6 de agosto 2019
Aun cuando Ortega parezca tener fuerza para imponer “sus” elecciones, eso no ocurrirá. Lo afirmo fundado en un hecho histórico irrefutable: el pueblo nicaragüense, con su Rebeldía de Abril, ha desahuciado ese tipo de elecciones, cuando no se votaba a pleno derecho, cuando la mayoría votaba sin poder botar gobiernos y cuando, muchas veces, sin que la mayoría hubiese votado, los gobiernos se votaban así mismos.
Lo dicho no es solo un juego de palabras, sino también un reflejo del juego político real en nuestra historia con las “elecciones”, esas que los políticos tradicionales se acostumbraron a hacerlas con vistosas y costosas campañas electorales mentirosas y abusando de una palabra pronunciaba con grandilocuente sonoridad: democracia.
Los militares daban golpes de Estado contra los gobiernos, y los gobiernos daban golpes contra la Constitución Política de la República, como el que dio Daniel Ortega para establecer su dictadura, y desde entonces solo se escucha la sonoridad de las balas y del tintineo de la plata, en las “elecciones”.
Esos funestos hechos, hacen que en Nicaragua se sienta la urgente necesidad de tener elecciones que sean organizadas conforme a una nueva o bien reformada Ley Electoral, y bajo la conducción de funcionarios capaces de actuar con la mayor honestidad posible.
Eso es posible lograrlo, no por los méritos personales reales o supuestos, de los funcionarios seleccionados por las alianzas y los partidos políticos para presidir el consejo electoral, y nunca más, solo por el partido oficialista. Pero lo principal deberá ser la capacidad de vigilancia de todo el proceso electoral político-administrativo de parte de las alianzas y los partidos; la vigilancia con rigor del respeto a la Ley Electoral, y el control absoluto sobre del recuento de los votos.
En un país con las libertades políticas restringidas al máximo –como el nuestro, desde hace muchos años— y con unas autoridades electorales y círculos de poder corruptos, no se puede descartar la importancia de la observación internacional para las reformas a la ley electoral y sobre todo el proceso eleccionario. Sin embargo, la voluntad de lucha del pueblo seguirá siendo lo fundamental.
Los conceptos sobre elecciones libres, honestas, democráticas, inclusivas y transparentes, seguirán siendo palabras huecas, si previamente no se libera a los presos políticos, ni se recupera la libertad de movilización política y el respeto a la propaganda electoral durante la campaña.
Y algo esencial: la prohibición de que el partido oficialista siga utilizando los recursos del Estado para sus campañas electorales. En esto, también la solidaridad internacional deberá desempeñar un buen papel.
Además de todo lo anterior, para darle una carácter democrático a la contienda electoral, se debe rescatar en la ley electoral y poner en práctica el concepto de la Suscripción Popular. Con ello, se eliminaría el monopolio electoral que Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, establecieron con su pacto político.
“Razón, motivo y circunstancias” aconsejan rescatar la Suscripción Popular:
*Por la razón de que, como nunca antes en nuestra historia, ahora existe una oposición masiva beligerante, ajena al control de los partidos tradicionales, representada por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco.
*Por el motivo de que la hegemonía de los partidos tradicionales nunca respondió a los intereses nacionales ni de los sectores humildes del país, y para ello, solo bastará una petición respaldada por una determinada cantidad de firmas de los ciudadanos sin partido.
*Por las circunstancias de que el sistema establecido por el pacto Ortega-Alemán, ha degenerado en el bipartidismo y el oportunismo político, conocido en nuestro medio como Zancudismo, partidos que no tienen militancia, y sus cúpulas no han tenido más objetivos que vivir del presupuesto de la república a la sombra de los partidos tradicionales, y de las dictaduras.
Existen otros motivos importantes, en este momento histórico, que hacen necesario el rescate de la Suscripción Popular para propiciar la participación de las nuevas fuerzas opositoras, porque:
--Un partido político con la capacidad competitiva en las elecciones, no se puede organizar en un período muy corto, ni conviene improvisarlo.
--Organizar un partido político requiere unanimidad de criterios políticos, de conceptos ideológicos, y de alguna identidad de clase.
--La gran diversidad del movimiento de los autoconvocados –además de otros inconvenientes— les impide convertirse en un partido.
--La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, engloban a jóvenes estudiantes y trabajadores; adultos, mujeres y hombres del campo y la ciudad; y vienen de todas los sectores sociales, políticos y profesionales.
--Su unidad se basa en la lucha por objetivos comunes, inmediatos y concretos, animada por un sentimiento patriótico único: liberar a nuestro país de la dictadura; recuperar la constitucionalidad; y conquistar los derechos democráticos y humanos.
Conseguir las firmas –en cualquier cantidad— para la Suscripción Popular, sería tarea fácil para las fuerzas populares unidas en torno de las dos Alianzas que hacen una sola por su unidad.
Para conquistar sus objetivos patrióticos, los integrantes de las alianzas deberán vigilar su unidad, evadir y neutralizar maniobras electoreras internas de cualquier grupo que pretenda candidaturas sin merecerlas, ni haber hecho méritos para gozar de la confianza de todos.
Un detalle interesante, es que la Suscripción Popular tiene alternativa: partidos políticos con personalidad jurídica, y que actúan al margen del patrocinio de los Ortega-Murillo, han puesto sus casillas electorales a la orden de la Alianza Cívica. Esto es positivo y dice mucho de la amplitud de la oposición a la dictadura.
Quizás, además de necesaria, sea muy útil aceptar ese ofrecimiento para unas eventuales elecciones adelantadas, pues debe recordarse la experiencia negativa de que las elecciones ilegales y fraudulentas del 2011 y 2016 las que fueron posibles, porque, a pesar de las dos masivas abstenciones, hizo falta la unidad de la legítima oposición.
No me corresponde –y pienso que no le corresponde a ningún otro comentarista— sugerirles a la Alianza Cívica y a la Unidad Nacional Azul y Blanco la decisión que deben tomar al respecto, pues decidirlo es un derecho y un deber de los activistas y dirigentes de las alianzas. Y cualquier decisión, debe tener en cuenta que, para bien de la lucha popular por la libertad y la democracia, solo con una sola alianza unida se lograrán los objetivos patrióticos y comunes de forjar una nueva república con un sistema político democrático.
Pero sí, puedo expresar mi observación sobre esas ofertas ante una posible proximidad de unas elecciones, vale pensar en lo siguiente:
1) Que el tiempo para una campaña recolectora de firmas para poder participar en las elecciones por Suscripción Popular, podría ser parte de su campaña electoral;
2) Que por la campaña electoral podría descuidarse, con la tarea de recolector las firmas;
3) Que la Alianza Cívica acepte una de las ofertas de las casillas electorales.
Según el panorama político nacional, la casilla del Partido Ciudadanos por la Libertad (C x L) sería la mejor opción. ¿Por qué? Porque ese partido forma parte de la Alianza Cívica, su militancia es beligerante y sufre igual represión que todo el pueblo, además de que tiene tendido orgánico partidaria a nivel nacional.
En fin, que todo sea para bien del país y del pueblo… ¡y para que las elecciones estilo “Ortega” no vuelvan más!