14 de diciembre 2015
Las victorias de la oposición en las elecciones presidenciales argentinas y parlamentarias venezolanas quebraron una tendencia fuertemente implantada en la vida política latinoamericana del siglo XXI: la continuidad de los oficialismos gobernantes y la dificultad de la alternancia. Los “gobiernos largos” fueron la norma, en un panorama fuertemente dominado por la reelección, que en varios casos se intentó fuera indefinida. Comienza una transición del populismo a la democracia.
En todos los populismos de corte “bolivariano” la reelección fue reforzada con otras dos ideas fuerza. La primera, la revolución. El nuevo gobierno, aunque fuera un producto genuinamente democrático y su única fuente de legitimidad fueran las urnas, se vendía como el origen de una profunda y vasta revolución: bolivariana, étnica, ciudadana o antiimperialista. Una revolución que hablaba en nombre del Pueblo (con mayúscula), mientras condenaba al ostracismo a la parte de la sociedad, por más importante que fuera, que no comulgaba con los postulados de la Patria, encarnados indubitablemente por el conductor y su movimiento.
La segunda, la permanencia indefinido, traducida en ciertos casos como “hemos venido para quedarnos”. La proclama de Evo Morales de que iban a gobernar 500 años o la idea de “Cristina eterna”, en alusión a la ya ex presidente Fernández, ilustran este punto de vista. Hugo Chávez, tras un traspié inicial logró la reelección indefinida, un objetivo también alcanzado en la Nicaragua neosandinista de Daniel Ortega con menos de esfuerzo. Evo Morales y Rafael Correa todavía están en ello, mientras Fernández fue derrotada electoralmente en su empeño dos años atrás.
En toda América Latina encontramos sistemas presidencialistas, aunque en los países antes mencionados hay un hiperpresidencialismo acusado que pretendido subordinar al presidente omnipresente los demás poderes, comenzando por el judicial y el legislativo, y buena parte de las instituciones estatales. Asistimos a la colonización y patrimonialización del Estado, que en algunos casos ha superado a los regímenes cleptocráticos del siglo pasado, como los de Somoza en Nicaragua o Stroessner en Paraguay.
A la vista de las resistencias exhibidas por Fernández para iniciar un traspaso de poder ordenado a su sucesor, Mauricio Macri, y de las estentóreas declaraciones de Nicolás Maduro referentes a la victoria de la MUD (Mesa de Unidad Democrática), es obligada una reflexión sobre estas cuestiones. Especialmente de la forma en que se produce la alternancia y el paso de un gobierno a otro en algunos países latinoamericanos, como ha hecho recientemente Héctor Schamis.
En Argentina llamó poderosamente la atención la conducta extemporánea de la presidente saliente, que intentó marcar la agenda a su sucesor como si ella continuara en el poder y, por lo tanto, pudiera mantener todo el protagonismo. En realidad, el papel que le correspondía en la jornada del 10 de diciembre era el de un personaje secundario o el de una actriz de reparto. Cuando asume un nuevo gobierno, sea dónde sea, los focos se concentran en el que llega, mientras el que se va lo hace modestamente y en silencio después de dejar su sitio al nuevo (y a veces ni siquiera eso).
Las últimas declaraciones de Fernández todavía en el cargo confirman la concepción del poder que la acompañó durante toda su presidencia. Ella y algunos de sus más directos colaboradores habían cuestionado el fallo judicial que establecía que su mandato concluía a las 0 horas del 10 de diciembre como una especie de golpe de estado judicial, una nueva maniobra “destituyente”. Mientras en su alocución a la militancia acusaba al “partido judicial” de “violentar la Constitución y poner presidente por decreto”, sus seguidores en la Plaza de Mayo la jaleaban con el grito de “golpe de Estado”.
Éste fue también el argumento de Oscar Parrilli, titular de la Agencia Federal de Inteligencia, ex SIDE, después de conocer la declaración judicial. Finalmente, y llevando agua su molino con la intención de cubrirse ante los más que posibles juicios por corrupción y enriquecimiento ilícito en su contra, Fernández concluyó tajante: “Todos los argentinos estamos un poco en libertad condicional en estos momentos”.
Maduro, por su parte, apuntó a un triunfo ilegítimo encabezado por la Contrarrevolución: “Se impusieron los malos, ganaron los malos, ganaron como ganan los malos, con la mentira con el engaño, con la oferta engañosa, con la estafa… En Venezuela no ganó una oposición democrática, ganó una contrarrevolución, utilizando la Constitución, y lo primero que hicieron es sacar su odio, su odio desmedido”.
Resulta paradójico que frente a tan contundente triunfo electoral de la oposición sea Maduro quien otorgue credenciales de democracia, después casualmente de reprender a sus propios seguidores por no apoyarle. O más explícitamente por no haberse dejado sobornar pese a las promesas de construir más viviendas sociales o taxis comprados a los chinos.
Al deslegitimar por contrarrevolucionario el triunfo de sus adversarios políticos, enemigos en su interpretación, Maduro, Cabello y sus seguidores se creen con todo el derecho a poner en práctica cualquier medida, incluso la movilización violenta y callejera de “colectivos” armados, para defender a la Revolución chavista y bolivariana, o, dicho de otro modo, para mantenerse en el poder. De ahí que sean rescatables las reflexiones de Evo Morales posteriores a las elecciones venezolanas en torno a cómo respetar los resultados electorales y, al mismo tiempo, defender los logros de la “revolución democrática”, ya que la lucha debe seguir mientras existan “el capitalismo y el imperialismo”.
En un reciente acto académico dedicado a analizar el resultado de las elecciones argentinas planteaba que el nuevo gobierno afrontaba una dura tarea, el inicio de una difícil transición del populismo a la democracia. Esta afirmación fue interpelada por un asistente con el argumento crítico de que eso implicaba asumir parte del pasado como no democrático. Por el contrario, más allá de la legitimidad de origen de los gobiernos democráticos, la institucionalidad en los países implicados sufrió una constante degradación que exige su urgente recomposición si lo que se busca es la plena vigencia de la Constitución y la legalidad. Y ése es precisamente el camino de la transición del populismo a la democracia.
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Publicado originalmente en Infolatam.