9 de octubre 2017
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1. “¡El problema está en El Carmen, estúpido!”
Aún antes de convertirse en ley, la aprobación de la “Nica Act" en el Congreso de Estados Unidos y la amenaza de sanciones económicas contra Nicaragua ya está provocando hondas repercusiones en nuestro país. Hay preocupación entre los grandes empresarios por el impacto negativo que podría tener en el clima inversionista, pero el cambio principal está ocurriendo en la dinámica política al desviar la atención de la raíz del problema nacional hacia Estados Unidos.
Mientras en Washington otra vez algunos congresistas intentan revivir el fracasado esquema de micro administrar la política nacional para dictar sus intereses, en Nicaragua algunos liderazgos intentan erróneamente buscar soluciones en la presión externa desde la capital norteamericana. Se olvidan, o simplemente no quieren confrontarse con el hecho de que el problema nicaragüense, el autoritarismo de Ortega, el colapso democrático y la corrupción desenfrenada del régimen, está implantado en las oficinas del sistema Partido-Estado-Familia en el reparto El Carmen, y no fuera del país.
Parafraseando a James Carville, el estratega político de Bill Clinton que en la campaña electoral de 1992 acuñó el lema “It´s the economy, stupid!”, centrando toda la artillería en torno a un solo tema para ganarle la elección a George Bush, en Nicaragua los directivos del Cosep, AmCham, los partidos opositores, y la sociedad civil, deberían escribir una sola frase en sus pizarrones de planeación estratégica: “¡El problema está en El Carmen, estúpido!”, si de verdad quieren promover un cambio.
- Lea también: Derrotar la “Nica Act” en Managua
Es comprensible que los grandes empresarios hayan montado su propia embajada en Washington, al desconfiar de la efectividad de la política exterior del Gobierno. Pero mientras no se decidan a ponerle límites al poder autoritario de Ortega en Managua, la iniciativa de contratar al Carmen Group para cabildear en Washington, tendrá poca credibilidad y está destinada al fracaso. Porque a final de cuentas todo mundo sabe, tanto en Managua como en Washington, que el régimen corporativista autoritario, el mal llamado “modelo Cosep” que brinda legitimidad a Ortega para gobernar sin oposición política, sin democracia y sin transparencia, también forma parte integral del nudo del problema que urge desatar con una solución política. En consecuencia, todos los caminos del Carmen Group, también conducen a El Carmen.
2. ¿La Nica Act en el Senado? “Es posible, pero poco probable”.
En los corrillos del Senado norteamericano, Nicaragua no es noticia. El escaso interés en la agenda destinada a América Latina, está dominado por la crisis del régimen de Maduro en Venezuela, el intento de Trump por satisfacer al lobby cubano de Miami y distanciarse del legado de la política de Obama en Cuba, y la revisión del Tratado de Libre Comercio con México.
Fue Ortega, y no el senador Marco Rubio, quien puso a Nicaragua en la agenda el año pasado al ilegalizar a la oposición y cerrar el espacio político antes de las elecciones presidenciales. Y tras la amenaza de la “Nica Act", surgieron las negociaciones entre Ortega y Almagro, providenciales para ambos, pues el comandante obtuvo un “borrón y cuenta nueva” de su deriva autoritaria, y el secretario general de la OEA, una promesa para monitorear las elecciones de 2021. Obviando las flagrantes violaciones a la Carta Democrática en Nicaragua, Almagro inauguró su nueva política de “garrote para Maduro y zanahoria para Ortega”, en un terreno abonado por el vacío de la oposición nicaragüense y la falta de garantías de una profunda reforma electoral.
Ahora el nuevo jefe de la OEA en Managua, Wilfredo Penco, hasta hace poco socio del magistrado Roberto Rivas avalando los fraudes del CSE-FSLN en 2008, 2011 y 2016, deberá emitir un informe sobre las elecciones municipales del cinco de noviembre. La pregunta es si el enviado de Almagro leerá un informe de trámite sobre lo que ocurra el 5-N, que como bien dicen los “Amigos de la Carta Democrática de la OEA” del Centro Carter es “una carta ya jugada”, o si se enfocará en el problema estructural del partidarismo, opacidad, y falta competencia del sistema electoral, como en su momento lo hicieron las misiones de observación que presidieron Dante Caputo y Luis Yáñez, los enviados de la OEA y la Unión Europea, respectivamente, durante la inconstitucional reelección de Ortega en 2011.
Esta es la interrogante que esperan despejar en el Senado para decidir sobre el destino de la “Nica Act", y de ello dependerá que duerma el sueño de los justos, o que entre en un proceso de negociación y modificaciones en relación al proyecto original aprobado en la Cámara Baja. A corto plazo, Ortega emerge como el ganador neto de la “Nica Act", pues mientras se desvía la atención del problema nacional hacia “factores externos”, ahora el comandante finalmente tiene un enemigo injerencista en Washington, el pretexto oportuno para criminalizar a la oposición cada vez que esta cuestiona los desmanes de su régimen autoritario aferrado a la corrupción.
