7 de noviembre 2021
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En los últimos años (2007-2021) he señalado la necesidad imperiosa de volver al Estado de Derecho, para evitar el descalabro y retomar una imagen positiva de la nación, pero todo ha sido en vano. El Gobierno Central no escucha ni desea escuchar posiciones proactivas.
Embelesado con el poder ha desviado su norte y, más aún, ha colocado a un lado el Programa Histórico del FSLN, que mandataba velar por los derechos humanos, entre otros derechos conculcados por el Gobierno somocista.
Son incontables las solicitudes realizadas a lo largo del último quinquenio por intelectuales, por Gobiernos, por asociaciones, por la OEA, por la ONU, para iniciar una nueva etapa con el cumplimiento de recomendaciones y de medidas que coloquen a Nicaragua como un país cumplidor de sus compromisos y de los acuerdos que firma.
El argumento esgrimido por parte del Gobierno Central de la posición de “la defensa de la soberanía” y de la “autodeterminación”, es solamente propaganda engañosa para no aclarar a la ciudadanía nicaragüense del porqué no toman en cuenta las recomendaciones y medidas, hechas por organismos internacionales como la ONU. Nicaragua es estado fundador del principal organismo multilateral que ha tenido el planeta, y como tal, está comprometido al cumplimiento de sus Normas. De igual manera, es miembro fundador de la Organización de Estados Americanos y en 1979, el pueblo nicaragüense recurrió a la OEA para con el apoyo de los Estados Miembros, desalojar a la dictadura somocista del poder en el marco legal, diplomático y de derecho internacional.
La soberanía se defiende con las armas en la mano, cuando un país es agredido por otro país, pero en este caso, lo que los países están diciendo es llamar al orden a Nicaragua para que cumpla con lo acordado.
La obcecación por el poder y por atornillarse en el mismo, ha obligado al Gobierno central a violar la Constitución, a crear un entramado de leyes para ahogar a la oposición, para dizque acusarlos de traidores a la patria y de cualquier otro delito, violando las normas básicas y éticas de todas las normativas nacionales e internacionales sobre los Derechos Humanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta generación. Lo anterior ha sido señalado, documentado e informado por los organismos correspondientes de la OEA (CIDH) y de la ONU (Alto Comisionado de los Derechos Humanos) que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos por parte de los Estados.
Pero el mayor agravio a la sociedad nicaragüense y al sistema internacional de naciones es aplicar, por parte de algunos miembros de la Policía Nacional, tortura sexual a mujeres y hombres por pensar diferente. Ese es un elemento que todo nicaragüense debe tomar en cuenta para demandar el respeto a la dignidad humana.
Los testimonios narrados por las víctimas obligan al Estado de Nicaragua a iniciar una investigación a profundidad que permita encontrar a los culpables de esos hechos bochornosos, claros ejemplos de la decadencia de la moral y de la ética.
Para ilustrar copio textualmente los considerandos 11, 12 y 13 de la sentencia del Tribunal de Conciencia realizado en San José, Costa Rica, el 11 de septiembre de 2020.
11- Que las víctimas denunciaron los siguientes hechos de tortura física: ejercicios físicos extenuantes, golpes con los puños y patadas, golpes con objetos (macanas antidisturbios conocidos en Nicaragua como “amansa bolos”), golpes con pistolas y culata de fusiles, extracción de uñas de pies y/o manos, con tenazas o instrumentos corto punzantes, golpes en los brazos con culatas de fusiles o amansa bolos, golpes en las costillas, quebradura de dientes, fractura de quijada, fractura de narices, simulación de asfixia mecánica, ahogamiento simulado entre otros
12- Que se denunciaron prácticas de tortura psicológica como: obligarlos a presenciar las torturas de otras personas, lanzarles orines y excrementos, suspenderles agua y alimentos por tiempo prolongado, amenazas de asesinarlos/as o desaparecerlos/as, amenazas de capturar, secuestrar o asesinar a los familiares, sobre todo a las hijas/os menores de edad entre otras.
13- Que la tortura sexual se manifestó por medio de: violaciones carnales anales, violaciones carnales vaginales, violaciones anales y vaginales con objetos (cañones de fusiles, escopetas, pistolas, macanas antidisturbios o “amansa bolos”), violaciones múltiples de tres y más perpetradores (un caso de 15 sujetos violando a una prisionera), quema de genitales con ácido (posiblemente ácido de batería), en casos, donde las mujeres fueron obligadas a abortar producto de las violaciones o utilizando suero abortivo, desnudar a las personas capturadas ya sea delante de sus captores o delante de otros capturados, amenazas de ser violados, tanto hombres como mujeres entre otros. (Recuperado de Tribunal de Conciencia Violencia sexual: Crimen de lesa humanidad en Nicaragua. San José, Costa Rica, 11 de septiembre de 2020)
La represión ejercida por parte del Gobierno contra el periodismo nacional ha sido documentada por innumerables organismos de periodistas y las propias organizaciones han demandado el cese a la violación a la libertad de expresión, de prensa y a la dignidad humana de cada uno de los comunicadores.
La forma irrespetuosa y falta de decoro por parte del Gobierno para referirse a los periodistas es, en sí, un acto de violencia verbal y psicológica a quienes a diario informan sobre los sucesos y acontecimientos que se desarrollan en el país. El periodismo nicaragüense se ha ganado un lugar en la historia en tanto ha luchado al lado del pueblo en cada circunstancia histórica que le ha tocado vivir.
Esta falta de respeto también se observa en el tratamiento a los representantes diplomáticos de los Estados, con quienes Nicaragua tiene relaciones políticas, económicas, comerciales y sociales. Esto ahonda la violación flagrante a los acuerdos y normas internacionales de los tratados internacionales del respeto mutuo entre las naciones.
Nicaragua siempre ha sido respetuosa de sus relaciones y en este último período del Gobierno Central (2007- 2022) es manifiesto el uso de un lenguaje altisonante, irrespetuoso, insolente y, de manera particular, vulgar, dando pie a una “diplomacia de calle” jamás vista y oída en la nación nicaragüense.
De igual manera, el Gobierno Central ha deteriorado sus relaciones con la Iglesia Católica provocando en el seno de la ciudadanía creyente un rechazo constante de parte de ésta a la forma de tratamiento a los jerarcas católicos, a sus símbolos y a sus signos.
Personalidades, notables, intelectuales, dirigentes históricos del sandinismo, líderes empresariales, periodistas, líderes políticos han sido encarcelados sin cumplir con las normas del debido proceso; y perseguir a escritores y periodistas deteriora aún más la imagen de Nicaragua.
Es en este marco en que se desarrollarán las elecciones del siete de noviembre de 2021 y su servidora deja constancia de estos atropellos a los Derechos Humanos antes de la celebración de las mismas.
Guatemala, 31 de octubre de 2021.
