13 de mayo 2024
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La situación de los nicaragüenses en Estados Unidos, en condiciones de solicitar asilo, refugio, o provenientes de la diáspora en general, será incierta y preocupante para los próximos tres años.
Por un lado, la consolidación dictatorial que planea sostenerse en el poder más allá del 2026 bajo un Estado talibánico y policial, torna cuestionable y muy arriesgado el retorno de migrantes, especialmente cuando el régimen ha dicho que no los recibirá si vuelven.
Por el otro, el ambiente político electoral apunta a un recrudecimiento agresivo de medidas restrictivas hacia la migración y los migrantes. La gran mayoría de los nicaragüenses que ha llegado a Estados Unidos, se encuentra bajo un estatus irregular: incluso entre los del alivio humanitario (el parole) muchos aún no han hecho sus solicitudes de asilo.
Lo que se avizora es una situación crítica para miles de nicaragüenses, cuando al vencerse su parole y no tengan opción de pedir asilo, entrarán en condición de retorno y la situación se tornará emocional y materialmente crítica.
El ambiente político electoral y la migración en Estados Unidos
El discurso político antimigratorio es el tema número uno en la campaña electoral, junto a la crisis política y militar de Israel, al punto que pueden ser los dos principales factores decisorios de la elección presidencial de noviembre 2024 entre Joe Biden o Donald Trump.
Aunque a Biden se le acusa de mantener una postura ‘blanda’ sobre la migración, con bajos niveles de aprobación, las políticas de esta Administración están endureciendo su control migratorio, según los acuerdos refrendados en Guatemala el pasado 7 de mayo, de acelerar las respuestas a solicitudes de asilo y hacer más rápidas las expulsiones. El propósito es desincentivar y detener el cruce de inmigrantes indocumentados en la frontera y a la vez descongestionar los tribunales de inmigración.
Una victoria electoral de Trump radicalizaría las posiciones antimigratorias más allá de lo que el expresidente hizo en su período anterior, que incluye continuar con la construcción del muro, cerrar la frontera, separar a las familias, reducir la opción de asilo, y aumentar las deportaciones, entre otras medidas.
La situación migratoria desde la crisis de 2018
Este ambiente se oscurece más ante la situación legal de los nicaragüenses.
Desde 2018, como resultado de la crisis política y la radicalización autoritaria de la dictadura en Nicaragua, ha salido más de medio millón de nicaragüenses hacia Estados Unidos, y al menos otro tercio de millón hacia Costa Rica y terceros países. Ese número realmente se dispara con la represión en 2021 y desde entonces se produce una salida incontrolable de personas, despoblando sus hogares.
A finales de 2024, el 97% de estos migrantes estarán en un estatus irregular, a pesar de contar con procesos administrativos, enfrentando retos económicos y legales.
Un abismo entre el alivio humanitario y el asilo político
La legalización se convertirá en una situación crítica para los nicaragüenses que no han solicitado asilo en medio de un ambiente restrictivo sobre la estadía de personas sin un estatus legalizado.
Primero: el medio millón de personas que llegó a Estados Unidos hasta abril de 2024, lo hicieron por tierra a la frontera, sin visa, es decir, en estatus irregular. Una fracción (60 000) llegó bajo el programa del alivio humanitario (parole), situación que no les da status legal, sino dos años para regularizarse. Para ambos grupos de personas, llegados a la frontera o bajo parole, el recurso principal de permanencia en el país es la posibilidad de pedir asilo.
Segundo: menos de 85 000 nicaragüenses, o sea 20% de todos los que han llegado al país, han solicitado asilo. El resto no ha formalizado sus peticiones ante una Corte de inmigración. En medio de una campaña electoral con políticas restrictivas, el riesgo que enfrentan las personas que no tengan un recurso legal para quedarse en el país, es la posibilidad de ser deportadas.
Tercero: de los que han llegado bajo el parole, a pesar de haber recibido un permiso de trabajo, menos del 10% ha llevado su caso a una Corte a pedir asilo. A los primeros 6000 que llegaron hace un año (mayo de 2023), les queda un año para hacerlo. En general, viven una situación de incertidumbre, desconcierto, y desinformación. Algunos de estos paroleados escucha de sus abogados, o de rumores, que el parole se les va a extender por lo que tienen tiempo para pensar si piden asilo, o se van o se quedan de ilegal.
