8 de mayo 2018
Trascurrieron tres semanas de la violencia de abril con decenas de jóvenes asesinados, acciones policiales violentas y de turbulentos militarizados del orteguismo; actitudes deshumanizadas en centros públicos de salud en perjuicio de jóvenes heridos, un indefinido número encarcelados o desaparecidos… y el diálogo, además de seguir siendo algo dudoso, se ha convertido en una mampara para encubrir las maniobras del oficialismo, buscando cómo desmovilizar a la ciudadanía que protesta y reclama.
Con burdas acciones habituales y en serie: el gobierno tira las piedras y esconder la mano, acusa a partidos políticos de derechas de dirigir las protestas, siendo que el mismo Ortega los tiene anulados, comprando líderes y cancelando personerías jurídicas (dos versiones de matar e ir al entierro). El cinismo de seguir asegurando que las muertes resultaron de pleitos entre “delincuentes”, así calificados los estudiantes por Daniel Ortega, lo mantiene junto a toda clase de descalificaciones del movimiento estudiantil.
La última y más despreciable maniobra fue crear una “comisión de la verdad”, de cuyo prestigio, imparcialidad y confianza nadie que conozca a sus integrantes daría un centavo de córdoba por ellos. Para mí, conocer a sus integrantes, fue un hecho automático recordar algo que escuché alguna vez, aplicable a la comisión del jefe somocista, Gustavo Porras: confiar en esta comisión… “sería como creer que… ¡se puede escribir en el agua, guardar agua en una fragua y el mar un alfiler”!
Otra maniobra recurrente es poner a orar a empleados públicos en las rotondas, lo que nunca ha dejado de ser reprobada por creyentes y no creyentes. Y para crear una falsa atmósfera de tranquilidad y de paz, las oraciones las combinan con bailes y canciones populares. Todo, con la finalidad de echar una cortina de humo “sagrado” y una imagen de “santidad” sobre el clamor nacional por el castigo a los culpables directos de todos sus crímenes, y por la renuncia de los dos personajes menos idóneos para seguir imponiéndose en el poder, quienes, además, lo ostentan ilegítimamente por medio de fraudes y otras ilegalidades.
Entre tanto, los gobernantes no logran quitarse de encima el índice popular que les acusa. Los promotores más visibles del diálogo, los obispos católicos, comenzaron a tomarse el derecho de nombrar delegados al diálogo a personas que –con sus cualidades ciertas o falsas— solo les corresponde ser elegidos por sus respectivos sectores. Del diálogo se habla mucho, y el gobierno no lo impulsa en la práctica con seriedad, dándose tiempo para maniobrar. Los empresarios siguen más interesados en lavar su imagen que en darle al diálogo la finalidad práctica y justa que demandan los sectores populares y estudiantiles con castigos y renuncias, como la única salida no demagógica a la crisis de la que ellos son coautores por sus políticas económicas privilegiadas y su aprobación objetiva de las políticas inconstitucionales de Ortega.
No obstante, los empresarios anunciaron su delegación excesivamente numerosa, pues además de los líderes de las dos cámaras empresariales–Cosep y AmCham—, pretenden incluir en el diálogo a los presidentes de cada una las organizaciones afiliadas. Y Ortega ni siquiera ha insinuado como organizará su delegación, lo que hace sospechar que piensa darse la licencia de no responder directamente por sus responsabilidades, sino delegar en personajes sin ninguna autoridad, precisamente, por solo tener cómplices a su lado.
Esas irregularidades en torno al diálogo, se hacen más dañinas para los fines que algunos le atribuye a este recurso cívico. Gobierno y patronos buscan aprovecharse de la espontaneidad del levantamiento estudiantil y su falta de un liderazgo único, pero olvidan que son líderes naturales surgidos de manera espontánea dentro de las universidades. Esta situación crea el peligro de la infiltración –en lo que es muy experto el gobierno— y la manipulación, pero la valentía, honradez y nobleza que caracterizan al estudiantado, generará sus propios antídotos contra cualquier maniobra.
Aunque es cierta la heterogeneidad del estudiantado, más cierto es la legitimidad de su protagonismo, ganado con sus luchas y la sangre de sus compañeros. Por eso, sus delegados deben representar a cada una de las universidades en donde estudian, imponiendo la necesidad de que su delegación sea tan numerosa como universidades existen. De tal forma, la heterogeneidad de su movimientos no será obstáculo para legitimar su representación, porque, además, está probado que sus demandas les son comunes a todos ellos y son las que todo el pueblo respalda.
Nadie debiera olvidar –como pareciera que algunos desearan hacerlo— que si en verdad las dos más grandes marchas habidas hasta hoy, fueron las dos convocadas por el Cosep y el clero católico, respectivamente, la demostración extraordinariamente masiva de cada una se debió a la participación de todos los sectores sociales del país. Y tuvieron esa variada representación, no porque mediara la influencia patronal, ni solo las creencias religiosas, sino más bien por un profundo sentido de rechazo, demanda de justicia por los crímenes, y por su solidaridad unánime del pueblo con el estudiantado.
Otra necesaria observación: la acusación de Ortega contra los partidos políticos de la derecha, de estar utilizando al movimiento estudiantil para sus planes conspirativos contra su gobierno, es totalmente falsa. Todo el mundo sabe que Ortega se contradice, pues él, con sus medidas antidemocráticas ha logrado el nulo funcionamiento de esos partidos; y que esas medidas, van desde la cancelación de personalidades jurídicas para sacarlos de los procesos electorales, hasta comprar conciencias y voluntades políticas de algunos de sus líderes.
Sin embargo, esos partidos están vivos, aunque no haciendo lo que al país y al pueblo le conviene. Sus declaratorias de solidaridad para con el movimiento estudiantil, son formales, por no decir oportunistas... que muy bien lo puede ser de parte de ciertos sectores.
Algunos de sus líderes siguen desplazándose hacia los Estados Unidos, para reiterar ante congresistas conservadores la petición de su apoyo para facilitarse el ascenso al poder, sin contar con la participación popular ni con programas progresistas. Otros lo hacen en dirección geográfica opuesta, hacia el Sur, pero con el mismo objetivo de involucrar a gobernantes, como el pinochetista chileno Sebastián Piñera, para que gestionen dentro del “Grupo de Lima”, integrado los más desprestigiados gobiernos de la OEA, que es igual que recurrir a una de las sucursales del Departamento de Estado en América Latina.
Como vemos, existen muchos frentes de lucha dentro de la crisis política nacional, y eso invita al pueblo a ser vigilante, objetivo, crítico y observar con criterio independiente para poder definir una actitud patriótica ante las dos fuerzas anti populares: el orteguismo represivo y el oportunismo pro yanqui.