26 de abril 2021
AA
Share
La reciente entrevista de Rafael Solís ante los medios de comunicación nicaragüenses en Costa Rica, ha suscitado incontables interpretaciones e interrogantes en torno a sus verdaderas intenciones.
Su participación como funcionario público de alto nivel ha quedado claramente establecida a partir de sus declaraciones, (¿o podríamos decir confesiones?). Como operador político, conoce y conocía, de primera mano, los tejemanejes de la dictadura, a la que sirvió sin contradicciones ni dudas a lo largo de varias décadas, lucrándose de paso.
No era ajeno a la perversión de la justicia, ya que él mismo se encargó de instruir a los jueces sobre su actuación en los “juicios” a los que fueron sometidos cientos de ciudadanos que protestaron contra la dictadura. Acepta claramente haber citado a una “gran cantidad de jueces” para transmitirles la necesidad de condenar a las víctimas de la represión, tal como se lo indicaron sus amos. Si eso no es perversión y manipulación de la Justicia, entonces, ¿qué es?
Tampoco era desconocedor de las violaciones reiteradas a lo establecido en los procedimientos judiciales, como el secuestro por tiempo indeterminado de personas por parte de paramilitares, para luego aparecer en manos de la Policía; la ausencia de garantías procesales y las violaciones al debido proceso; las falsas acusaciones y los falsos testigos en casos absolutamente fabricados por la Fiscalía; el acoso a familiares de las víctimas de los asesinados perpetrados por fuerzas policiales y paramilitares, y una larga lista de arbitrariedades que constituyen delitos tipificados en la legislación penal nicaragüense. Aún ahora no se atreve a llamar por su nombre a los jueces prevaricadores, los casos en los que intervino y las víctimas de su “obediencia”, a pesar de que los periodistas insistían en el tema. Una amnesia muy oportuna que da qué pensar.
Solís argumenta que siendo secretario político del FSLN en el Poder Judicial, estaba obligado a cumplir con las orientaciones (órdenes) enviadas por ambos dictadores, ya que eran decisiones políticas, y al Poder Judicial no le quedaba más que cumplir con ellas. Yo me pregunto si Solís cree que somos ignorantes. Cualquier ciudadano de a pie, con sentido ético, principios morales y responsabilidad profesional, sabe que cumplir órdenes en perjuicio de los ciudadanos, violando sus más elementales derechos humanos consagrados en la Constitución Política, sometiéndolos a condenas arbitrarias e injustas, va contra la legislación penal nicaragüense vigente. La “obediencia debida” no constituye un argumento eximente de responsabilidad, ni para los militares en conflictos recientes ni mucho menos para civiles al servicio del pueblo.
Rafael Solís dice “creer” que el Ejército de Nicaragua facilitó las armas de guerra con las que los asesinos masacraron a tantos jóvenes desarmados. Pero, acto seguido, argumenta que no lo sabe a ciencia cierta, que no tiene pruebas y estima que el Ejército no participó en la represión. Sin embargo, este argumento cae por su propio peso al haberse desvelado en diversos informes de expertos internacionales que el arsenal utilizado es de uso exclusivo del Ejército y la Policía.
Según Solís, su decisión de abandonar el barco se dio al leer los informes forenses sobre los jóvenes asesinados en los que se establecía claramente que no eran disparos casuales, sino disparos a matar: en cabeza, pecho y garganta. Sus palabras confirman lo que para muchos ha sido la verdad detrás de nuestra tragedia nacional: que la decisión letal contra el pueblo provenía del más alto nivel y era cumplida a cabalidad por esbirros altamente calificados, tiradores especializados con armas de guerra de alto calibre.
Yo me pregunto en qué planeta vivía Solís que no se había enterado de lo que ocurría en la calle, en las universidades, en las manifestaciones, en las iglesias y en el campo. ¿Acaso tampoco se informaba como cualquier ciudadano o solamente aceptaba la verdad oficial del “golpe de estado” que le era suministrada desde El Carmen por sus otrora grandes amigos y camaradas? ¿Acaso no veía pasar las caravanas de la muerte que se desplazaban cargadas de verdugos armados hasta los dientes? ¿No se enteró de los ataques a los sacerdotes, a los defensores de derechos humanos, a la población desarmada? ¿No supo nada del ataque a la Iglesia de la Divina Misericordia con las consecuencias por todos conocida?
Él siempre protegió los intereses de la pareja presidencial y elaboró propuestas que garantizaban su mantenimiento en el poder, tal como especifica en la entrevista. Fue igualmente el artífice de la reelección indefinida de Ortega, llegando a justificar que la no reelección violaba los derechos humanos de éste, argumento que fue desestimado por Naciones Unidas.
A lo largo de toda la entrevista, Solís se muestra frío, casual, como si estuviera contando una película. No hay muestra de empatía con los muertos, los exiliados, los acosados, la dramática situación que los nicaragüenses tienen que enfrentar por la ambición desmedida y la crueldad infinita de los sátrapas que se aferran al poder.
Alguien dijo que este personaje “no da puntada sin hilo” y, efectivamente, es más que curioso que sea hasta ahora que se lanza a dar una entrevista tan amplia y llena de informaciones que, aunque parciales e incompletas, dejan entrever una agenda oculta que le permita salvar los restos de su propio naufragio.
¿Por qué no es plenamente sincero y le da a su pueblo y a su patria la oportunidad de iniciar la búsqueda de la verdad y la justicia, elementos fundamentales en el proceso de reparación de todo el daño que Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus esbirros han causado a Nicaragua? Información que permitirá llevar ante la Justicia a todos los responsables de la muerte de tantos jóvenes, cuyo único crimen ha sido oponerse a esta cruel dictadura, violadora sistemática de los derechos humanos de todos los nicaragüenses y responsable de delitos de lesa humanidad, tal como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) califica la masacre en sus sucesivos informes.
En mi opinión, Solís es la prueba viviente de lo que otros funcionarios y servidores públicos utilizarán como argumento para pedir redención por sus actos: que la obediencia debida sea aceptada como eximente de su responsabilidad individual y colectiva, y que todo se diluya con la complicidad de los máximos operadores gubernamentales de la dictadura. Sus actos son una traición a los ideales del pueblo nicaragüense y sus actuales declaraciones no exoneran sus culpas. Tendrá que responder ante la justicia nicaragüense o internacional más tarde o más temprano, aunque pretenda negociar como testigo contra la dictadura, a cambio de su impunidad.
