15 de febrero 2024
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Desde la campaña electoral 2023, la idea del plebiscito sobrevuela la política argentina. Tras la retirada del proyecto de ley de bases y condiciones para la libertad de los argentinos (“Ley Ómnibus”), el presidente Javier Milei posteó en X: “Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”. De inmediato se activó la pregunta: ¿Y ahora qué? ¿Convocará un plebiscito? Para analizar sus condiciones de posibilidad se puso el foco sobre las normas y las referencias históricas, pero se hizo desde una visión limitada a los votos registrados y que minimiza la dimensión política de la discusión sobre los plebiscitos.
En términos legales, desde 1994, la Constitución argentina atribuye al presidente la potestad de convocar una consulta no vinculante. La figura enfrenta dos limitaciones de peso: al ser consultiva, no permite promulgar leyes, y al existir limitaciones temáticas, no cualquier asunto puede ser sometido al voto popular, con lo que podría ser rechazada por la Corte Suprema. Dicho de otro modo: todos los caminos de Javier Milei conducen a alguna institución. No es casual, los pesos y contrapesos son férreos en Argentina y por más que lo rechace, el presidente necesita el apoyo de al menos una parte importante de esa dirigencia a la que ataca.
La única consulta votada en los 40 años de democracia tuvo lugar el 24 de noviembre de 1984 para ratificar el Tratado de Paz y Amistad con Chile (o sea, antes de la reforma constitucional que incorporó el mecanismo), impulsada por el presidente Raúl Alfonsín. Aunque algunos la han comparado con la que podría convocar Javier Milei, no tienen mucho en común. Alfonsín buscaba legitimar, dar un barniz refundacional a una democracia naciente que él pensaba podía incorporar una mayor participación de la ciudadanía. También había, sin dudas, una apuesta estratégica, porque sus apoyos en el Senado no estaban garantizados. Pero no estaba en juego la gobernabilidad. Más allá de esto, el efecto de una consulta popular no solo se ve en las urnas, también puede operar como una amenaza. Por esto, la comparación más útil en estos días nos lleva a Carlos Saúl Menem.
Como Alberto Fujimori en Perú, Menem llegó al gobierno en el contexto de una grave crisis económica y política pero, a diferencia de Fujimori, Menem venía de un partido histórico, organizado y enraizado en el territorio. Consiguió estabilizar la la economía y con los recursos generados por las privatizaciones y el aparato partidario sostuvo su apoyo popular a pesar del ajuste, al menos en sus primeros años de gobierno. Con la intención de reelegirse, algo que la Constitución no permitía (y no contaba con la mayoría requerida para cambiarlo), Menem firmó el 22 de octubre de 1993 el Decreto 2181/93, convocando a una consulta popular no vinculante sobre la reforma constitucional. La consulta debía realizarse el 21 de noviembre. Entonces, el expresidente Alfonsín, que para entonces había virado del ideal participativo a la realidad institucional, levantó el teléfono y dio el primer paso hacia el Pacto de Olivos. La Constitución se reformó y hubo reelección, mucho más que lo que insinuaba el plebiscito.
Menem sabía que la consulta no podía permitirle la reforma porque no era vinculante. Alfonsín sabía que un triunfo amplio podía generar un choque de legitimidades, porque a Menem le daban los números y una mayoría lo quería reelegir. Esa es la insoslayable dimensión política. Javier Milei no tiene aparato para movilizar a las bases (no hay valoración aquí sino simple lectura de fuerzas) y, tan importante como lo anterior, las dimensiones del novedoso caudal electoral que obtuvo en noviembre son una incógnita en tiempos tan críticos. Milei sabe que no tiene (tampoco) la fuerza para hacer esta apuesta.
*Este artículo se publicó originalmente en La Tercera.
