30 de enero 2019
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En un callejón aún sin salida se encuentran los Ortega-Murillo. Es clave en este arrinconamiento la tipificación de “lesa humanidad” que el Grupo Internacional de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) de la CIDH-OEA, hiciera con tanta propiedad de varios delitos cometidos por la dictadura y sus principales allegados.
El principio de “justicia universal” invocado hace unos días por el GIEI al exhortar a países a que juzguen a los Ortega-Murillo, es reciente, y son pocas las naciones que lo han adoptado, como Argentina, Alemania y España. Esta norma reconoce que los crímenes de lesa humanidad son universales y, por tanto, los tribunales nacionales pueden juzgarlos a través de figuras penales tipificadas en sus legislaciones.
La justicia universal estará inexorablemente presente como un factor adverso a la tiranía en cualquier negociación que se vaya a producir, porque implica que los Ortega-Murillo no solo podrían ser candidatos al banquillo de los acusados en la Corte Penal Internacional –en determinadas condiciones--, sino que son sujetos de juicio en otros países. Es casi como estar ante un pelotón de fusilamiento.
Si partimos de que están ciega y rabiosamente aferrados al poder, es congruente asumir que los Ortega-Murillo no aceptan un diálogo porque son conscientes de que el objetivo principal inmediato de este es que se acuerde realizar elecciones libres adelantadas, cosa que no querrían aceptar porque significaría perder el mando absoluto que tienen, tal es la correlación de fuerzas que hay en Nicaragua desde abril del 2018. Este es el principal muro de contención a una negociación.
Aceptar el diálogo implicaría admitir no continuar en el poder, pues en unos comicios libres sería imposible un fraude electoral, como acostumbraron. Por tanto, tendría que haber estímulos muy fuertes para que los dictadores lleguen a este punto, por ejemplo, que puedan quedarse en el país antes, durante y después de las elecciones, con la no revelada pero presumible intención de la pareja sanguinaria, de “gobernar desde abajo” con su disminuida pero todavía apreciable base social.
Contra este punto conspirarían dos situaciones: 1. La demanda de justicia transicional, a todas luces incuestionable, y una necesidad incluso más allá de las víctimas y de los familiares, pues se trata de un imperativo moral y político nacional para empezar por primera vez en nuestra accidentada y errática historia, a construir con bases firmes una sociedad libre, democrática y con justicia, institucionalización y plena vigencia de los derechos humanos; y 2. El inevitable desmantelamiento y desarme de los paramilitares y la reestructuración profunda del cuerpo policial, principales látigos represivos ensangrentados de los Ortega Murillo, que requieren un fuerte y altamente calificado apoyo técnico, humano y financiero internacional.
Los procesos en relación a los paramilitares y la Policía durarían más de un año, tiempo durante el cual el orteguismo podría seguirle dando zancadillas al país, aunque “gobernar desde abajo” no le será posible por su profundo desprestigio y desacreditación, y, sobre todo, por el desprecio y otros sentimientos adversos a ellos, ocasionados por la matanza y represión que ordenaron y ejecutaron. También porque buena parte de su base social ha perdido su vitalidad y está en la incertidumbre.
Otro estímulo para los Ortega-Murillo podría ser que conserven sus cuantiosos activos acumulados mediante el abuso del poder y todo tipo de corrupción, pero esto es relativo ya que legislaciones recientemente aprobadas en el exterior, limitan su usufructo dentro y fuera de Nicaragua.
Imposibilitados de ser eximidos de graves delitos, impedidos de “gobernar desde abajo”, limitados en el uso de sus capitales, aunque no se les incauten, y por las anteriores razones restringidos en una eventual continuidad de su residencia en Nicaragua, aunque fuera del poder, los estímulos que podrían recibir los Ortega-Murillo parecieran agotarse.
No es que sea poca cosa obtener garantías a su vida considerando que Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus principales allegados son autores de una matanza y represión sin precedentes en la historia de Nicaragua, ni que sea despreciable adicionalmente conseguir seguridad sobre sus voluminosas finanzas, pero para déspotas y tiranos, esto es muy poco. Lo peor para ellos es que estarían pendientes acciones judiciales. No hay nada que justifique la impunidad, tampoco la venganza.
Pareciera que el estímulo adicional que pudiera ayudar al desenlace de una negociación indispensable para salir de la crisis, es que la familia Ortega-Murillo y sus principales allegados lleguen a la conclusión de que la mejor opción es que se puedan ir del país, no a Venezuela, por razones obvias, tampoco a Bolivia, aunque por ahora ofrece estabilidad, sino a Cuba, donde el control social del Partido Comunista continúa siendo total e impenetrable y no hay ninguna señal de que vaya a cambiar a corto o mediano plazo, aunque bien sabemos que los estallidos sociales son impredecibles. Además, La Habana es una vieja conocida y de confianza absoluta. Esto les permitiría eludir la justicia, pero no por siempre, pero les daría un valioso respiro.
Pareciera que el panorama de una negociación política que hemos esbozado conduciría a los Ortega-Murillo a continuar aferrados desesperadamente al poder, y rechazar todo diálogo, así que a los componentes mencionados habría que agregar, de manera imprescindible, una serie de poderosas y contundentes medidas coercitivas internacionales que podrían salir desde diferentes frentes combinados, como la OEA, la ONU, la Unión Europea y los Estados Unidos. Sin embargo, el factor decisivo, con la complementariedad de lo anterior, será siempre la reactivación de la resistencia pacífica de la ciudadanía.
Lo más importante de todo, y determinante, que añadiríamos, es un protagonismo constante de la ciudadanía, mediante acciones mínimas, pero masivas, en todo el país, como agitar una bandera nacional, arrojar chimbombas azules y blancas, hacer pintas de consignas y símbolos patrios, gritar demandas como libertad de las presas y presos políticos, libertad de expresión, cese de la represión, etcétera. Este accionar en gran escala es lo que finalmente empujará a la dictadura a una negociación política.
