30 de noviembre 2021
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En calidad de Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y como Relatora para Nicaragua agradezco la invitación del Consejo Permanente para dirigirme a ustedes y compartir una vez mas, nuestra visión sobre el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos y el Estado de Derecho en Nicaragua.
Como ha sido ampliamente documentado por la Comisión, la respuesta estatal violenta a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018, desencadenó una grave crisis política, social y derechos humanos en Nicaragua, misma que, a más de tres años continúa profundizándose debido, entre otros factores, a la instalación de facto de un estado de excepción en el país, así como al prolongado debilitamiento de las instituciones democráticas por la concentración del poder en el Ejecutivo. La población nicaragüense continúa afectada por la instalación de un estado policial que posibilita la permanente coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del Gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar a cualquier persona identificada como opositora al Gobierno actual.
Durante estos últimos 3 años, la CIDH ha alertado continuamente a la comunidad internacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo en Nicaragua, entre hostigamientos y represión contra cualquier persona considerada como opositora al Gobierno; violaciones a los derechos a la vida e integridad personal; ejecuciones extrajudiciales; detenciones arbitrarias; allanamientos, amenazas y retaliaciones; malos tratos; criminalización bajo cargos infundados y desproporcionados, como terrorismo o crimen organizado; irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia. Así también, la CIDH ha condenado los asesinatos, que hasta ahora permanecen impunes, de campesinas y campesinos en las zonas rurales del país y la actuación de los llamados “colonos” provenientes de las zonas cercanas al Pacífico en territorios indígenas de la Costa Caribe y del patrón de ataques ocurridos en dicho contexto, sin que hasta ahora haya información que indique procesos de verdad y justicia en esos casos, ni medidas para prevenir su ocurrencia.
En el mismo contexto, la CIDH ha registrado ataques a la libertad de prensa a través del asedio policial y persecución institucional a medios de comunicación y personas trabajadoras de la prensa independiente, lo que ha provocado el cierre de varios medios, y el exilio de más de 90 periodistas. La Comisión ha manifestado su preocupación por el cierre de los espacios democráticos, la suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión, en un país en donde la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a personas allegadas al Gobierno.
Como consecuencia de estos factores, en Nicaragua persiste un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal, las cuales resultaron en la muerte de al menos 355 personas; más de 2,000 personas heridas; más de 1,614 personas detenidas arbitrariamente; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud y; más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios. Asimismo, según datos registrados por ACNUR, más de 110,000 personas se habrían visto forzadas a huir de Nicaragua y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos.
Ante la continuación de la grave crisis de derechos humanos y el profundo deterioro de la institucionalidad democrática en el país, las elecciones generales realizadas el 7 de noviembre de 2021 representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un periodo transicional para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, así como la garantía del derecho a la memoria, a la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia estatal. Sin embargo, desde el inicio de 2021, la CIDH constató la intensificación de una nueva etapa de represión, caracterizada por un conjunto de acciones estatales, entre ellas la aprobación de un conjunto de leyes a la medida, que tuvieron por efecto poner fin a la participación de la oposición, aún antes de realizarse las elecciones generales.
En particular, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH recibió información sobre la cancelación de la personería jurídica de los partidos de oposición; la detención y criminalización de más de 30 personas, líderes y lideresas, incluyendo 7 personas precandidatas presidenciales, las cuales permanecen privadas de libertad, y algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana. Durante el 2021, la CIDH ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría, defensoras, líderes de opinión y/o opositoras al Gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales.
No puedo dejar de mencionar las graves condiciones de detención en la que se encuentran las personas detenidas. La CIDH recibió denuncias de tratos crueles e inhumanos, la aplicación de regímenes de aislamiento sin criterios objetivos. Preocupa especialmente la situación de aislamiento en celdas de castigo y de confinamiento solitario en las que han permanecido, por más de 160 días, las líderes opositoras Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona.
