26 de febrero 2024
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El pasado 21 de febrero, después de 56 días de ausencia en el cargo público, el gobernante ausente reapareció en un acto oficial en homenaje al general Sandino.
El año pasado, Daniel Ortega compareció únicamente en 30 eventos públicos, la mayoría de éstos ceremonias protocolares, incluyendo un viaje a Cuba y otro a Venezuela, según los medios oficiales. Al iniciar 2024 impuso un record con su periodo más prolongado de ausencia de casi dos meses de la función pública, mientras la vicepresidenta y vocera del régimen se hace cada vez más omnipresente a través de su monólogo oficial cada mediodía y en el manejo del día a día de los hilos del poder.
Con independencia de cuál sea la causa de la incapacidad de Ortega para asumir sus funciones como gobernante, es evidente que ya comenzó la sucesión dinástica en el poder, como se demuestra en la intervención policial y la barrida de la Corte Suprema de Justicia el año pasado, donde aún está pendiente el nombramiento de 13 nuevos magistrados, ya no bajo la tutela de Ortega, sino únicamente leales a Rosario Murillo.
Ortega y Pinochet
Ortega se jactó haber despojado de su nacionalidad a centenares de nicaragüenses, por demandar elecciones libres, justicia y democracia, en una acción inconstitucional, violatoria de convenios internacionales suscritos por el Estado de Nicaragua para prevenir la apatridia, que ha sido condenada internacionalmente de forma rotunda. Intentó mofarse de los 110 nicaragüenses que hemos recibido la ciudadanía española, pero lo que hizo fue enaltecer el extraordinario gesto de solidaridad de España que pone de relieve los crímenes de lesa humanidad y la persecución política que ha impuesto el régimen Ortega-Murillo.
Ortega justificó la apatridia, leyendo un manifiesto del general Sandino de 1927, pero en realidad su inspiración no es Sandino sino el dictador chileno Augusto Pinochet, el único gobernante latinoamericano que se atrevió a despojar de su nacionalidad a una decena de ciudadanos en 1976, entre ellos el excanciller de Allende, Orlando Letelier, que fue asesinado en Washington ese mismo año en un acto terrorista patrocinado por Pinochet.
El dictador nicaragüense ha superado con creces al dictador chileno, al despojar de su nacionalidad no a 10 ciudadanos como Pinochet, sino a 317 nicaragüenses, quizás porque su afán de odio y venganza es mayor y aún más irracional que el de la dictadura militar chilena.
El refugio de los corruptos
Además de despojar los nicaragüenses de su nacionalidad, Ortega ha convertido a Nicaragua en un refugio de corruptos al ofrecer protección y otorgar la ciudadanía a cambio del blanqueo de capitales, a expresidentes perseguidos y procesados por corrupción en sus países, como los salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, a varios ex altos funcionarios de Honduras y Guatemala, y al otorgarle asilo político al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, condenado por corrupción.
¿Cuánto cuesta una nacionalidad nicaragüense en el mercado de corrupción de Daniel Ortega, y cuáles son sus réditos políticos y económicos?, habría que preguntarle al libio Mohamed Lasthar, sobrino de Mohamar el Gadhafi, ahora nacionalizado nicaragüense, embajador ante 11 países árabes, o a Mauricio Gelli, hijo del italiano Licio Gelli, de la logia P2 y el escándalo del Banco Ambrosiano, que como nacionalizado nicaragüense hoy es el flamante embajador de Nicaragua ante España y otros tres países europeos.
La hipoteca de la soberanía
Ante sus partidarios, Ortega y su esposa se presentan como herederos del general Sandino, máximo símbolo de la defensa de la soberanía nacional. Pero todo mundo sabe, incluyendo a los mismos sandinistas, que con la ley 840 del canal interoceánico promulgada en 2013, la ley Ortega-Wang, el régimen hipotecó por 100 años la soberanía nacional al entregarla al empresario chino Wang Jing, para la supuesta construcción del canal y una decena de subproyectos en cualquier parte del territorio nacional.
A pesar de la estafa millonaria y el fracaso del proyecto canalero que fue rechazado por las 100 marchas de protesta del Movimiento Campesino, esa ley sigue viva y representa una amenaza para la integridad territorial de Nicaragua. Por eso la primera tarea del nuevo Gobierno democrático que sustituya a la dictadura debe ser la anulación de la ley 840 y establecer las bases de la justicia sin impunidad, para iniciar la reconstrucción de Nicaragua.
Pero, además, el país necesita recuperar plenamente su soberanía y enterrar la política vendepatria de Ortega ante Rusia y China.
En 2022, en otro aniversario del general Sandino, Ortega mancilló el legado del héroe nacional al justificar su apoyo a la invasión militar del dictador ruso Vladímir Putin en Ucrania, en nombre de Sandino, el ícono antiintervencionista.
Dos años después, este 21 de febrero Ortega compareció otra vez acuerpado por el alto mando del Ejército y la Policía, para refrendar el respaldo de las instituciones armadas a su discurso de odio y venganza, y a su actuación como peón de los intereses de Rusia y China en Centroamérica.
El dilema de los generales
¿Qué se puede esperar del Ejército de Nicaragua que, incumpliendo su mandato constitucional, en 2018 se negó a desarmar al ejército paramilitar de Ortega? ¿Qué reserva institucional existe en un Ejército que en 2024 se ha hecho cómplice del trasiego de una tonelada de cocaína de Nicaragua a Rusia?
La pelota está en la cancha de los 20 generales del Ejército, encabezados por el general Julio César Avilés que durante más de una década han representado el tapón institucional que impide el ascenso de los oficiales en la carrera militar en el Ejército, y ahora se debaten ante la incertidumbre de la “sucesión dinástica”.
¿Será reelegido el general Avilés por un cuarto período como jefe del Ejército en 2025? ¿Cuál es el futuro de los otros 19 generales, ante la eventual salida de Avilés? ¿Se declararán leales a Murillo, o serán antes desplazados por los altos militares que serán nombrados por la sucesora del poder? ¿Será el Ejército intervenido políticamente por el sistema de ordeno y mando de El Carmen, como ha ocurrido ya con la Policía, el Poder Judicial y el Poder electoral?
Nadie puede predecir, por ahora, el desenlace de estas interrogantes, pero mientras el liderazgo del Ejército siga sometido a la dictadura familiar Ortega-Murillo, la institución militar está hipotecando su futuro a la suerte de la “sucesión dinástica”.
