17 de agosto 2023
AA
Share
La persecución por motivos de género es un serio crimen contra la humanidad. Muchos miembros del régimen talibán en Afganistán son responsables de haber creado un apartheid de género, al negar a niñas y mujeres el acceso a educación; y por eso es posible y necesario hacerles rendir cuentas conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En el segundo aniversario de la reconquista del poder por los talibanes, el fiscal general de la CPI debe tomar medidas legales contra los individuos responsables de acciones que constituyen las violaciones de derechos humanos más evidentes e inaceptables, movidas por un afán de venganza, que hoy se estén realizando en forma sistemática y con saña contra mujeres y niñas. Si se permite su continuidad sin una oposición internacional sostenida, estos abusos sentarán un precedente aterrador para otros regímenes donde la discriminación contra las mujeres sigue siendo endémica.
Es el mejor momento para hacerlo: tras dos años de represión creciente, parece haber divisiones en el régimen de Kabul, que se apresuró a implementar una serie de edictos religiosos dictados por el clero desde Kandahar. A las acciones que emprenda la CPI por su cuenta, la comunidad internacional puede complementarlas con una serie de iniciativas que sumen presión al régimen para que cambie de rumbo.
Los líderes de los países de mayoría musulmana deben formar una delegación y visitar Afganistán, para reunirse no sólo con los talibanes sino también con la jerarquía religiosa del país. Pero sin esperar a que eso suceda, es necesario que esos líderes y sus homólogos occidentales tomen medidas más intensas.
Estados Unidos, el Reino Unido y otras potencias internacionales deben seguir el ejemplo de la Unión Europea y sancionar a los responsables directos de negar educación a las niñas. Deben poner recursos a disposición de plataformas virtuales que provean educación a distancia y aumentar la financiación para escuelas clandestinas dirigidas a todos los niños afganos, de ambos sexos, para que sea posible continuar la enseñanza a pesar de las prohibiciones. Estas iniciativas también se pueden usar para facilitar el acceso de las niñas afganas a educación fuera de las fronteras del país (en Pakistán) y sostener al menos una parte de los avances logrados en las dos décadas anteriores a agosto de 2021. Por otra parte, si los talibanes dan marcha atrás y aceptan conceder a las niñas acceso uniforme e irrestricto a educación, el mundo tiene que mostrarse dispuesto a ofrecer apoyo financiero.
Las medidas legales recomendadas surgen de una reseña exhaustiva que ha llevado adelante un grupo de estudiosos, donde se detalla la cruel situación que enfrentan las niñas afganas y de qué manera los talibanes están violando tratados internacionales de derechos humanos. El trabajo de estos estudiosos documenta en forma minuciosa hasta dónde ha llegado el régimen en impedir el acceso de mujeres y niñas a la educación secundaria y terciaria, y hasta qué punto Afganistán no cumple la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por la sigla en inglés).
El régimen talibán también se ha desentendido de sus responsabilidades conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención sobre los Derechos de la Infancia (CDI). Sus prácticas discriminatorias contra mujeres y niñas constituyen una violación flagrante de estas convenciones y han motivado una amplia y justa reacción condenatoria. El Comité de la CEDAW, el Comité de la CDI y diversas figuras notables han denunciado las políticas regresivas de los talibanes. Richard Bennett, relator especial de la ONU para los derechos humanos en Afganistán, declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la "discriminación grave, sistemática e institucionalizada contra mujeres y niñas es un elemento central de la ideología de los talibanes y de su gobierno; esto también da motivos para sospechar que son responsables de un apartheid de género".
De más está decir que Afganistán no ratificó los instrumentos esenciales para hacer cumplir la CEDAW, el PIDESC o la CDI. Pero la comunidad internacional puede aplicar otros instrumentos de rendición de cuentas, entre ellos normas sobre entrega de información y mecanismos de supervisión establecidos conforme a esos tratados, que permiten a organismos como el Comité de la CEDAW designar relatores cuyas investigaciones someterían las acciones de los talibanes a vigilancia continua.
Además existen otros modos de sancionar a los talibanes conforme al derecho penal internacional. Naciones Unidas considera que la educación es un "derecho habilitador", crucial para la realización de otros derechos humanos; y las prohibiciones de los talibanes en el área educativa constituyen claramente persecución por motivos de género. Según el informe Policy on the Crime of Gender Persecution publicado en diciembre de 2022 por la CPI, entran en esta categoría aquellas acciones que privan a las personas de derechos fundamentales, incluido el derecho a la educación.
Muchos países también tienen la posibilidad de usar sus respectivos marcos jurídicos para condenar y enfrentar la supresión de los derechos de niñas y mujeres por parte de los talibanes; esto puede incluir, tal vez, el uso de sanciones selectivas.
No hay que descartar ninguna de estas opciones, porque la necesidad de ayudar a las niñas afganas hoy es más urgente que nunca. De los 80 edictos emitidos por los talibanes entre agosto de 2021 y enero de este año, 54 están dirigidos contra las mujeres y sus derechos. Hace poco, el régimen emitió prohibiciones adicionales contra su participación en exámenes universitarios para el ejercicio de la medicina, el ingreso a cementerios y otras actividades. El Ministerio de Asuntos Femeninos pasó a ser el temido Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio; se disolvió la Comisión Independiente Afgana de Derechos Humanos y se anularon leyes de igualdad de género.
A pesar de la represión cada vez más intensa por parte de los talibanes, muchas mujeres y niñas afganas se mantienen desafiantes, asisten a escuelas encubiertas y procuran educación de nivel universitario en Internet. Pero lamentablemente, el apoyo internacional a su causa ha sido muy insuficiente.
Es verdad que muchos gobiernos, incluidos los de otros países de mayoría musulmana, han expresado objeciones a las políticas de los talibanes, citando escrituras religiosas que desaprueban estas formas de discriminación. Estas denuncias son loables, pero la protección de los derechos de las mujeres y niñas afganas también demanda una mayor movilización internacional.
Como parte de la respuesta de la comunidad internacional a estos problemas, debemos exhortar a la CPI a que use el aniversario del regreso al poder de los talibanes para abrir una investigación de sus graves violaciones de los derechos humanos. Ya no es posible pasar por alto el palmario desprecio del régimen hacia los tratados internacionales, y en particular la exclusión educativa de mujeres y niñas.
El espíritu del pueblo afgano resiste incluso los castigos más severos que los talibanes puedan propinarle. Las mujeres y niñas de Afganistán siguen luchando por sus derechos, a pesar de la realidad de que sufrirán casi con certeza consecuencias. El mundo tiene que alzarse en su defensa.
*Texto original publicado por Project Syndicate