El 22 de noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la cual declaró que la posición asumida por el Gobierno de Nicaragua, rechazando cumplir con las medidas de protección y la inobservancia de lo ordenado en resoluciones anteriores, “constituye un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal y un incumplimiento al deber de informar”. En ese sentido, la Corte IDH constató que 21 de las 22 personas beneficiarias permanecen arbitrariamente detenidas, pese a que se le ordenó al Estado su liberación inmediata. La Corte recordó que es deber de la Asamblea General de la OEA asegurar el oportuno cumplimiento de las decisiones mediante la adopción de medidas institucionales de carácter colectivo que sean eficaces, oportunas y expeditas para asegurar el efecto útil de la Convención Americana de Derechos Humanos. La CIDH hace suya este llamado de la Corte a los Estados miembros de la OEA.
En nuestro reciente Informe “Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho”, señalamos que, en Nicaragua, operó un proceso paulatino de concentración del poder y un progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas que se intensificó en el año 2007 al asumir Daniel Ortega su segundo mandato como Presidente de la República, y que se consolidó a partir de la grave crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018. Dicho proceso de concentración del poder fue posible mediante una serie de medidas adoptadas para permitir la reelección presidencial y la concentración del máximo poder político en el alto gobierno del Poder Ejecutivo, con el concurso de diferentes instituciones estatales, desde la Asamblea Nacional, las instituciones del Poder Judicial como la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República, y las fuerzas de seguridad, por personas nombradas por ser afines al partido de gobierno o de sus aliados en el pacto, y por la falta de órganos de control independientes e imparciales.
Es así que el principio de separación de poderes que rige el Estado Democrático de Derecho se quebrantó. Hoy en Nicaragua las distintas funciones del Estado no corresponden a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí. Todos los poderes están alineados y dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades; por el contrario, las facilitan o consolidan y la situación de los derechos humanos de la población continúa seriamente deteriorada.
Las elecciones generales realizadas el 7 de noviembre se desarrollaron en un clima de represión, impunidad, ausencia del Estado de Derecho y cierre de los espacios democráticos en el país, sin respeto a los estándares interamericanos sobre la materia consagrados, entre otros instrumentos, en la propia Carta Democrática Interamericana así como con las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional.
Asimismo, las elecciones generales tuvieron lugar en un contexto de violaciones a derechos humanos derivadas del incremento de hechos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias en contra de líderes y lideresas de oposición, activistas de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas. Según fuera informado, entre el 5 y 7 de noviembre, más de 23 personas habrían sido detenidas arbitrariamente.
Frente a la situación descrita aunada a la falta de voluntad manifiesta del Estado nicaragüense para superar la crisis social, política y de derechos humanos que afecta al país y la persistencia de una narrativa tendiente a negar las violaciones a derechos humanos y estigmatizar a las voces disidentes y opositoras desde las más altas autoridades del Estado, para la Comisión resulta preocupante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos. La Comisión lamenta las consecuencias de dicha decisión para el restablecimiento del orden democrático, el Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos y hace un llamado al Estado de Nicaragua a reconsiderar su decisión y a los Estados Miembros de la OEA y a los Órganos Políticos de la Organización a entablar un diálogo genuino y de buena fe y conforme con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
La CIDH destaca que el Estado de Nicaragua se encuentra obligado por todos los instrumentos internacionales de los cuales es parte. En tal virtud, reafirma su competencia sobre el Estado de Nicaragua, y continuará ejerciendo sus mandatos de monitoreo a través del MESENI.
Reiteramos nuestro compromiso de continuar dando seguimiento a la situación de derechos humanos en el país y muy especialmente, nuestro compromiso con las víctimas y personas defensoras de derechos humanos en su lucha por alcanzar justicia, verdad y reparación.
*Intervención de la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, ante el Consejo Permanente de la OEA, el 29 de noviembre, que contó con la participación del presente del CP, Josué Fiallo; el secretario general, Luis Almagro; el secretario general adjunto, Néstor Méndez; el representante regional para América Central y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori; el director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Daniel Zovatto, y embajadores de los Estados miembros.
