria el fallecido comandante Tomás Borge en una entrevista con “Telesur”--.
Solo entendiendo que del otro lado de la ecuación está la opción de la caída del régimen, se puede comprender que los Ortega-Murillo, en su aferramiento al poder, estén haciendo todo lo posible para dañar los comicios, ensuciarlos, afectarlos, desnaturalizarlos y convertirlos en una farsa, una enorme payasada que el mundo entero está observando y que no serán reconocidos, excepto por aliados como Rusia, Irán, Turquía, Cuba y Venezuela. Su conclusión es que no importa que sean ilegítimos, porque lo estratégico, lo único que les interesa, es continuar con el control de Nicaragua.
La noción de estar fuera del poder no cabe en la cabeza de los Ortega-Murillo porque se creen predestinados por designios divinos --conocimiento que les ha llegado mediante la correcta interpretación del lenguaje de las estrellas y de varias conjunciones de planetas--, para gobernar por siempre nuestro país, el cual, sin ellos –según ellos--, no sería nada.
Paralelamente a las truculencias que ha tenido que hacer el régimen para asegurarse que nadie más que Ortega ganará las elecciones, difunden una campaña de comunicación como que hubiera comicios verdaderos, en la que juega un papel central su encuestadora MR & Asociados, que cada semana informa que en tales departamentos del país la intención de voto es favorable al orteguismo y por más del setenta por ciento.
Los medios de comunicación oficialistas –de escasas audiencias-- hablan con naturalidad, como si nada, en un mundo aparte a la realidad, en un burbuja fantástica, que fueron nombrados tales magistrados electorales nacionales, departamentales y municipales; que fueron acreditados los fiscales; que se aprobó la boleta electoral y que se está imprimiendo en un lugar que ocultan; etcétera. Está diseñada para moralizar a su dramáticamente disminuida base social y para engañar a personas poco informadas.
Aunque en realidad no habrá elecciones, aunque no haya por quién votar, aunque la mayoría ciudadana se quede en casa el 7 de noviembre, aunque las juntas receptoras de votos permanezcan vacías…, ya se sabe que Ortega “ganará” por una mayoría aplastante.
