7 de enero 2022
AA
Share
Durante 2021, parte de la estrategia del régimen Ortega-Murillo para aferrarse al poder fue encarcelar a aspirantes presidenciales opositores, así como otros actores del mismo gremio. En términos simples, puede decirse que la estrategia les resultó, sobrevivieron a la elección, pero hoy es una estrategia insostenible por las consecuencias jurídicas y políticas que acarrea.
Hace un año el debate público se centraba en el proceso electoral, dejando en segundo plano las demandas de justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo y prácticamente no se hablaba de la suerte del centenar de presos políticos que el régimen mantenía. A partir de mayo, la detención de los aspirantes presidenciales recordó que había más presos políticos y el tema se reposicionó en la agenda pública nacional e internacional desde entonces.
A pesar de que el régimen se encuentra en vísperas de asumir un nuevo mandato ilegítimo, la reacción de la comunidad internacional respecto de la farsa electoral no ha sido determinante para colocar al régimen en una situación vulnerable y capaz de producir su caída, aunque definitivamente contribuye a su aislamiento. De manera tal que, si la agenda pública no es dominada por las consecuencias de las sanciones de la comunidad internacional y su impacto en la dictadura, lo que centra la atención son los presos políticos.
De ahí que en los últimos días ha surgido información relacionada a los padecimientos crónicos del preso político octogenario Edgard Parrales; la denuncia sobre el aislamiento de Ana Margarita Vijil; la pérdida de peso de Félix Maradiaga; la situación de salud de la abogada María Oviedo; el desconocimiento del paradero de Hugo Torres; el dolor de pierna del dirigente estudiantil Lester Alemán; y la descompensación psíquica del abogado Róger Reyes, entre otros, captando el interés noticioso nacional e internacional.
Esto nos regresa a las consecuencias jurídicas de tener presos políticos. La imposibilidad de investigar la comisión de actos de tortura (negación del derecho de acceso a la justicia); la existencia de una política gubernamental para perseguir y apresar a opositores en contravención al Derecho Internacional (Crimen de Lesa Humanidad); la presunción de desaparición forzada; y el desacato de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otras palabras, el quehacer en el plano jurídico internacional respecto de los presos políticos se perfila como el centro del debate público en los meses venideros, así como las sanciones condenatorias de instancias internacionales de derechos humanos.
Por otra parte, también existen consecuencias políticas. La represión en Nicaragua va adquiriendo rostros, ya no es una orden abstracta que afecta indistintamente, sino se evidencia la crueldad y saña del régimen. Visto así, en este momento una decisión racional del régimen podría ser la liberación de los presos políticos por cuatro razones: bajar la presión internacional, limitándola al plano de ilegitimidad; posponer y hasta eludir sanciones jurídicas de instancias internacionales de derechos humanos; sacar de la agenda pública el tema de los presos políticos; la medida impactaría en el éxodo de los actuales reos políticos o su mesura pública, que en el contexto de un estado policial, resulta conveniente para los intereses del régimen.
Pero en innumerables oportunidades, el régimen ha demostrado no ser sensato o racional, así que lo más probable es que extienda las detenciones esperando que en un futuro próximo pueda utilizarlos como moneda de cambio ante la presión internacional. Por lo pronto, no parece haber más alternativa que documentar y denunciar los abusos y violaciones a derechos humanos que están siendo víctima los presos políticos, porque en la lógica del régimen, le son más útiles encarcelados, aunque ese hecho siga atrayendo los reflectores de los medios de comunicación y allane el camino a la determinación de responsabilidad internacional por violaciones a derechos humanos.
