La reforma electoral que necesita la democracia

La democracia se afianza en diversos elementos, uno de ellos es el Sistema Electoral. Es a través de las elecciones que el pueblo expresa su voluntad soberana, eligiendo a sus gobernantes. En Nicaragua, por la vía electoral, los ciudadanos elegimos al presidente y vicepresidente de la República, a los diputados, quienes a su vez nombran a los magistrados de los otros poderes del Estado y dictan las leyes que rigen la sociedad. También, elegimos a las autoridades municipales y de las regiones autónomas de la Costa Caribe y a los diputados del Parlamento Centroamericano.  Por tal razón, las elecciones son un tema de ciudadanía. Somos los ciudadanos quienes participamos en los procesos electorales, formamos partidos políticos, elegimos y somos electos.

En las últimas dos décadas, el sistema electoral nicaragüense, al igual que la institucionalidad democrática, se ha venido deteriorando a través de reformas a la Constitución Política y al sistema electoral con el fin de defender intereses personales o partidarios, sin considerar el bien común.  Esto ha ocasionado el debilitamiento progresivo del sistema de representatividad política, del Estado de Derecho y de la participación ciudadana.

Como ejemplo de este deterioro se puede mencionar la eliminación del porcentaje de votos necesario para elegir al presidente de la República, resultando electo quien obtiene el mayor número de votos aun cuando no represente a la mayoría de la población, y el restablecimiento de la reelección indefinida del presidente, favoreciendo al continuismo y el caudillismo.

En el Poder Legislativo se crean diputaciones “regaladas” para el presidente y vicepresidente de la República salientes y para el candidato que obtiene el segundo lugar en las votaciones presidenciales, a pesar de no haber sido electos diputados por el pueblo.

Por otro lado, a los candidatos electos por voto popular que se cambian de “opción electoral” se les quita su condición de electo; olvidando que el cargo le pertenece a quien es electo por el pueblo y no a los partidos.

En el sistema electoral no existen condiciones para garantizar elecciones justas, transparentes, libres y creíbles. Tampoco hay confianza en el actual Consejo Supremo Electoral debido al partidismo en sus estructuras, a la falta de transparencia en los procesos electorales, la no publicación de resultados completos, el sesgado favoritismo respecto a un partido político determinado, la negativa a permitir observación electoral y muchos factores y subterfugios más.

Actualmente, el padrón electoral se encuentra fragmentado en activo y pasivo, sacando del catálogo electoral a los ciudadanos que no votaron en las dos últimas elecciones; violentando el derecho constitucional al voto y facilitando la manipulación y fraude electoral.

Nuestro sistema de partidos políticos carece de una regulación especial adecuada y transparente. Esto da lugar a actuaciones discrecionales del Consejo Supremo Electoral respecto a la Constitución, funcionamiento y cancelación de los partidos políticos; incluso permite la eliminación arbitraria de potenciales contrincantes que resultan incómodos al partido político en el poder.  De un sistema que abogaba por el multipartidismo, pasamos a un sistema bipartidista que, poco a poco, se convirtió en un sistema hegemónico con un solo partido que controla todos los poderes e instituciones del Estado.

En la búsqueda de una solución pacífica y constitucional a la grave situación en la que se encuentra Nicaragua, el Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE) del cual soy miembro, junto con otros grupos y organizaciones, promueve una propuesta de reformas electorales y busca el consenso entre diferentes sectores de la ciudadanía.  La propuesta en si misma permite entender la gran debilidad del sistema electoral nicaragüense y nos ofrece una radiografía de este con todas sus fracturas, dejando entrever la enorme importancia que tienen estas reformas para los futuros procesos electorales, y en particular, para las elecciones de 2021.

Las reformas electorales que necesitamos son numerosas. Sobre éstas, se ha logrado el consenso entre la ACJD, UNAB, COSEP, CxL, PRD, YATAMA, PLC y GPRE, respecto a temas fundamentales, entre los que destaco:

• La elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, quienes deberán comprometerse a garantizar la administración del proceso electoral en forma independiente, profesional y transparente. Para esto, el GPRE considera que los Magistrados deben ser nombrados con base en criterios de idoneidad y no partidarios, con participación de la sociedad civil para restablecer la confianza en el árbitro electoral.
• La observación electoral irrestricta conforme con los estándares internacionales.
• Un padrón electoral único e integral, previamente auditado y depurado y la reincorporación, en forma obligatoria, del proceso de verificación ciudadana masiva.
• Un adecuado proceso de cedulación que garantice a toda la ciudadanía su derecho a tener su cédula de identidad ciudadana de manera gratuita.
• La modernización de sistemas tecnológicos; particularmente, el sistema de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados en tiempo real que garantice la publicación de la totalidad de los resultados finales desde las JRV hasta el nivel nacional.
• La fiscalización efectiva por los partidos políticos, con la oportuna acreditación y la participación irrestricta de los fiscales de los partidos políticos en todas las etapas del proceso electoral e instancias del CSE.
• Procedimientos claros y eficaces de recursos legales contra las actuaciones de los órganos electorales que prevengan la arbitrariedad del CSE y garantice el debido proceso.
• La instauración de las condiciones que permitan el voto en el exterior; derecho reconocido por la Constitución Política y la Ley Electoral pero que no ha sido posible por falta de voluntad política del CSE.

Todavía están pendientes de consenso con los partidos políticos algunas reformas electorales contenidas en el decálogo del GPRE publicado recientemente:

• La despartidización de los organismos electorales (CED, CER, CEM y JRV) mediante un proceso de escogencia aleatorio que permita la “ciudadanización” de estos organismos. El nombramiento de los miembros de las estructuras del CSE no debe hacerse de acuerdo con cuotas asignadas a los partidos políticos.
• La democratización de la constitución de nuevos partidos políticos, mediante la modificación de los requisitos excesivos con el fin de permitir una participación plural y amplia de las opciones políticas.
• La autonomía de alianzas electorales, permitiendo elegir su propio nombre, bandera, emblema, casilla y representante legal de acuerdo a los estatutos de dicha alianza y que no estén obligadas a ir bajo el nombre y casilla de uno de los partidos que la conforman.

También, es imperativo que el Estado de Nicaragua cumpla con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yatama vs. Nicaragua, en su Sentencia del 23 de Junio de 2005, y garantice la participación de los miembros de las comunidades indígenas y étnicas en los procesos electorales en forma efectiva, tomando en cuenta sus tradiciones, usos y costumbres.

La tarea no está concluida. Las reformas electorales no son un tema exclusivo de los políticos o los partidos políticos. Tenemos que construir consenso entre la ciudadanía. Nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, somos los más interesados en contar con un sistema electoral que respete la voluntad soberana del pueblo expresada mediante el voto popular en las urnas.

Está en nuestras manos demandar reformas electorales y las condiciones necesarias para que, gozando de todos nuestros derechos y garantías fundamentales, podamos participar en elecciones libres, competitivas, transparentes y observadas. Defendamos nuestro derecho a votar y a que nuestro voto cuente.

Busquemos la salida pacífica y constitucional.  Ya sabemos que la violencia solo nos trae más dolor y destrucción. Que nuestra arma para el cambio sean los votos en las urnas electorales y no balas en el corazón de más nicaragüenses.

Solo votando, eligiendo y participando cívicamente vamos a crear una sociedad más democrática que nos permita construir juntos una nueva República, donde podamos vivir en paz, con justicia y libertad.

*Abogada. Integrante del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE).