16 de enero 2019
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El pasado 22 de diciembre se publicó el informe de la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este informe cumple con dos características para ser tomado en serio por la sociedad (y la política) nicaragüense: es lo más parecido al informe de una comisión de la verdad y narra con crudeza y profesionalidad el horror del primer mes y medio de la rebelión del pueblo nicaragüense contra la tiranía de Ortega.
Después de leer sus casi 470 páginas uno acaba horrorizado. No porque no supiera del actuar inhumano y desalmado del orteguismo, sino porque al ser la reconstrucción tan exhaustiva y de tanta calidad los crímenes cometidos cobran todas sus dimensiones. La conclusión lógica sobre lo ocurrido, aunque tan sólo represente el recuento de 58 de los más de 270 días de lucha, es que no debería ocurrir nunca más.
Haciendo un rápido recorrido de nuestra historia, es la primera vez que un conflicto social y político en nuestro país es examinado con la intención de aclarar lo ocurrido desde la perspectiva de una comisión de investigación imparcial, con la finalidad de iniciar un proceso de verdad, justicia y reparación. Ninguna de las guerras que han desangrado a Nicaragua ha concluido con un informe de la verdad que deslinde responsabilidades. Y como esto no ha ocurrido, el establecimiento de la verdad tampoco ha desembocado en la impartición de la justicia por los delitos cometidos al amparo de las hostilidades; la impunidad ha sido el terreno fértil para que los culpables no sólo queden libres de castigo, sino que además se hayan reinsertado en las instituciones para mayor escarnio de las víctimas y sus familiares. En consecuencia, estas últimas se han visto privadas de programas de reparación que el Estado nicaragüense debió haber puesto en práctica.
Olvido, impunidad y revictimización han sido las bases de las “reconstrucciones nacionales” promovidas por los gobiernos post conflicto, en nombre de la reconciliación y la concordia que sólo han supuesto la libertad de los verdugos y el desamparo de las víctimas. Además, esta trilogía de la iniquidad ha transmitido un mensaje a la sociedad (y la política) que se ha grabado a fuego en la mentalidad de quienes ejercen el poder: en Nicaragua impera un régimen de impunidad en el que los culpables no pagan por sus crímenes; asesinar, torturar, violar y robar sale barato. Un especie de “mate ahora y viva tranquilo después”.
La segunda característica por la que este informe debería ser leído por todos, es la disección que realiza del patrón seguido por las autoridades -las mismas que en teoría deberían velar por la seguridad ciudadana- para hacer el mayor daño posible a la población que intervino en las protestas de claro predominio cívico y pacífico.
Entre los capítulos VII y VIII, el informe identifica con rotundidad los factores de generalidad y sistematicidad empleado por prácticamente todas las instituciones del Estado (sistematicidad), en ataques a gran escala en distintas partes del país y con alto número muertos y heridos (generalidad), frente a un contendiente desarmado que únicamente los superaba en número y en determinación. Además, como bien señala la radiografía de la violencia en el capítulo VII, el conflicto se libró (y lo sigue haciendo) entre profesionales y espontáneos, entre militares, ex militares y paramilitares, y una población que románticamente demandaba el cambio político con movilizaciones callejeras, que sólo amenazaban la hegemonía política del orteguismo.
Si algún plan ha habido detrás de esta crisis ha sido el plan urdido por sus jerarcas para ahogar en sangre la rebelión. Ni complot de golpe de Estado ni ataques terroristas para lograrlo. Ni hubo un poder u órgano del Estado que movilizara a la población para alzarse en contra del Ejecutivo, ni la población usó la violencia de forma indiscriminada en contra de funcionarios del gobierno para lograr fines políticos. Esto también lo deja muy claro el informe.
La crisis se originó en una gestión desastrosa de las demandas sociales por parte del orteguismo, que desde el 19 de abril no ha hecho otra cosa que echar gasolina al fuego que el propio régimen provocó. Nueve meses después la dictadura sigue sin querer entender “cómo se llama el tren que la atropelló”, insiste en el mismo diagnóstico erróneo de lo ocurrido. Los gerifaltes del régimen creyeron que se trataba de una protesta como las de años anteriores, que con la represión policial y la violencia de las pandillas de la juventud sandinista lograría desmontarla.
En cambio, el patrón de la represión, enfocado en disparar a mansalva contra gente desarmada en todo el territorio y con el apoyo de todo el Estado, y más tarde en descabezar y erosionar la rebelión, fracasó frente a una modalidad de protesta policéntrica y transversal. Un régimen arraigado en el vanguardismo fue incapaz de ofrecer respuestas a la complejidad, la dinámica y la diversidad la autoorganización que caracteriza a las sociedades modernas.
Paradójicamente, el régimen Ortega fue víctima de su propia estrategia de destruir los mecanismos institucionales para procesar el conflicto y eliminar los mecanismos de mediación entre el Estado y la sociedad. Sin puentes ni válvulas de escape, propició que cada ciudadano se sintiera con el derecho de salir a protestar a las calles sin necesidad de que alguna organización lo llamara a la lucha.
Ante el fenómeno inusitado de la autoconvocatoria, el tirano se vio aquejado por la misma falta de reflejos que padecen los regímenes autoritarios decadentes: respondió con los crímenes de lesa humanidad que el Informe enumera entre las páginas 231 y 234 y aún sigue estancado en su albañal.
El informe del GIEI debería completarse con otro informe integral sobre todo el período que dure la crisis hasta que se vaya el dictador y su camarilla. El gobierno que asuma la transición deberá encargar que se complete un informe de la verdad que sea de lectura obligatoria de la futura clase política, y que sea la base de la justicia y la reparación. Nunca más dictaduras, nunca más asesinatos y presos políticos, nunca más exilio masivo forzado, nunca más atropellos a la libertad de expresión, nunca más impunidad. Nunca más Nicaragua desangrada.
