Las confiscaciones resultan un búmeran

¿A qué se deberá el empecinamiento del comandante Ortega, al ordenar la conversión de instituciones confiscadas de forma irregular, en centros asistenciales? ¿Será que no quiere entender lo lesivo de esta decisión en la valoración interna y externa de su gestión gubernamental? La naturaleza de las organizaciones confiscadas son un búmeran. No se puede atentar contra la libertad de expresión sin que el gobernante salga ileso. CONFIDENCIAL, Esta Semana, Esta Noche y 100% Noticias, por más que sus políticas informativas y editoriales le incomodaran, eran un mal menor para sus intereses. Violentó una libertad que el pueblo de Nicaragua ha tenido que conquistar al más alto de los precios: con dolor, sangre, cárcel, confiscaciones, exilio y muertes. Una libertad sometida a todo tipo de vejámenes. Marca un retroceso lamentable. Incluso inesperado.

Iguales malestares provocan las incautaciones al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y al Instituto para la Democracia (Ipade). El talante de un Gobierno se mide por los niveles de respeto que muestra con el ejercicio del periodismo y las salvaguardas que mantiene para que organizaciones que promueven la democracia, puedan hacerlo en la más absoluta libertad. Trabas e impedimentos legales son desaconsejables. Más lamentable aun cuando los obstáculos obedecen al fastidio que provocan su existencia. Hay que proteger sus compromisos en la defensa de la libertad de expresión y los procesos democratizantes. La afinidad que guardan las instituciones confiscadas por el gobernante, radica en su voluntad por defender y promocionar los valores democráticos. Nada más condenable que atentar contra derechos humanos fundamentales.

Un Gobierno que se precia democrático, jamás procedería en la forma que lo hizo el comandante Ortega. Eran tantos los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por los representantes de estas instituciones, que tenía espacio para dar visos a que su decisión estaba apegada a derecho. Ocurrió lo contrario. Su determinación atenta contra principios constitucionales. ¿A qué obedeció el silencio indefinido de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? La actuación del gobernante y la inercia del más alto tribunal de justicia, convalidan los señalamientos de sometimiento de todos los poderes del Estado al Poder Ejecutivo. No hubo mesura. No quiso darle cariz de legalidad a la medida. Entonces, ¿por qué extrañarnos que dentro y fuera de Nicaragua cuestionen que en Nicaragua no existen pesos y contrapesos en el ejercicio del poder?

Una recriminación de los empresarios nicaragüenses al comandante Ortega, es haber violentado el tinglado jurídico existente. Tiene que haber congruencia entre los llamados a las empresas extranjeras para que vengan al país a invertir plata y el respeto que debe tener por sus bienes. La convalidación de las confiscaciones, en vez de alentar la llegada de inversionistas, crea un clima opuesto. Con tres años consecutivos con índices económicos adversos, el gobernante debería actuar en consonancia con sus pretensiones. Nada más contradictorio que pretender regresar a la normalidad y a la vez insistir en confiscar medios y organizaciones defensoras de la democracia y de la salud del pueblo. Destinar estos lugares a la protección de la niñez y al combate contra el alcoholismo no legaliza sus acciones. Son totalmente irregulares. A contrapelo del derecho.

Tampoco llego a comprender cómo en vísperas de elecciones nacionales, no haya dado señales encaminadas a crear condiciones favorables, para demostrar ante el mundo que habrá un cotejo electoral limpio y transparente. Mientras esta actitud persista, las protestas seguirán su curso. Una de las solicitudes persistentes de organizaciones y partidos de diferente signo político, ha sido la liberación inmediata de los presos políticos y no seguir asediando a los opositores al régimen. Ni continuar deteniéndoles ni impidiéndoles salir de sus casas. Estas acciones ayudarían a despejar suspicacias. ¿O más bien pretende desestimular la participación política del pueblo nicaragüense? La comunidad internacional está expectante. Todo lo que haga o deje de hacer para estos meses el mandatario, incidirá en el rumbo que tomarán las elecciones.

Algunas personas han expresado que la emisión de las últimas leyes, así como las confiscaciones de los medios de comunicación, organizaciones defensoras de derechos humanos e instituciones promotoras de la democracia, son medidas adoptadas con la intención de ponerlas en el futuro sobre la mesa de negociaciones. Esta es su tesis. No creo que amplios sectores de la sociedad nicaragüense piensen igual. Tampoco creo que los daños infligidos por el comandante Ortega, sean reversibles al corto plazo. El daño está hecho. La alternativa más razonable era devolver a sus dueños lo confiscado. Debo reconocer que en política no todo está dicho. Revertir los efectos negativos de las confiscaciones está en sus manos. El comandante Ortega ha llamado al diálogo a las instancias internacionales. ¿Por qué no hacer lo mismo con los actores nacionales?

Lo más inaudito ha sido que medios y organizaciones defensoras de los derechos humanos, no han detenido ni un solo día su labor. Ni CONFIDENCIAL, Esta Noche, Esta y Semana, paralizaron sus labores. Desde el exilio continuaron informando y cuestionando al gobernante. Tampoco logró que el Cenidh dejase de defender y denunciar las violaciones a los derechos humanos. ¿No era este el objetivo? Al no concretar su pretensión, ¿el gobernante se sentiría agraviado? Subió la parada. Decidió ir hasta el final. ¿A qué costo? Pienso que no lo midió o lo midió mal. Su última providencia indica que el comandante Ortega no está dispuesto a ningún reacomodo con medios y periodistas. Tampoco lo está con las instancias defensoras de los derechos humanos. 100% Noticias prosigue también con su labor informativa. Más beligerante y comprometida.

Más allá del carácter de las instituciones confiscadas, debemos considerar que las confiscaciones constituyen un mal mayor para el gobernante. Coloca a su Gobierno en una situación difícil, sumamente crítica. Internamente revive un pasado que no han olvidado los nicaragüenses. Externamente lo dejan en mal predicado. El país demanda acciones encaminadas en búsqueda de soluciones eficaces y permanentes. Estas no serán posible mientras el gobernante no rectifique. ¿Estará dispuesto hacerlo el comandante Ortega? ¿Cuándo y en qué condiciones? Para abonar el camino se requieren gestos orientados a poner fin al desencuentro entre las familias nicaragüenses. Liberar a los presos políticos y crear las condiciones para el diálogo. El acercamiento de posiciones compete a todos los nicaragüenses. El primer paso debe darlo el gobernante.