3 de octubre 2018
La escalada represiva de la dictadura Ortega-Murillo, en un poco más de cinco meses, ha causado más víctimas humanas que los últimos terremotos y un tsunami en Indonesia. Según registros de los organismos defensores de los derechos humanos –nacionales y extranjeros— suman más de 500 asesinados, unos cuatro mil heridos, más de 1300 desaparecidos y 400 secuestrados.
Por lo menos, ¡6200 víctimas! Calculando que cada familia nica, normalmente tiene cuatro miembros, las víctimas directas se elevan a 24 800 personas, 30 000 exiliados que escaparon de la represión orteguista. Con parientes, amigos y ciudadanos perseguidos, más los amenazados, Nicaragua vive una tragedia nacional.
Para empeorar, hace cinco días la dictadura endureció la represión contra la libertad de manifestarse. A través de un comunicado firmado por su guardia, Ortega “legisló” criminalizando las manifestaciones cívicas pacíficas y a sus convocantes. De esta forma “legal”, confirma lo que viene haciendo durante los últimos seis meses en contra de los derechos constitucionales.
Nada diferente, pues las reelecciones de Ortega tienen origen inconstitucional, porque para ello ha violado la Constitución Política de la República con la complicidad de sus esbirros-magistrados, como hora la viola una vez más con la complicidad de sus esbirros-policiales. (Y, ¿en dónde está el “Ejército Nacional” que no justifica su existencia ante el pueblo que lo mantiene?)
Con esa imagen de la dictadura Ortega-Murillo, la misma que el mundo pareció ignorar antes del 18 de abril/2018, y comenzó a saber cómo se criminaliza la rebeldía popular que no tiene más armas que su valor, pero tiene en jaque a la dictadura a costa del sacrificio de la más joven generación de los nicaragüenses.
Ahora, cuando el mundo está enterado acerca de toda la criminalidad orteguista, recibe una solidaridad internacional bastante perezosa, pues no pasa de declaraciones y acuerdos condenatorios del régimen de todos los organismos internacionales de derechos humanos.
Incluso, la aprobación de sanciones por la Comisión del Exterior del Congreso norteamericano, que ha causado bastante ruido en el ámbito político nacional y extranjero, vino después de mucho tiempo de tenerlas en discusión; aún falta la aprobación en el plenario, pasar al Senado y luego ir a la Casa Blanca para ver qué hace con ellas Donald Trump.
Promovidas esas leyes por congresistas ultra conservadores de origen cubano, ahora acentúan su discurso crítico contra la represión orteguista, pero que parecieran estar hechos con vistas a las futuras elecciones, más que a la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
Y, ¿qué ocurre internamente? Que en algunos especialistas en política “americana”, ha florecido el fatalismo geográfico, esperando milagros de las sanciones del Congreso norteamericano, lo cual podría disminuir la confianza del pueblo en sus propias acciones contra la dictadura.
Es claro. El único culpable es Ortega, por sus brutales violaciones a los derechos humanos y criminalización de la protesta cívica. Todo es consecuencia de sus violaciones al orden constitucional, que lo han llevado a creerse dueño del país, a explotarlo como si fuera su hacienda y tratar a los nicaragüenses como si fueran sus mozos.
Por eso, no debemos poner énfasis en que por ser Estados Unidos “nuestro principal socio económico”, Ortega se irá del poder por las sanciones “americanas”. Esas sanciones no pueden ser el factor principal para librarnos de la dictadura; lo esencial es la lucha popular sostenida sin descanso ni concesiones como hasta hoy. Bienvenida la solidaridad, como evidencia del respeto que todos los países deben a las leyes internacionales que defienden los derechos humanos, y no por condicionamientos políticos de nadie.
Lo que quiero demostrar, es la inconsecuencia de estar en lucha frente a una dictadura criminal, y al mismo tiempo contribuir a condicionar en la mente del pueblo la idea de que con la solidaridad de los Estados Unidos será suficiente.
Necesitamos la solidaridad norteamericana, tanto como la solidaridad de todo el mundo, y debemos recibirla sin discriminaciones ni prejuicios políticos ni xenofóbicos. Pero se requiere una actitud sensata (sin propaganda en favor de determinado país, ni condenas contra otros países), lo que no es óbice para tener presente la verdad histórica tal cual. Tampoco se trata de poner la historia como un valladar a las relaciones solidarias de ningún país.
El realismo político obliga a no dejar de hacer observaciones de los hechos de actualidad internacional que ronda nuestra realidad:
Contra Venezuela, por ejemplo, los jefes del Estado norteamericano no vacilan al proclamar públicamente que no descartan la opción militar contra ese país, sin que medie ninguna decisión de su Congreso, ni les interesa respetar el derecho internacional.
En el caso de Nicaragua: durante once años, los gobiernos estadounidenses estuvieron satisfechos con la política orteguista de alianza con el gran capital, su obediencia al FMI y su política económica neoliberal. Las violaciones de Ortega a la institucionalidad del país, apenas les merecían atención. Pongo estos ejemplos, para hacer ver que la prioridad del interés norteamericano hacia Venezuela, no es otro que su petróleo, recurso que Nicaragua no tiene.
Venezuela tiene unos 26 millones de habitantes, y durante las guarimbas de 2014 perecieron un poco más de cien personas de ambos bandos. En Nicaragua, durante cinco meses de lucha, ya conocemos la cantidad de víctimas, la mayoría de un solo bando, el del pueblo… ¡y solo somos seis millones de habitantes! Con los exiliados de cada país, se pueden sacar conclusiones similares.
Dese luego, no estoy pidiendo nada contra ninguno de los dos países, solo quiero señalar cuáles son los verdaderos intereses de la política exterior norteamericana.
Es cierto que Estados Unidos no abandona sus ulteriores fines injerencistas, pero Ortega miente respecto a su intervención en los sucesos actuales. Aquí, no hay condiciones favorables, como en otros tiempos, para que un poder externo se apropie de la conducción del movimiento auto-convocado que surgió impetuoso. Ni siquiera hay hegemonía de ningún partido político de los que tradicionalmente han servido a la política norteamericana.
De las bases de esos partidos están participando en la lucha cívica, y han sufrido la represión orteguista, sin que sus dirigencias o caudillos estén presentes en la conducción del movimiento cívico.
Eso confirma y garantiza la naturaleza autónoma, amplia, diversa en lo ideológico, tolerante y democrática del movimiento que le dio origen a la Alianza Cívica por la Libertad y la Democracia, la que podría ampliarse como una Concertación Nacional Azul y Blanco.
La criminalización y la represión exigen creatividad para diversificar los métodos de lucha. La juventud se está sacrificando ante la represión del régimen. Los empresarios están amenazados con la intervención militar de sus negocios y empresas, si promueven otro paro de actividades.
Pero como no se puede ni se debe dejar da actuar contra la dictadura, surgen nuevos métodos de lucha, como el Paro del Consumo, que tuvo bastante éxito sin habérsele hecho mucha publicidad.
¿Por qué no programar mejor otro Paro del Consumo, con empresas y comercios abiertos para evitar la agresión militar? Tendría un efecto perjudicial para el régimen, y no podrían obligar a nadie salir “de compras”.
¿Por qué no, un paro general bien pensada su organización, hasta el mínimo detalle para potenciar su poder? ¿Podría la dictadura con su guardia y paramilitares abrir miles de negocios y empresas? No. Y si lo hiciera, obtendría una derrota política más, sin que pudiera lograr resolver la ausencia de compradores, lo que causaría el efecto negativo que se busca contra la dictadura.