La rendición de cuentas que nos debe Juan Guaidó

La opacidad fue la norma del chavismo. Se supone que la oposición debería actuar de una manera diferente. Es evidente que Juan Guaidó al frente del Gobierno interino no controla todos los recursos públicos, pero sí tiene una oportunidad para rendir cuentas sobre aquellos recursos que sí maneja.

De esta forma sintética se expresó el periodista político Eugenio Martínez, cuando le pregunté sobre la necesaria rendición de cuentas que nos debe, a toda la ciudadanía, el denominado Gobierno interino. Este periodista venezolano ha insistido por largos meses en la necesidad de que haya una política transparente por parte de Guaidó y sus colaboradores. Al sostener tal posición en algunas ocasiones fue objeto de señalamientos y descalificaciones desde las propias filas opositoras.

Denuncias de corrupción

No es un secreto que la posición política y la imagen pública de Juan Guaidó siguen en declive. Tras una ola de denuncias y versiones contrapuestas sobre el manejo de activos en el exterior por parte del Gobierno interino, como fue reconocido en 2019 por más de 50 países, el capítulo local de la reconocida ONG Transparencia Internacional (TI) ha solicitado rendición de cuentas a Guaidó.

En enero de 2019, tras asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, entonces el único poder legítimo en Venezuela a los ojos de Occidente, Guaidó se proclamó como “presidente interino” y tuvo un rápido reconocimiento de Estados Unidos y diversos países de la Unión Europea. Tal posición le brindó acceso al manejo de activos venezolanos en el exterior.

Se trata de sumas millonarias. El Gobierno interino, por ejemplo, controla la petrolera Citgo en Estados Unidos, que tuvo ingresos netos por encima de 200 millones de dólares el año pasado, mientras que la fabricante de fertilizantes Monómeros, en Colombia, tuvo una facturación de 790 millones de dólares en 2020.

Países como Colombia y Estados Unidos se avinieron a la tesis de que el joven líder prodemocracia, al frente del Parlamento y amplio reconocimiento internacional en 2019, encabezaría una rápida transición. Por esa razón, forzaron el desalojo de los gerentes designados por el chavismo y admitieron el manejo de una gerencia designada por Guaidó.

“En Transparencia Venezuela estamos convencidos de que urge un cambio en la manera como se vienen gestionando los recursos públicos, no solo por el Gobierno de Nicolás Maduro sino también por el Gobierno interino, además de una investigación integral sobre las denuncias formuladas”, indicó la ONG en un comunicado. El foco reciente está puesto sobre Monómeros. El que sea el capítulo local de TI quien pida rendición de cuentas reviste el tema de genuina preocupación de la sociedad civil sobre la ausencia de transparencia.

El Gobierno interino de Guaidó ha estado formado por diputados y expertos vinculados al llamado G-4, los partidos que controlaron la Asamblea Nacional electa en 2015 y la cual simbolizó un sonoro triunfo de las fuerzas democráticas. Se trata de Voluntad Popular (el partido de Guaidó y del exiliado Leopoldo López), Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

A fines de septiembre las señales de alarma se encendieron, más allá de las denuncias periodísticas que ya venían circulando, públicamente el partido Primero Justicia anunció que renunciaba al manejo de los activos venezolanos en el exterior e incluso recomendó que la administración de tales fondos recayera en terceros que los resguarden hasta tanto se alcance el regreso a la democracia en Venezuela.

Julio Borges fue el vocero principal de esta posición. Borges venía ocupando una suerte de canciller en funciones para representar al Gobierno interino de Guaidó, por lo que esta posición desnuda un quiebre político.

Faltas inaceptables

Transparencia Venezuela cuestiona que se haya puesto en peligro la recuperación y la protección de los activos en el extranjero, que ya habían “expoliados unos y expuestos otros por la Gran Corrupción” del chavismo. La ONG le recordó a Guaidó que esto “constituye una falta inaceptable y un incumplimiento de los compromisos establecidos” por la propia Asamblea Nacional electa en 2015, y su estatuto para regir la transición prodemocracia en Venezuela.

“La falta de transparencia denunciada públicamente por altos funcionarios —actuales y retirados— del Gobierno interino, y diversos reportajes, presuponen un manejo opaco de las finanzas públicas, por parte del interinato que lidera Juan Guaidó, así como la ausencia de investigaciones parlamentarias conclusivas, de sanciones políticas o votos de censura para los señalados”, sentencia el capítulo local de Transparencia Internacional.

Rendir cuentas es la respuesta correcta entre quienes impulsan la democracia. Es necesario que el Gobierno interino y el G-4 aclaren y expliquen en torno a las denuncias que se han presentado.

TI tiene su sede en Berlín y según su ranking anual correspondiente a 2020, difundido el pasado enero, Venezuela es percibido como el país más corrupto del continente y está entre las cinco naciones con peor desempeño, ante la corrupción, de las 180 evaluadas de todo el planeta.

Guaidó está viviendo sus horas bajas. Que se le coloque ahora a la par de Maduro por la opacidad en el manejo de fondos públicos es otra faceta de lo que viene siendo su propia pérdida de credibilidad.

*Artículo publicado originalmente en El Estímulo.