Nicaragua demanda solidaridad internacional

Nicaragua necesita del apoyo de los organismos internacionales. Sin la presión internacional va a ser muy difícil mantener la lucha contra la dictadura de Daniel Ortega. La OEA, la ONU, los organismos internacionales de derechos humanos, y los organismos de observación y monitoreo, necesitan pronunciarse enfáticamente sobre las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, y mirar de cerca lo que va a suceder en el mes de mayo a la luz del Diálogo nacional que se llevará a cabo.

La OEA está en la obligación de discutir el tema de Nicaragua y aprobar una resolución condenando las violaciones a los Derechos humanos que se han cometido en las últimas semanas en Nicaragua. Aún más, la OEA tiene que condenar la violación que se ha dado de la Carta democrática en Nicaragua, algo que debería haber hecho desde 2016, cuando el Secretario general Luis Almagro visitó Nicaragua. A la luz del fraude electoral de 2016, y considerando la masacre de abril de 2018 en Nicaragua, la OEA debería convocar a una reunión extraordinaria del Consejo permanente para discutir esta situación, someterla a votación, y emitir una condena de la actuación del gobierno de Daniel Ortega. En este sentido debemos agradecer las gestiones de Perú, México y Estados Unidos, por su solicitud, pero hasta el día de hoy no se ha dado esa reunión.

En su comunicado del 20 de abril, la Secretaría general de la OEA “condena todo tipo de violencia y los asesinatos cometidos contra los ciudadanos civiles Richard Edmundo Pavón Bermúdez y Darwin Manuel Urbina Urbina, y el Sub Inspector de Policía Hilton Rafael Manzanares Alvarado”. Sabemos que hay sesenta víctimas fatales más, una treintena de desaparecidos cuyo fin no lo sabemos todavía, y decenas de heridos en diferentes grados de gravedad. El hecho de que el gobierno haya negado permiso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para entrar al país e investigar la masacre de los estudiantes, demuestra que Ortega no está interesado en la verdad. La OEA debe seguir presionando al gobierno de Nicaragua porque que se está destruyendo evidencia, se está presionando a las familias de los muertos para que firmen documentos espurios, y se quiere encubrir la campaña de represión que la Policía Nacional ha desencadenado contra el pueblo de Nicaragua.

Las Naciones Unidas por su parte necesitan también tomar cartas en el asunto. Es necesario presentar un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad, condenando la violencia con que el régimen de Daniel Ortega ha respondido a la protesta pacífica ciudadana. Los relatores de la Naciones Unidas, Clément Voulé, David Kaye, Agnès Callamard y Michel Forst ya se han pronunciaron y declararon que las muertes “podrían constituir ejecuciones ilegales”, por tanto se debe realizar una investigación a profundidad para esclarecer la situación. Los nicaragüenses necesitamos que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas tome cartas en el asunto, inicie una investigación, y dé todo su apoyo a la Comisión Permanente para los Derechos Humanos en Nicaragua. El Secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres ha demostrado ya su preocupación por los acontecimientos, y pidió al Gobierno de Nicaragua que garantice la protección de los derechos humanos, especialmente los de reunión pacífica y libertad de expresión. Necesitamos que Perú, como miembro del Consejo de seguridad, introduzca una resolución condenando la masacre que se ha dado en Nicaragua, y esperamos contar con el apoyo de Suecia, Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Es seguro que Bolivia y Rusia se van a oponer ya que son aliados de la dictadura, pero es posible que tengamos el apoyo de los otros estados miembros.

Le pedimos a Human Rights Watch, que continúe monitoreando la situación de los derechos humanos en Nicaragua, y le agradecemos a su director José Miguel Vivanco, la enérgica condena de las violaciones de abril.  Freedom House, que ya en 2017 consideraba a Nicaragua como un país, “parcialmente libre”, y que ha condenado las elecciones del 2016 como “fraudulentas”, debe pronunciarse enfáticamente sobre los eventos de abril, los que muestran un franco deterioro de todas las libertades políticas y civiles en Nicaragua. El Diálogo interamericano también ha reaccionado, inmediatamente condenando la violencia de las autoridades sobre los estudiantes y la ciudadanía, y convocó a una sesión el viernes 4 de mayo, en la que participaron Cristiana Chamorro, Manuel Orozco y Peter Hakim.

La Comunidad Europea ya se ha pronunciado condenando el uso de la fuerza, y afirmando que las fuerzas de seguridad pública deben actuar con máxima moderación. El comunicado de la UE dice que “El respeto de la libertad de expresión y de reunión de forma pacífica según el derecho nacional e internacional, es esencial para la sociedad democrática”. El Parlamento Centroamericano, que estaría en la obligación de emitir un comunicado sobre lo que ha ocurrido en Nicaragua, guarda total silencio. La Comisión de Seguridad ciudadana, paz y derechos humanos del Parlacen ni siquiera se ha reunido para discutir el tema.

Finalmente hay que agradecer a Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, por su llamado a las autoridades nicaragüenses a evitar el uso excesivo de fuerza y por su solidaridad con las víctimas del conflicto. Les pedimos su apoyo en la Comisión permanente de la OEA para asegurarse que Nicaragua regrese a vía democrática y al respeto de los derechos humanos.

En Nicaragua estamos en manos de un gobierno despótico que hará todo lo posible por acallar a la oposición. Necesitamos el apoyo de los organismos internacionales para que no se entierre en fosas comunes la voz de los estudiantes y los campesinos.