Sin embargo, al margen de lo que establezca u omita el informe de la OEA, existen al menos dos imponderables que pueden colocar al régimen de Ortega en el foco de los reflectores del Congreso y la Casa Blanca con un impacto fulminante. Para unos, se trata del vínculo de Ortega con Nicolás Maduro, su solidaridad militante con un régimen corrupto y represivo (ahora llamado narco dictadura), y la relación clientelar de su gobierno y sus negocios privados a través de Albanisa con PDVSA, sometida ya a sanciones financieras de alcance y repercusiones irreversibles. Para otros, es la relación de Ortega con la Rusia de Putin, recientemente sancionada por el Senado a contrapelo del propio presidente Trump; una relación tóxica desde el punto de vista de la resonancia que tiene en materia de seguridad, y que para el Senado tiene más relevancia que cualquier otra consideración sobre democracia, elecciones, y el supuesto aval que la OEA otorgaría a Ortega. De manera que así como en Managua la política se hace y se decide en exclusiva en El Carmen, irónicamente en Washington el principal promotor de la “Nica Act” en el Senado, y el actor decisivo para que la Casa Blanca aplique sanciones directas contra el régimen y sus allegados, es también el propio presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
3. -Yes, this is The White House.
-¿Could I speak with Mr. Cruz, please?
En la Casa Blanca, la persona más influyente en temas de América Latina en estos días lleva el apellido Cruz. No es Arturo, el competente y bien informado exembajador de Nicaragua en Washington, ni el vitriólico senador ultraderechista Ted Cruz. Se trata de Juan Cruz, un puertorriqueño, oficial veterano de la Agencia Central de Inteligencia, exjefe de la estación de la CIA en Colombia y exdirector de la CIA para América Latina (no se molesten en buscarlo en Google, pues aún no hay fotos disponibles de Cruz, cuya carrera ha transcurrido en la sombra). Su cargo oficial es asesor principal del Presidente en temas de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. “Joe Cruz es un profesional, inteligente, pragmático, conoce bien América Latina, tiene contactos en la región, pero está atribulado por el peso de la crisis de Venezuela”, me explicó un experto en temas de seguridad. La versión dominante entre los conocedores del opaco círculo íntimo de Trump, es que Cruz está a cargo de la crisis de Venezuela, y no tiene energías ni recursos para ocuparse de otros temas de menor trascendencia. El vicepresidente Pence se ocupa de América Latina y en especial del “Triángulo Norte” de Centroamérica, y Nicaragua simplemente no está en la agenda de la Casa Blanca, a menos que Ortega decida irrumpir por la fuerza lanzando un reto temerario, para aliviar la carga de “la batalla de Maduro contra el imperio”. En ese caso, no sería difícil para el senador Marco Rubio, que mantiene línea directa con Trump (asesorado por el exsubsecretario Roger Noriega), conectar al presidente con Nicaragua a través de los 140 caracteres de un tuit y echar a andar la maquinaria que dirige Juan Cruz en la Casa Blanca.
Mientras no ocurra este cortocircuito, el régimen de Ortega con todo y la falta de democracia y corrupción –con el respaldo político que le brinda la clase empresarial y el clima de estabilidad autoritaria prevaleciente– contrasta favorablemente en el tema de seguridad con El Salvador, Guatemala, y Honduras, y seguirá siendo únicamente un caso en observación. Ciertamente, la virtud de la “Nica Act" es que ha puesto en la agenda internacional el tema de la corrupción, que ya ha sido documentada con pruebas por las investigaciones de la prensa independiente en el país. Pero mientras la sociedad nicaragüense no reconozca en alta voz, que el desvío de más de cuatro mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana hacia canales privados que derivaron en negocios particulares y capitales espurios a la sombra del régimen político representa un delito que debería ser investigado y perseguido, no podemos esperar soluciones desde afuera.
La agenda del cambio, por muy lejano que se vislumbre hoy, pasa por visibilizar y enlazar la lucha contra la corrupción pública y privada con las demandas sociales y la lucha de los movimientos sociales, incluidos los sectores sandinistas. La agenda de reformas que el país necesita –empleo y combate a la pobreza, educación de calidad, reforma fiscal, seguridad social, derogación de la ley canalera Ortega-Wang (840), salvación del medio ambiente, autonomía municipal, plenas libertades democráticas, derechos de la mujer, la profesionalización del Ejército y la Policía, la despartidización de todas las instituciones del Estado, y crecimiento con equidad– abarca a todo el espectro nacional: independientes, sandinistas, opositores, empresarios, y movimientos sociales. Pero solamente con la presión y movilización social, aún a costa de la inestabilidad política que puede provocar temporalmente la represión autoritaria, es que se puede lograr una verdadera reforma electoral que abra las puertas al cambio político y la transición democrática.
