30 de noviembre 2020
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Desde su retorno al poder –o un poco antes, si tomamos en cuenta el pacto liberosandinista–Ortega ha sometido al sector público a una serie de metamorfosis para obtener una ceñida trenza donde se confunden Estado-partido-familia. Como consecuencia, el Estado no traza las coordenadas de los actores políticos, sino que es determinado por uno de ellos, el FSLN, que ha constituido un régimen de partido único con ligeros camuflajes, los justos para cumplir con las exigencias de la comunidad internacional y embobar a algunos políticos nacionales. Los procedimientos y pasos mediante los cuales se ha logrado esa meta orteguista nos dan una idea de la magnitud de la transformación y de su rumbo.
El perfil de los tres vicepresidentes
El perfil básico de las personas que han ocupado el cargo de vicepresidente durante los tres mandatos de Daniel Ortega expresa con matizada elocuencia tres significativos giros del Estado. Jaime Morales Carazo alcanzó fama y fortuna como miembro del directorio de la contrarrevolución armada y hubo un tiempo en que fue el legítimo propietario de la casa que Ortega se apropió en julio de 1979. Fue su víctima y después su aliado. Ortega-Morales tomados de la mano encarnaron el espíritu de “reconciliación” que el FSLN vendió durante su campaña, tras la cual –coronada con el triunfo– juntos le anexaron al gobierno una comisión con ese chisporroteante apellido, en cuya cúspide coordinadora depositaron como ornamental cereza a un inveterado enemigo del sandinismo en cualquiera de sus vertientes, el Cardenal Miguel Obando y Bravo.
La fórmula Ortega-Halleslevens, junto al nombramiento de Julio César Avilés como su sucesor en la jefatura del ejército, consolidó la entronización de los hombres de la Contra Inteligencia Militar (CIM), que Halleslevens -con Avilés como adjunto- presidió desde su fundación a inicios de los años 80 hasta su ascenso al grado de General en 2005. La vicepresidencia de Halleslevens y el generalato de Avilés sentaron las bases del Estado-conspirador, modalidad imprescindible para que el orteguismo se preparara para enfrentar a una oposición de músculo creciente. No es un detalle para dejar en el tintero el dato de que el General naciera en La Libertad, Chontales, bucólica cuna que lo convierte en paisano inevitable de Ortega y Obando.
Sobre el tercer binomio, ¿qué puedo añadir a lo que todos ya saben? Por si a alguno se le escapa, la bina Ortega-Murillo representa la garantía de la sucesión dinástica, la consagración de Murillo como futura regente durante la extensa etapa de agonía del viejo monarca y el trabajoso adiestramiento del cancaneante sucesor.
Esta es una secuencia donde a la fase de concertación le sigue una de militarización conspirativa y luego la del control familiar irrestricto. No son estas las únicas metamorfosis del Estado y tal vez tampoco sean las que nos suministran más información para entender el alcance de los cambios que han ocurrido desde pocos años antes de 2007. Existen otras con las que estas se traslapan. Opto por llamarlas dinámicas en lugar de fases para evitar la suposición de que cada una inicia tras el delimitado final y culmen de su predecesora.
La dinámica el pacto con el PLC: colonizar el Estado
La primera dinámica transformadora fue la que tuvo como obertura el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Esa dinámica tuvo como meta la colonización del aparato estatal con agentes que el FSLN certificó como incondicionales debido a su trayectoria o a su contratación como magistrados, jueces y policías mercenarios.
Esta dinámica se situó en un hito sin retorno con la victoria electoral de 2006 que abrió las puertas a una explícita partidarización de las fuerzas coercitivas –policía y ejército– y alcanzó su punto culminante con los comicios de 2016 y las elecciones municipales de 2017. Unos dejaron en manos del FSLN 71 de los 92 escaños de la Asamblea Nacional, las otras le dieron 135 de las 153 alcaldías. Este cambio no exigió alterar las estructuras del Estado ni desviar su funcionamiento. Fue una metamorfosis más contundente en términos cuantitativos que cualitativos, aunque tuviera un poco de ambas categorías. Como la colonización tuvo lugar a todos los niveles, su expresión numérica más impactante fue la inflación del gobierno central de 39,140 a 108,208 empleados entre 2006 y 2017. Sumados a los de la Alcaldía de Managua y otros entes estatales deben superar los 120 mil empleados, sin contar las otras 135 alcaldías sandinistas y la multitud de empresas subcontratadas. El Estado se tiñó de rojinegro y el FSLN se fortaleció con una militancia a sueldo. Pero la naturaleza insumisa del Güegüense no garantiza que ese funcionariado circunstancial se comporte como una clientela fiel y menos aún como una militancia incondicional. La prueba es la ínfima participación en las marchas y actos masivos del FSLN, que ni en sus mejores momentos congregaron la décima parte de ese volumen de trabajadores.
