17 de octubre 2017
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Si la situación del señor Wilfredo Penco, quien se debate entre la desconfianza de unos como misionero de la OEA y de la fe de otros en su gestión, no cargara en sí misma el drama de un pueblo convocado a votar otra vez sin el poder de elegir, merecería verse como un sainete propio de nuestra atrasada política tercermundista. Es que la personalidad del señor Penco puede o no puede ser cuestionable, pero él, un simple delegado de una institución como la OEA, no es quien debería cargar con toda la desconfianza y la crítica, sino esta institución al servicio de la política de los Estados Unidos hacia América Latina.
Poco o nada importa de qué país el señor sea originario ni el cargo que desempeña en su país, mucho menos su tendencia política, porque cada persona es lo que quiere ser y hacer en su vida. Pero sus críticos omiten que la institución a la que sirve, la OEA, fue creada a instancia de Estados Unidos en 1948, con la finalidad específica de servir a sus fines dominantes sobre los países del sur del continente americano. Desde entonces está al servicio del poder imperial dominante y de su permanente injerencia en los asuntos de todos los países que la integran, y lo ha hecho sin excepción ni piedad durante más del último siglo y medio.
El sector opositor que dispara su crítica hacia el señor Penco, evadiendo recordar la naturaleza e historia de la OEA (y lo peor, elogiándola) lo hace también descuidando su accionar en contra del gobierno responsable de todo el desmontaje de la institucionalidad del Estado, la concentración familiar del poder y su enriquecimiento, más repugnante cuanto más notoria se hace la pobreza de la mayoría de la población trabajadora o sin trabajo digno, de la ciudad y del campo.
No menos repugnante es la publicidad de algunos medios que gozan y ganan por jugar con las estadísticas oficiales de un crecimiento económico constante, avalado por instituciones externas de poca confianza por sus intencionalidades políticas. Si esas estadísticas del crecimiento económico en continuo e increíble porcentaje anual fueran ciertas, a estas alturas Nicaragua ya estuviera al nivel de por lo menos los países del G-20.
Fuera de esa fantasía, sigue incólume un consejo electoral constituido como un férreo aparato cuya función asignada por el poder, no es otra que atrapar votos incautos, falsear las cifras de los votos, inventarlos cuando estos no llegan voluntarios a las urnas, “conquistar” a miembros “opositores” de las mesas electorales o sacarlos del partido orteguista uniformados de opositores. Al final de cada proceso, se ocupa de montar el escenario vodevilesco donde un presidente electoral, con una cara de barro como hecha a la medida, leerá en cadena nacional de radio y televisión los resultados electorales a favor del orteguismo. No importa si durante el proceso de votación esa misma cadena no lograra presentar ninguna prueba visual de las mesas electorales rebasadas de clientes, o que reflejaran la verdad de que los burócratas de mueren de aburrimiento en las puertas de los centros de votación, sin que nadie requiera sus servicios.
Después, cuando saltan las justificadas dudas, aparece la OEA, a veces diciendo la verdad sin que de ello se derive nada, y otras veces los Penco dando testimonios de unas elecciones inverosímiles por su limpieza y “gran” participación ciudadana. Luego, un sector anodino de la oposición acumulará sus resentimientos para expulsarlos en la próxima campaña electoral, mientras otro sector hace las cuentas acerca de las ganancias que le produjo participar en “la fiesta cívica”.
Durante el siguiente intervalo entre votaciones, los problemas reales se siguen cebando a costa del pueblo trabajador que se debate entre la indiferencia cultivada por la propaganda política y comercial, las inconformidades silenciosas y los conatos de rebeldía sin organización. Pero cuando sectores importantes despiertan de su letargo, se organizan, se enfrentan a la represión policial y se movilizan sin miedo de forma independiente, como lo están haciendo los campesinos en defensa de sus tierras, la soberanía nacional y el medio ambiente ante la amenaza de perderlo todo con el canal interoceánico, esos mismos sectores que claman a la OEA y a Washington para que les “restituyan la democracia”, se hacen los sordos o les regalan una declaración de apoyo sin ninguna consecuencia práctica.
Para quienes ven cerradas todas las vías para luchar por los derechos políticos frente al poder orteguista fuera de los sainetes electorales, el despertar del pueblo como el que vemos en el campesinado anti canal no les parece una vía transitable, porque temen perder las comodidades de su vida burocratizada, pero eso solo lleva al oportunismo, a la inmovilidad, a el compromiso político con los intereses externos y a la traición a los intereses nacionales.
Si un señor Penco de cualquier país, de cualquier ideología política, con su cuestionado papel de observador electoral o merecedor del aplauso oficial le preocupa en extremo a cierta oposición, siendo generoso, se podría atribuir a una miopía política. Y si se fuera un poco más sincero, a la miopía política podría agregarse una fuerte dosis de oportunismo político. Eso se revela en el hecho de que centran sus críticas contra un señor de la OEA, y de vez en cuando la dirigen contra el otro señor, Luis Almagro, porque este no es agresivo contra el gobierno de Nicaragua, como lo es contra el de Venezuela.
Cuesta creer, que ilustrados señores de oposición luzcan en los medios de prensa semejante miopía política. ¿En qué consiste esa miopía? En que no ven a esos señores –Penco y Almagro— como portavoces que son del organismo interamericano cuya línea de acción política se la determina el Departamento de Estado yanqui. ¿Y cuál es esa línea política con diferente accionar ante ambos países?
En Venezuela se pretende destruir su ejemplo de cómo se reivindican sus recursos naturales para desarrollar una economía independiente de las transnacionales que le permita invertir en desarrollo social para saldar la deuda histórica de su burguesía coimera con las clases trabajadoras del campo y de la ciudad.
En Nicaragua hace otra cosa. Le hacen ligera crítica, le decretan amenazas y le toleran el sistema político anticonstitucional, porque aquí no existe ningún proyecto reivindicativo nacional:
Aquí el gobierno otorga generosas concesiones a las transnacionales mineras y otras; impuso la Ley 840 que arrasa con la soberanía nacional, de lo que podría sacar ventaja el capital estadounidense, porque deja libre al concesionario chino para negociar nuestro territorio con cualquier consorcio capitalista de cualquier país; obedece fielmente al FMI; ha convertido al país en el paraíso de las empresas en las Zonas Francas; y si algo faltara, lo complementa la asociación financiera y legislativa de Daniel Ortega con el Consejo Superior de la Iniciativa Privada (Cosep) principal organismo operativo del gran capital criollo y extranjero.
Si no fuera así en realidad, ¿por qué creen que los partidos de la derecha se portan tan tímidos en sus críticas a la Ley 840, como indiferentes se muestran respecto al movimiento campesino anti canal? ¿No es sospechosa su miopía respecto a la OEA y su función pro yanqui, mientras enfocan sus baterías hacia el lado personal de sus empleados Pencos y Almagro?
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