21 de abril 2018
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Las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) impuestas por el presidente Daniel Ortega, aumentando sustancialmente las contribuciones patronales y laborales, e imponiendo un ilegal impuesto a las pensiones de los actuales jubilados y una disminución a las pensiones futuras, han generado una ola inesperada de protesta social.
Durante una década, Ortega ha impuesto una dictadura institucional, un régimen Estado-Partido-Familia que concentra todos los poderes del Estado, incluyendo el Ejército y la Policía, y promete orden social, combinando estabilidad económica con represión selectiva y cooptación social. El control absoluto del poder, que solo comparte con su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo, le ha permitido sofocar reclamos políticos por fraudes electorales y las protestas campesinas ante el fracasado megaproyecto del canal interoceánico.
Uno de los pilares de sustentación del régimen es la alianza con los grandes empresarios a los que otorga oportunidades de inversión, en un esquema de cogobierno en los aspectos económicos, sin transparencia ni democracia. El otro ha sido el uso discrecional de la millonaria cooperación venezolana de más de 4000 millones de dólares otorgada por el chavismo --el mayor y más descarado acto de corrupción de la historia nacional--, que empezó a mermar hace dos años.
Al terminarse los años de “vacas gordas”, llegó la anunciada crisis fiscal. El miércoles pasado Ortega aprobó un paquete de medidas para extraer más de 250 millones de dólares --1.5% del Producto Interno Bruto--, para evitar la quiebra de la seguridad social, que ha sido agravada por la corrupción de su Gobierno, sin calcular las consecuencias.
Las cámaras empresariales rechazaron las medidas advirtiendo que al imponer el paquete económico de forma unilateral, el Gobierno rompió el mecanismo de “diálogo y consenso”, con políticas contractivas que generarán desempleo, pérdida de competitividad, e inestabilidad económica. El reclamo plantea nuevas interrogantes sobre el futuro de esta relación, que ha sido crucial para otorgarle legitimidad a un régimen autoritario, que eliminó todo contrapeso de la oposición política.
La envergadura de la reacción popular llegó sin aviso, cuando un grupo de jóvenes universitarios y decenas de adultos mayores se autoconvocaron en una protesta pacífica contra el golpe a la economía popular. La brutalidad de la represión desatada por las fuerzas de choque del Gobierno, protegidas por la Policía, generó un estado de indignación, alimentado por las imágenes de jóvenes y adultos heridos, y periodistas vapuleados y asaltados. A pesar de que controla la mayoría de los canales de televisión, el régimen impuso la censura y suspendió la señal en el servicio de cable del canal100% Noticias. Un día después, estallaron nuevas protestas en las universidades que reciben fondos del presupuesto del 6% del CNU y eran bastiones políticos del régimen, y se extendió en Masaya, Estelí, Matagalpa, León, Chinandega y otras ciudades del país.
La protesta sin líderes visibles ni organizaciones que la convoquen, ha dejado diez muertos, entre ellos un policía, y una veintena de heridos. Su reclamo inicial por asalto a la seguridad social, se ha desbordado contra los agravios políticos acumulados por el régimen: el autoritarismo, la represión, y la corrupción que simboliza la pareja presidencial. La consigna generalizada “no tenemos miedo” y el derribamiento de los omnipresentes símbolos del régimen --los “chayopalos” y megarótulos que rinden culto a la personalidad de Ortega y Murillo-- define con claridad las banderas de esta protesta en demanda de libertad, democracia, y participación política para terminar con una dictadura.
En cinco días de espontánea rebelión popular, el orteguismo perdió el monopolio del control de las calles, y demostró que sólo puede sostenerse en el poder a través de la represión criminal. Su sistema político de control autoritario, incluida la alianza con el Cosep para negociar a puertas cerradas todos los temas económicos y sociales de la vida nacional, ha sido cuestionado desde la raíz, por una nueva legitimidad popular y nacional, teñida con la sangre de víctimas inocentes.
La convocatoria de las cámaras del sector privado Cosep, Amcham, Conimipyme, a una marcha pacífica el lunes en rechazo a la violencia, es un paso necesario pero insuficiente para promover una salida a la crisis nacional. Para dialogar, no a puertas cerradas, sino en un debate nacional incluyente con testigos y garantes internacionales, se requieren al menos cuatro requisitos:
- El cese inmediato de la represión paramilitar y policial y el castigo a los culpables de la represión.
- La separación de sus cargos de la primera comisionada Aminta Granera y el director de facto de la Policía, comisionado general Francisco Díaz.
- La derogación del decreto presidencial 03-2008 sobre el paquete de medidas del INSS.
- La separación del doctor Roberto López de su cargo como presidente ejecutivo del INSS.
Solamente después de cumplir estos requisitos mínimos habrá condiciones para la instalación de un diálogo nacional, nunca más una “misa negra” o negociación a puertas cerradas con el Cosep, para devolverle el derecho a todos los actores de la sociedad a participar en un debate nacional, que empieza con la reforma integral del INSS y la restitución de su autonomía, y termina con la reforma política y la reforma electoral.
Es inútil intentar predecir el desenlace de esta crisis si el Gobierno sigue recurriendo a la represión, lo único seguro, por ahora, es que tras el “paquetazo” del INSS, habrá un antes y después, un verdadero parteaguas en las relaciones entre la dictadura orteguista y la sociedad nicaragüense.