Cuarto: la decisión de migrar es una decisión difícil, de arreglos personales, de huir de un sistema opresivo, de organizar la vida buscando trabajo en ámbitos diferentes, de mantener vínculos transnacionales familiares como el envío de remesas, el seguimiento a obligaciones familiares de salud, educación, y política.
Adicionalmente, uno tiene que decidir qué hacer con su condición legal. Incluso la petición de asilo no está garantizada ni llega con una respuesta inmediata. Hay un largo período de tiempo que pasa en manejarse el caso, y muchos lo abandonan por esperar demasiado o por no contar con toda la documentación legal a mano.
La tasa de adjudicación de asilo es del 23%, mientras a 24% se las niegan, y 54% se cierra el caso por retiro o abandono. Menos de 5000 solicitudes son examinadas anualmente. Alguien que empiece su proceso de asilo hoy, recibirá cita posiblemente en 18 meses y tendrá respuesta -afirmativa o negativa- 18 meses después, es decir para fines de 2026.
Esta situación demuestra el abismo entre la llegada a Estados Unidos y la regularización formal en el corto plazo, y es una realidad que se está dando en una coyuntura clave ya que las restricciones migratorias aumentarán el riesgo de deportación y retorno a cientos de miles de nicaragüenses.
Migración nicaragüense por estatus legal, 2018-2024
Anticipar y prepararse ante una tormenta inevitable
Los nicaragüenses en Estados Unidos deben anticipar esta crisis y prepararse para lidiar con las consecuencias futuras con su estatus actual.
La urgencia de arreglar su condición legal es impostergable, y es importante que abandonen el estado de negación en el que se encuentran, creyendo que algo va a ocurrir y no tendrán que hacer nada.
Los que no han abogado por asilo, están en un alto riesgo de vulnerabilidad legal y económica, y en este momento representan más del 60% de los migrantes que llegaron después de 2018.
Estas personas están trabajando sin permiso laboral, carecen de derechos laborales, de seguro médico, y cualquier otra protección pública social posible. La tasa de desempleo para los latinos está subiendo de 3.5% a 5% a mayo de 2024, y el carecer de papeles de residencia les hace más difícil mantener un trabajo. Para éstos el envío de dinero se hará más difícil.
Si no solicitan asilo este año, las condiciones serán más adversas en 2025 y el riesgo de deportación será alto. Estas personas tienen que preparar su petición de asilo empezando por la razón política que los llevó a emigrar, y las condiciones en que estarían si volvieran a Nicaragua. El debate electoral este año los señalará con el dedo, a como ocurre ahorita en la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, de querer venir y aprovecharse del sistema y quedarse ilegalmente.
Para los que presentaron solicitud (sea antes o durante el parole) y recibieron sus citas después de haber llegado a una Corte de inmigración, necesitan tener sus casos bien montados para que cuando les llegue el momento, puedan defender sus peticiones ante un juez de manera contundente.
Los jueces de migración no son expertos en Nicaragua, y hay unos 700 jueces en todo el país a los que se les han encargado tres millones de casos de migración, de los cuales 1.3 millón son solicitudes de asilo (6% son nicas). Un juez evalúa un promedio de 160 casos al mes, de los cuales ocho pueden ser de nicaragüenses. Estos jueces revisan los casos conforme al contexto legal de la petición y su vinculación con la ley sobre asilo, no en función de si Nicaragua es una dictadura.
Debido a que cada juez tiene una carga de más de 350 casos asignados por mes, puede resolver 150. Los otros casos se van difiriendo en el tiempo, lo que conlleva a citas de 18 meses de espera, más el periodo de audiencia final, que en total puede llegar a tres años.
Los migrantes deben evaluar el riesgo de quedarse irregularmente a la par de más de doce millones de personas en el mismo estatus frente a un clima adverso, o aprovechar la opción de asilo, que la tienen más a mano que otros, o volver a un estado policial, donde tampoco los van a dejar entrar. Esta población lamentablemente está entre la espada (estatus irregular) y la pared (una dictadura de estado policial) y deben anticipar una crisis, antes de que sea demasiado tarde.
