27 de agosto 2020
AA
Share
A nuestros 100 reos de conciencia.
¿Podría hoy demostrarse que no han sido olvidados?
La violenta contracción económica a partir de la sublevación de abril del año 2018 –feroz represión y asesinatos masivos de 350 nicaragüenses– desplomó ese año el producto interno bruto a una tasa de -4%. Se invertía drásticamente el crecimiento del PIB que durante una década avanzaba a tasas positivas entre 4 y 5% anual. El modelo de diálogo y consenso del gobierno y el gran capital, la causa directa de aquella destrucción del Estado de Derecho y sus instituciones, desaparecía en cuestión de horas sin padrinos ni defensores. “Jamás intuimos la sorpresa de abril”, se excusaba un entristecido operador político del sueño sepultado.
A inicios del 2019 se advertían acumuladas tensiones en las finanzas públicas, luego de que a lo largo del 2018 el régimen intentó resolver inútilmente múltiples fisuras devenidas en cárcavas. Surgió entonces el desesperado aumento de impuestos del 28 de febrero del 2019. El objetivo exclusivamente recaudatorio, pésimamente estructurado hacia una mayor regresividad, inequidad y afectación del sistema productivo nacional, lo convirtió en la peor reforma tributaria del último medio siglo. Solo recordemos cuatros insólitos ejemplos: bienes de la canasta básica de producción nacional gravados con IVA (papel higiénico, jabón de lavar y de baño, escobas, desodorante, fósforos, etc.); supresión de estímulos fiscales sin ninguna racionalidad técnica (agricultura e industria sobre todo); incremento confiscatorio del Pago Mínimo Definitivo, y aumento del IR vía eliminación de deducciones de fondos de ahorro de asalariados, que paradójicamente la misma administración Ortega había implantado en 2013 “como una medida justiciera en favor de los trabajadores y en contra el neoliberalismo”.
Así las cosas, llegamos a inicios del 2020 arrastrando irreversibles daños a la actividad económica, agrandados por la falta de acceso a recursos frescos y consiguientes problemas de financiamiento del gasto público; remesas familiares sometidas a eventuales vaivenes y vulnerabilidades; inversionistas y organismos multilaterales silentes y expectantes con el punto de mira en las sanciones internacionales. Y el fantasma del desempleo enseñoreándose en toda la geografía nacional.
Pero el salto mortal de la crisis recaudatoria asomó en marzo del 2020, dejando atrás el espejismo del IR anual 2019 que pagaron las empresas entre enero y febrero 2020. Para entonces la ilusión óptica de una recaudación manejable se había esfumado. Y así, el trimestre abril-junio 2020 marcó el punto de inflexión mediante una caída en las recaudaciones como no había ocurrido en las últimas dos décadas. Se alinearon los malos astros de la política impositiva mediante el agotamiento progresivo de los espacios fiscales, dramáticamente agudizados con motivo de la pandemia global. Catecismo fiscal es que todo impacto de reforma tributaria de esta naturaleza no surte efecto de la noche a la mañana –sobre todo cuando se tiñe de revanchismo político–. Después de un año incubándose el abuso fiscal pasaba la factura sin contemplaciones.
Hagamos un alto y exploremos brevemente el golpe en cascada a la seguridad social como consecuencia de una fallida reforma tributaria. Se preguntarán ustedes ¿por qué saltamos del tema de la recaudación fiscal a la situación financiera del INSS, que en teoría debe ser una institución financieramente sostenible, autónoma y no presupuestada por el Gobierno Central? La razón es que si en Nicaragua la recaudación fiscal flaquea, por efecto dominó golpeará en forma automática al INSS; todo a causa de la insoslayable capilaridad entre ingresos tributarios del presupuesto nacional y los compromisos de pago del Estado al INSS, a saber: una deuda pública interna que tiene como causa la utilización delictiva de las cotizaciones pertenecientes a los asegurados durante su vida laboral; el manejo escandaloso de las inversiones, y la eterna “desaparición” de las cuotas de servidores públicos y el Estado.