Durante la mayor parte de esta dinámica de colonización hubo una inevitable rotación de cargos porque las estructuras del Estado no se acoplaban a los requerimientos de su fusión con el partido y porque los funcionarios no se habían percatado del nivel de sometimiento que de ellos se esperaba y que llegó a permear detalles nimios: la insistente atribución de toda obra pública a Ortega y Murillo, el tipo de adjetivos en las declaraciones y los membretes en el papel oficial. Muchas cabezas de ministros, viceministros y embajadores rodaron por esos detalles donde el diablo retoza a sus anchas.
Esos desajustes eran incómodos en el gabinete social y hubieran podido representar un peligro en el meganegocio alrededor del petróleo venezolano. Por eso el FSLN, al asumir la presidencia, tuvo la precaución de activar otra dinámica. Sin vacilaciones, enfiló hacia el área más sensible, la del dinero, con la creación en 2007 de Albanisa, al frente de la cual Ortega colocó al tesorero del FSLN. El gesto simbólico y la desenfadada acción pragmática fueron una misma cosa. Este fue un paso sustancial en la dinámica que imbricó al partido en el Estado y que empezó su andadura desde enero de 2007 con el envío de un mensaje sin un ápice de ambigüedad: Ortega no despacharía desde la Casa Naranja, mejor conocida como Casa Mamón, sede de la presidencia de la república, sino desde su residencia en El Carmen. A partir de entonces el Estado fue convirtiéndose en una prótesis de la que el FSLN no puede prescindir, pero que es ajena al organismo vivo. Está a su servicio, pero sin autonomía ni vitalidad.
El Estado como prótesis del FSLN
La prótesis no es deliberante y solo se mueve a voluntad y al compás del organismo vivo. Los comisarios políticos del sector público tienen canales directos que saltan a sus superiores inmediatos para alcanzar los oídos del poder. Por efecto de este trastocamiento de las jerarquías, un militante de barrio puede conseguir la remoción del director de una escuela o centro de salud con un telefonazo donde haga valer su carnet de militante sandinista. Fidel Moreno, que oficialmente solo es el secretario general de la Alcaldía de Managua, opera como alcalde plenipotenciario, convertido en el líbero de todas las alcaldías, y Paul Oquist, pese a haber sido destituido de varios de sus múltiples cargos porque la sanción que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le aplicó el 9 de octubre lo inhabilita para ejercerlos, el 20 de noviembre estampó su firma junto a la de Daniel Ortega en el acuerdo presidencial que ordena gestionar fondos ante el FMI y el 17 de noviembre en el nombramiento del hermano de la Ministra de Gobernación como embajador en la República de Corea del Sur. Se viste para esas ocasiones con el título de Secretario Privado para Políticas Nacionales.
Fue inevitable que esta dinámica alterara el cañamazo del sector público, pero imperativo que lo hiciera sin modificar el organigrama oficial. No se hizo una reingeniería del Estado, sino que se le superpusieron unas estructuras paralelas. El organismo vivo decide, pero no puede mantenerse erguido sin la prótesis. El Estado va quedando como un cascarón visible que apenas disimula –pero sí protege, y mucho– a la criatura.
Algunos de los agentes más visibles del gabinete pasaron a ser nulidades decorativas y lectores de guiones preestablecidos. La actual Ministra de Gobernación hace muy poco más que rellenar asientos en los actos públicos, misma función que tuvo su predecesora. Uno de sus viceministros y un secretario privado de Ortega son los que “bajan línea” desde El Carmen a los ejecutores correspondientes. Ese secretario privado es el eslabón entre la pareja presidencial y el Ministerio de Gobernación (Migob), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), y goza de la potestad de destituir a los titulares de esas entidades.
El Ministerio de Salud pudo soportar una carrera de relevo de tres ministras en menos de un año porque el verdadero ministro ha sido y es Gustavo Porras, no en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, sino porque ese nombramiento y todo su poder derivan de su cargo como secretario general del Frente Nacional de Trabajadores (FNT) y su cercanía a la pareja presidencial. En suma: media docena de operadores del partido sandinista, con o sin puestos formales en el Estado, hacen de superministros y correas de transmisión entre El Carmen y los ejecutores intermedios y directos. Son el organismo vivo de la prótesis.
En algunos terrenos el aparato partidario ha sustituido a plenitud y ejecutado tareas exclusivas del Estado. El FSLN ha estado usurpando funciones del sector público. Por ejemplo, desde 2005 no se realiza el censo que cada década era financiado por varias agencias de la Organización de Naciones Unidas. Los funcionarios del Estado no disponen de la información confiable y fresca que sí está al alcance de los mandarines del partido porque en 2013 el FSLN movilizó a sus operadores locales para realizar un minucioso censo, cuya información fue la brújula para no dar palos de ciego ni demorar durante el reclutamiento de los paramilitares que reprimieron la rebelión en 2018.
