7 de diciembre 2020
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió este dos de diciembre un nuevo informe sobre “las violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad en Nicaragua”, en el que revela que desde el 18 de abril de 2018 el Estado ha ejecutado 1614 detenciones arbitrarias contra personas que han participado o apoyado las protestas sociales, de los cuales más de un centenar aún están en las cárceles.
El informe documenta las graves violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, que incluyen maltrato, actos de crueldad y un patrón sistemático de violencia sexual contra las mujeres. En las 139 páginas de este reporte exhaustivo, se resumen los testimonios de 266 expresos políticos sobre el infierno que vivieron en las cárceles, oficiales y clandestinas, y en el que aún permanecen los últimos 109 reos de conciencia de la dictadura. Sin embargo, la CIDH advierte que este es solo un fragmento incompleto de la tragedia nicaragüense que ha sido negada y ocultada por el Estado.
El informe demuestra la colusión que existe entre el sistema de justicia y el Ejecutivo para criminalizar la protesta social, y confirma que más de trescientos asesinatos ejecutados durante las protestas de 2018, no han sido investigados y se encuentran en la impunidad. Finalmente, la CIDH descarta que en Nicaragua se haya producido un intento de golpe de Estado, como alega la narrativa oficial para justificar la represión, y constata que desde hace dos años los nicaragüenses vivimos bajo un estado policial que ha conculcado las libertades públicas por las vías de hecho, cerrando todos los espacios democráticos.
El estado policial es solamente la última etapa de la represión. Entre abril y diciembre de 2018, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos -- CENIDH, CPDH, CIDH, OACNUDH, GIEI, Amnistía Internacional, Human Rights Watch -- documentaron la matanza perpetrada por policías y paramilitares, la “operación limpieza”, el encarcelamiento masivo, y la salida al exilio de decenas de miles de personas perseguidas por el régimen. Como ha dicho el exsecretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao, la represión en Nicaragua ha sido reportada “en tiempo real”. Y este nuevo informe de la CIDH viene a sellar, con sus recomendaciones, una ruta en la agenda nacional de derechos humanos para apuntalar las demandas de verdad y justicia.
Irónicamente, frente a esta abrumadora evidencia de hechos comprobados, la semana pasada el presidente Daniel Ortega se autoproclamó defensor internacional de los derechos humanos. En un encuentro virtual de los presidentes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Antonio Guterres, Ortega hizo un llamado a “levantar la bandera de la justicia y de los derechos humanos, para sacudir la conciencia de las potencias".
Después de violar masivamente los derechos humanos y de ser señalado como
responsable de crímenes de lesa humanidad, y luego de haber expulsado del país a las organizaciones internacionales de derechos humanos de la OEA y la ONU, resulta inverosímil que Ortega se presente ante la ONU como “campeón” de los derechos humanos. Pero el cinismo y la mentira han sido siempre una práctica habitual del régimen para construir una realidad alternativa para sus partidarios. Lo verdaderamente novedoso del discurso de Ortega es su desesperación por intentar apropiarse de la agenda de justicia y derechos humanos que se encuentra implantada en la conciencia nacional. Una demanda de justicia que el régimen nunca ha podido callar y al parecer ahora pretende secuestrarla.
Ortega también abogó ante la ONU porque la “tragedia de la pandemia se pueda combatir, con justicia y con respeto a los derechos humanos de todos los pueblos”, pero en su propio país se ha burlado de las víctimas, al ocultar el número de pruebas covid-19 realizadas y sus resultados, y cuántos fallecidos ha cobrado la pandemia ante la negligencia del Estado. El régimen reconoce únicamente la existencia de 161 muertos por el nuevo coronavirus, pero la tasa de sobremortalidad por enfermedades asociadas a la covid-19 sugiere que el número de fallecidos supera los 7 000. El abismo entre el discurso oficial y la realidad se podría resolver con una visita al país de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para realizar una inspección in situ, pero hasta hoy Ortega sigue vetando una auditoría de esta organización internacional.
En su discurso ante el Secretario General de la ONU, después de los huracanes Eta y Iota, Ortega también cuestionó las consecuencias del cambio climático pese a que su Gobierno se rehusó a suscribir el Acuerdo de París en 2015. Dos años después, se adhirió al convenio para salir del aislamiento internacional con el objetivo de acceder a fondos internacionales, y ahora el promotor del fracasado megaproyecto del canal interoceánico, nuevamente truena como abanderado de la “justicia climática”.
Con su nueva demagogia pro derechos humanos, el gobernante está reconociendo el compromiso del Estado de Nicaragua con las convenciones internacionales que ha violado de forma sistemática. Pero si de verdad quiere reconciliarse con los derechos humanos, Ortega debería empezar por liberar a todos los presos políticos, suspender el estado policial, y permitir el retorno al país de la CIDH de la OEA y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos.
Al invocar la justicia y los derechos humanos ante la ONU, Ortega apuesta a ser elegible para obtener más ayuda económica internacional, pero está mentando la soga en la casa del ahorcado pues le correspondería a la Alta Comisionada Michelle Bachelet certificar cuál es la verdadera situación de los derechos humanos en el país. ¿Puede la ONU apoyar la creación de una Comisión de la Verdad, y eventualmente brindar asistencia a Nicaragua para constituir una Comisión Internacional contra la Impunidad, para impartir justicia?. Sin duda, ese debería ser el mandato de un nuevo gobierno democrático, después de salir de la dictadura. Por ello es imperativo primero, la suspensión del estado policial y, después, una reforma electoral — con o sin Ortega y Murillo — para ir a una elección libre, transparente y competitiva.
