27 de julio 2020
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El pasado 19 de julio, mientras el Frente Sandinista celebraba el aniversario del derrocamiento de la dictadura de Somoza en 1979, los partidarios de la dictadura del siglo XXI ejecutaron un nuevo asesinato político en el municipio de la Trinidad, en Estelí. El ciudadano Jorge Luis Rugama Rizo fue ejecutado a sangre fría con un disparo de pistola calibre 45 en el cuello, por Abner Pineda, un funcionario de la alcaldía sandinista de Estelí que recorría el vecindario en una caravana de simpatizantes del FSLN.
Los familiares de la víctima y los testigos presenciales del crimen coinciden en que el asesinato se realizó con premeditación y alevosía, después que Rugama gritó: “¡Viva Nicaragua Libre!”. El asesino detuvo la caravana, se bajó del vehículo, montó su arma, y reaccionó con una violencia que solo se explica, no se justifica, por la irracionalidad del odio y el fanatismo político.
Como a miles de nicaragüenses que desde la Rebelión de Abril han sido reprimidos y perseguidos por ondear la bandera azul y blanco, a Jorge Rugama lo estigmatizaron y lo mataron por expresar la misma demanda de libertad. Lo ejecutó un activista del FSLN que se siente protegido por el poder autoritario, y en medio del desgobierno que ha provocado la crisis política del régimen, le resulta “normal” ejercer la violencia política por su propia mano.
Ortega y Murillo, ciertamente, ya no gobiernan, sino que únicamente ordenan y mandan, pero al parecer tampoco controlan a todos los fanáticos y paramilitares en el ejercicio del terror. Como el custodio que asesinó a Eddy Montes en la cárcel Modelo y el paramilitar que mató a la ciudadana norteamericana Ariana Martínez en Matagalpa, el año pasado, el asesino de Rugama en La Trinidad, probablemente no esperó que le dieran una orden para matar, porque está acostumbrado a practicar la violencia con impunidad. No son, pues, casos aislados, sino los síntomas, peligrosos en extremo, del derrumbe de un régimen que perdió para siempre el apoyo del pueblo, y se sostiene en el poder únicamente por la fuerza de las armas, respaldada por una minoría violenta y fanatizada.
En el crimen político de La Trinidad, no hay ningún equívoco sobre quien es el responsable directo del asesinato, aunque los familiares de la víctima y los defensores de derechos humanos dudan de que en verdad se pueda lograr justicia en los tribunales del régimen. La pregunta que debemos hacernos es si el país permanecerá impasible ante este crimen, o si podremos sentar en el banquillo de los acusados a los autores intelectuales y cómplices del asesinato.
Me refiero, en primer lugar, a los que impusieron el estado policial que ha conculcado todos los derechos, la libertad de reunión, la libertad de movilización, y la libertad de expresión, mientras los paramilitares tienen carta blanca para perseguir, amenazar, y hasta matar a los ciudadanos que rechazan la dictadura. Y a los responsables de la campaña de odio que desde el más alto nivel del Estado han criminalizado el derecho a la protesta cívica, y le han vendido a los perpetradores de la violencia la ilusión de que sus crímenes quedarán para siempre en la impunidad.
Los gobernantes son corresponsables del asesinato político de Jorge Rugama y de crímenes de lesa humanidad, y tarde o temprano deberán rendir cuentas ante la justicia. Porque después de la matanza de abril, y esta es la principal diferencia con el pasado, la demanda de justicia sin impunidad ocupa un lugar prioritario en la agenda nacional de cambio democrático. Esa convicción de que no puede haber democracia con impunidad, o gobernabilidad a costa de justicia, es sin duda el cambio político más importante que se está gestando en la nueva Nicaragua.
En La Trinidad, el cambio empezó un día después del asesinato cuando, a pesar de la amenaza del estado policial, centenares de ciudadanos salieron a las calles a acompañar el sepelio de Jorge Rugama, desafiando a la dictadura. La esperanza del cambio radica en la unidad de la nueva mayoría Azul y Blanco y en la determinación de la gente para organizarse, desde abajo, en todos los municipios del país. Ese es el mejor homenaje que se le puede brindar a un ciudadano que entregó su vida al gritar, en nombre de todos, “¡Viva Nicaragua Libre!”.
