11 de septiembre 2015
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La ilegal e injusta condena a 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel del líder venezolano Leopoldo López, después de más de un año y medio de proceso judicial viciado, no sólo pone en mayor evidencia la politización del sistema judicial venezolano, sino hasta donde Nicolás Maduro y la cúpula cívico-militar que lo acompaña están dispuestos a llevar el régimen autocrático que detentan, pese (o precisamente por ello) al creciente rechazo nacional e internacional que sufre su imagen y su política de radicalización.
Cierto, luego de esta aberrante sentencia y también del conflicto que en las recientes semanas ha generado con Colombia en la frontera –que creó una crisis humanitaria sin precedentes en la zona-, es obvio que el madurismo ha optado por jugarselas todas, que ha decidido hasta cerrar la rendija de democracia que mantenía abierta por razones de apariencia política. Pero esta certeza política, esta especie de cierre del círculo dictatorial obliga a la sociedad venezolana y a la comunidad democrática internacional a responder, a movilizarse, a hacer más activa de lo que ha sido hasta ahora.
Dentro de Venezuela, la sociedad opositora, que ya es mayoría y que ante la sentencia se ha manifestado unida, tiene ahora dos alternativas de lucha: la de encaminarse hacia una nueva jornada de protestas nacionales similares a las de febrero y marzo del 2014 que dieron origen justamente al encarcelamiento de Leopoldo López, o la de una movilización enmarcada dentro de la campaña electoral a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Según los primeros mensajes de la esposa y los dirigentes del partido de López Voluntad Popular, así como los de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), esta última opción es la más probable y también la más políticamente inteligente.
La vía de las protestas de calle provocaría más enfrentamientos violentos con los agentes de seguridad del Estado y los grupos o colectivos del chavismo, lo que pudiera servirle al gobierno de buena excusa para decretar de una vez un estado de excepción nacional y un diferimiento de las elecciones legislativas. En cambio, el camino de las movilizaciones y de diversos actos populares realizados a propósito de la campaña electoral, no sólo evitaría la violencia chavista y darle pie al gobierno para tomar cualquier medida extrema, sino que a la vez le daría a la oposición la posibilidad de actuar en consonancia con los actores y organismos democráticos internacionales, que son proclives a esta vía.
Fuera de nuestras fronteras, la sentencia condenatoria activará aún más a sus actores democráticos que ya bastante, durante los últimos 14 meses de proceso judicial, se pronunciaron sobre el caso pidiendo un juicio justo y la liberación de López. A decir verdad, el caso del dirigente opositor – aún más que el de la jueza María Lourdes Afiuni- ha logrado inusitada atención y reacción internacional.
El 08 de octubre de 2014, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas publicó una resolución, en la cual denunció que el líder opositor venezolano era víctima de una “detención arbitraria” y exigió a las autoridades venezolanas su inmediata liberación. A esta resolución se adhirieron organizaciones como la Internacional Socialista y el Club de Madrid, ente que agrupa a cientos de ex presidentes y primeros ministros de todas partes del mundo.
Ya antes se habían pronunciado a favor de la liberación de López otras instituciones tales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como personalidades relevantes como el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu y el abogado de Nelson Mandela. También en el transcurso del proceso judicial, fueron varios los parlamentos que levantaron su voz en defensa de Leopoldo López, entre otros: el Parlamento Europeo, el Parlamento de Canadá, el Congreso de España, varios parlamentos centroamericanos y los senados de Chile, Colombia y Brasil.
De modo que ahora, con mayores razones, la comunidad democrática internacional se pronunciará no solo ante un juicio que estuvo marcado por gravísimas violaciones del debido proceso y en el que no se aportaron pruebas que vincularan a los acusados con ningún delito, sino a favor de las fuerzas democráticas venezolanas. De igual forma ejercerá mayor presión contra el régimen de Maduro, en particular para que garantice unas elecciones libres y transparentes.
De hecho uno de los primeros en manifestarse tras la sentencia, el gobierno de los Estados Unidos a través de la subsecretaria de Estado para Latinoamérica Roberta Jacobson, además de mostrarse “profundamente preocupado” por la condena de casi 14 años al dirigente opositor, hizo un llamado fuerte al gobierno a proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
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La autora es periodista y politóloga, especializada en asuntos internacionales y política latinoamericana.
Publicado originalmente en Infolatam.
