3 de noviembre 2024
En el título mismo de este artículo hay una contradicción casi insalvable: Nicolás Maduro quiere obtener legitimidad haciendo uso de la violencia.
Lo pertinente en este caso es hablar de violencias, en plural, porque en el objetivo de lograr que, en alguna parte de su gobierno, de su partido, de su familia, de sus redes de enchufados o entre las izquierdas que antes declaraban en su defensa, en su objetivo de lograr que algún político o alguna institución lo reconozca, está dispuesto a todo. Sin embargo, a pesar del clamor vociferante de sus aliados, no le escuchan. Todos sabemos, sin excepción, que es un usurpador, por mucho que intente convencer a los demás de lo contrario.
Me basta un ejemplo para demostrar hasta dónde se ha disparado la exasperación del régimen. Hasta el 28 de julio, nadie, absolutamente nadie, hubiese podido prever que Nicolás Maduro sería capaz de extremar las tensiones con los gobiernos y los presidentes de Brasil y Colombia. Ese escenario era sencillamente impensable. Impensable porque lo previsible, con uno y otro, era que tendría siempre buenas relaciones (por cierto, habría que seguir la pista de la postura de Lula Da Silva hacia Maduro -no hacia la nación o hacia el pueblo venezolano-, a partir del momento en que el régimen organizó su farsa politiquero-militarista, en relación al Esequibo; la escenificación, que resultó un absoluto fracaso, produjo entre sus costos más elevados, el inmediato enfriamiento de la amistad con Brasil, cuya reacción fue categórica: Brasil se opondría, sin titubeos, a cualquier acción unilateral o armada de Venezuela hacia la República Cooperativa de Guyana; desde ese momento, la posición crítica de Lula es evidente y reiterada, incluso a pesar de los análisis que han advertido que la amistad ‘cómplice’ del brasilero con Vladímir Putin, influiría para aliviar la postura de Brasil; hay una larga ruta que arranca con el impasse causado por el asunto Guyana, que continúa con el desconocimiento de Maduro por parte de Lula tras su derrota el 28 de julio, y que se ha expresado nuevamente con el caso del veto de Brasil al ingreso de Venezuela a la alianza de los países emergentes conocida como los BRICS. Insisto: sostengo que merece un detenido análisis, por las consecuencias que podría tener en el futuro inmediato). Pero vuelvo a mi camino.
En las últimas horas, Maduro y sus secuaces han subido el tono con el que increpan y presionan a los gobernantes de los dos países fronterizos. Incluso, emiten declaraciones amenazantes. ¿Mantendrá esa actitud, hasta el extremo de provocar el rompimiento de relaciones diplomáticas?
De forma simultánea a la obsesión de Maduro -porque su ánimo es de verdadera y creciente desesperación, según narran altos funcionarios y autoridades del PSUV- viene ocurriendo un proceso que es una buena noticia para los demócratas: en Europa está cada día más consolidada la comprensión del fraude electoral cometido. De su gravedad sin atenuantes. De su siniestro descaro. Y les resulta cada más nítida la comprensión de cómo, a partir del 28 de julio, en Venezuela se ha desatado un proceso de terrorismo de Estado para silenciar a la población e impedir que reclamen sus derechos. Pretenden que, cuando llegue el 10 de enero de 2025, la sociedad venezolana se quede de brazos cruzados, petrificada y resignada a que el régimen derrotado en la jornada electoral, continúe en el poder.
En realidad, la legitimidad pretendida por Maduro, no es genuina. No puede serlo. Lo que le interesa son unas escenas impostadas y forzadas, como la jornada de diálogo con minúsculos sectores alacranes para debatir reformas de las leyes electorales, que no son otra cosa que nuevos mecanismos para impedir la participación y el desenvolvimiento del sistema electoral: en este caso, lo que se proponen es establecer por vía de la ley, que solo pueden ser candidatos en los procesos electorales, aquellos que hayan reconocido a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Esto significa que el régimen intentará, una vez más decidir quiénes son los candidatos ‘opositores’.
Como parte de la campaña de conseguir ‘legitimidad a la fuerza’, Diosdado Cabello amenaza a los integrantes del gobierno y del propio PSUV, amenaza a los funcionarios públicos, amenaza a la oposición democrática, dice que quienes se propongan perturbar o cuestionar la juramentación de Maduro el próximo 10 de enero, serán castigados. Seguramente se refiere a la masificación del método preferido del régimen, que consiste en secuestrar, desaparecer forzosamente, meter en la cárcel, torturar, extorsionar a los familiares hasta que, finalmente, el juez del caso -siempre controlado por el régimen-, recibe la orden de cuántos años de prisión debe imponerle al inocente.
¿Por qué Maduro procura arar en el desierto, con la ayuda de Cabello y otros? Para aliviar la tensión que se producirá si mantiene su decisión de permanecer en el poder, lo que equivaldría a alcanzar la cima en su camino hacia el establecimiento de una dictadura total en Venezuela.