El Estado-partido-familias
La dinámica del Estado-partido se solidificó mediante la del Estado-familias. El clan Ortega-Murillo es sin duda el principal y más poderoso, pero no el único de los muchos que integran la gran tribu del sanidinismo rosachicha que se ha repartido los principales cargos del gabinete, donde los comisionados y militares activos y jubilados han podido colocar a sus vástagos y/u obtener un retiro dorado en ministerios y embajadas.
La acumulación ha sido el objetivo primordial de esta dinámica Estado-partido-familias. Albanisa y el Bancorp fueron su centro gravitacional. El recurso al factor militar era un complemento relativamente marginal en esa dinámica. Murillo sobrestimó el poder persuasivo y adormecedor de los coloridos parques, las ferias de artesanías y la propaganda que llevaba su sello personal. Ortega-Murillo no pensaron en expandir las fuerzas coercitivas ni sus capacidades. Por el contrario, la depuración de los elementos no afines al orteguismo los privó de una parte del personal mejor capacitado en el ejército y la policía. Se percataron muy tarde de su error y por eso quisieron reintegrar como paramilitares a varios coroneles y mayores cuando la tropa policial fue insuficiente para enfrentar la rebelión de abril de 2018.
Como hijo innegable de la Guerra fría, el FSLN en ningún momento descuidó ese factor. Simplemente calculó que las turbas podían sofocar cualquier conato de sublevación masiva. Durante más de una década un puñado de matoncitos armados de tubos y unos pandilleros diestros en lanzar pedruscos bastaron para dispersar una manifestación. En abril de 2018 la receta no funcionó. Añadieron antimotines y francotiradores y obtuvieron el efecto menos deseado: convirtieron los no tan concurridos plantones capitalinos y leoneses en una revuelta nacional que paralizó al país.
La dinámica de la militarización
Ese es el contexto en que emerge la tercera dinámica, una dinámica de militarización. La dinámica acumulativa del Estado-partido-familias deja de ser prioritaria en parte por falta de oportunidades y en parte porque el FSLN corre el riesgo de que el Estado se le escurra entre los dedos. La prótesis puede reblandecerse. Los militares-policías no tardaron en comprender en qué consiste su-misión. El organismo y su prótesis quedaron supeditados a los fines militares.
Esta dinámica requirió estrechar el número de operadores. Muchos divos y divas pasaron a las sombras. Los serviles de menor monta, temerosos de no estar en el ajo y no caber en el avión, carentes de medios para valerse por sí mismos a mediano plazo, no saben a qué atenerse y buscan formas –a veces histriónicas– de hacer notar su lealtad: un día aparecen haciendo monerías con una pelota en aldeas rurales para denostar el uso de mascarilla, al siguiente ingresan a un hospital y dicen que estamos en una emergencia. Recitan el guión que les suministran minutos antes de salir al escenario. Sabios en la etapa del lucro, aparecen desorientados en la que privilegia los cometidos militares.
La dinámica de militarización suspendió todos los derechos constitucionales. A varios medios de comunicación y ONG les confiscaron sus bienes y a estas últimas les cancelaron la personería jurídica. Un ejército paralelo fue autorizado para realizar secuestros con estatus de detenciones. Los policías prescindieron de las órdenes de arresto y allanamiento de morada, y los jueces del menor recato cuando leyeron veredictos precocidos en la Corte Suprema de Justicia. El poder judicial funcionó como corte militar. Posteriormente granizaron los indultos para que los reos comunes liberados constituyan un ejército de reserva, como una previsión en caso de que el inflado cuerpo policial y los paramilitares sean insuficientes debido a las bajas o la deserción.
La ley de agentes extranjeros es el intento de cortar el combustible financiero de la oposición y también es la construcción social de un enemigo presuntamente externo y diferente. Un otro amenazante. El impacto que todas estas medidas y abusos tienen en la opinión internacional y el que las decisiones de apretar con impuestos y disminuir el gasto público tienen en la economía son valorados a la luz de la tónica que imprime la dinámica de militarización: en la guerra todo se vale.
Desde la cima o el abismo de estas metamorfosis, Ortega podría proclamar lo que en su momento pregonó Hitler: “El Estado no es nuestro dueño; somos nosotros los dueños del estado.” Pero el FSLN no ha resuelto la principal contradicción a la que esa anhelada situación lo precipitó: no puede mantenerse erguido sin la prótesis porque solo tiene una militancia mercenaria que responde a estímulos financieros y por eso su destino está ligado a la entidad a la que relegó a la condición de prótesis.
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Investigador asociado de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador y autor de Autoconvocados y conectados. Los universitarios en la revuelta de abril en Nicaragua, UCA Editores-Fondo Editorial UCA Publicaciones, Managua, 2019.