El presupuesto general de la república 2020 contempla transferencias fiscales al INSS por 3 mil 254 millones de córdobas; de ellos 1 mil 414 millones son bonos de la república que se destinarían al pago de dinero malversado por el Ejecutivo, y 1 mil 812 millones de córdobas como aporte estatal a dicha institución. ¿Pero qué ha pasado al 30 de junio 2020? Durante el primer semestre del año solo se ha pagado al INSS el 32.7% del monto anual presupuestado. Y si consideramos que el segundo semestre de cada año es el de mayores apremios financieros del INSS, por causa de erogaciones diferidas y otras programadas para el cuarto trimestre, como el pago de aguinaldo, ¿cómo se honrará esta deuda de 2 mil 189 millones de córdobas, equivalente al 67.3% del total presupuestado en 2020? En consecuencia, esta sequía tributaria constituye a la vez una puñalada a la seguridad social, de por sí en estado de coma.
Regresemos a los ingresos fiscales 2020, que fundamentarán nuestra conclusión de fondo: los rubros afectados por la reforma de febrero 2019, fueron precisamente los que se desplomaron en forma radical el segundo trimestre del 2020 y globalmente el I semestre del mismo año. Podemos afirmar que esta decisión gubernamental no solo resultó inútil, sino que empeoró la situación fiscal de los ingresos. He aquí la evidencia concreta: mientras el comparativo del I semestre 2018-2019 nos dice que la recaudación del IVA interno o doméstico fue del +5%, en cambio en el interanual 2019-2020 cayó abruptamente al -18.7%. Veamos ahora el IR: mientras el comparativo del I semestre 2018-2019 alcanzó una recaudación de +12.9%, en cambio durante el mismo período 2019-2020 cayó estrepitosamente al -6.5%%.
Si bien es cierto que en Centroamérica la carga tributaria o presión fiscal –porcentaje del PIB destinado al pago de tributos– es baja (16%) respecto de otras regiones y continentes, será imprescindible en la Nicaragua democrática del futuro inmediato diseñar una adecuada arquitectura fiscal. Elevar la presión impositiva para atender las necesidades sociales, no implica incremento automático de impuestos. Más bien se trata de dar en el blanco de las fuentes y capacidades contributivas, nuevas alternativas multisectoriales y renovados flancos para el desarrollo sostenible, así como tratamientos privilegiados de urgente corrección y garantías de aplicación de los principios de igualdad, generalidad y capacidad contributiva.
Este régimen no tiene la autoridad moral, política ni ética para motivarnos a asumir retos tributarios en aras del bien común y la justicia fiscal. Ya perdió toda legitimidad, credibilidad y respeto. Yace inerte a la sombra de una economía con el nada envidiable galardón de tres años consecutivos de recesión, que finalizará 2020 con un PIB menor al del año 1962.
Retornemos ahora al punto esencial de esta reflexión. Si el 94% del presupuesto nacional es financiado con impuestos, y si disminuyeron sensiblemente de un trimestre a otro, nuestra lectura debe ser que algo muy serio está pasando. La presencia del covid-19 en la vida socioeconómica del país y la devastadora reforma tributaria de 2019, nos obligan a ir más allá en el análisis: el régimen está llegando al final de su capacidad de gestión fiscal como recaudador tributario. Incrementar los impuestos más allá de determinados niveles de sentido común, de suficiencia y viabilidad financiera, tiende a cercenar la actividad económica de manera tal que la recaudación deseada ha terminado asfixiando el crecimiento debido. Es el principio de Laffer que demuestra cuándo una saturación impositiva o sobrecarga de impuestos llega a un punto tal que su productividad se invierte, resultando negativa
¿Leche o sangre ordeñada? Seamos objetivos: aunque todavía no vivimos el naufragio, el Titanic ya se fracturó contra el iceberg.
