14 de abril 2021
AA
Share
La larga espera ha terminado. Finalmente, la dictadura rompió el mutismo sobre el tema de reformas electorales cuando Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, anunció la convocatoria para elegir nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), decisión que fue ratificada por los diputados al aprobar unánimemente la Resolución No 01-2001, el pasado 12 de abril, la cual ya fue publicada en La Gaceta.
Ese mismo día, se formó una Comisión Especial de carácter Constitucional para Asuntos Electorales, con el objetivo de tramitar la elección de magistrados y dictaminar sobre el voluminoso proyecto de reforma y adiciones a la Ley Electoral presentado por la bancada oficialista. De esta manera, los únicos proponentes, el presidente de la república y los diputados, tienen un plazo de quince días para presentar sus listas. La batalla por el control del CSE y, en cierta medida para garantizar el resultado de las elecciones de noviembre de este año, apenas está comenzado. Si el conjunto de la oposición no comprende los desafíos del momento, corre el peligro de quedar descolocada en la feroz lucha electoral que se avecina.
La elección de nuevos magistrados
Como ha sido su costumbre, la dictadura esperó hasta el último momento para comenzar a jugar sus cartas, elevando la parada y tomando desprevenida a la somnolienta oposición. Desde hace mucho tiempo era evidente que casi todos los magistrados del CSE tenían su periodo vencido, pero los principales grupos de oposición no le dieron importancia el tema, porque estaban trenzados en una pugna por definir las cuotas de poder y las precandidaturas presidenciales.
A pesar de tener el periodo vencido, estos magistrados permanecieron en sus cargos por efecto del segundo párrafo del articulo 130 de la Constitución, reformado en 2014, que estableció que “los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de su cargo, después del vencimiento de su mandato para el que fueron electos, hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes deban sustituirlos de conformidad a la Constitución Política”.
La elección de magistrados se realizará paralelamente a la discusión de las posibles reformas a la Ley Electoral. Esta bifurcación encierra una trampa muy sutil. Lo idóneo hubiera sido discutir primero el alcance de la reforma electoral, para negociar o definir la reestructuración del CSE, y hasta al final elegir a los magistrados. De nada sirve colocar en la cúspide del CSE a personas independientes, honestas y probas, si la estructura electoral continúa férreamente controlada por la dictadura. En esas condiciones, los magistrados que resulten electos tendrán que desarrollar su labor en un marco institucional demasiado estrecho.
Al priorizar la elección de magistrados, y diferir la discusión de las reformas a la Ley Electoral, la dictadura persigue el objetivo de remozar un poder electoral seriamente cuestionado, a nivel nacional e internacional, al mismo tiempo que, utilizando su mayoría parlamentaria, afianza su control sobre el aparato electoral, sin haber cedido la más mínima concesión en la discusión de la reforma electoral.
La partidocracia
Un tema que ha estado en el tapete de la discusión, es si solo los partidos políticos con representación parlamentaria pueden presentar candidatos a magistrados. El articulo 138, numeral 8 de la Constitución, reformado en 1995, eliminó las ternas a cambio de listas, aunque sutilmente estableció una partidocracia, alejada de la ciudadanía: solo pueden presentar candidatos a magistrados el presidente de la republica (que es dirigente de un partido político) y los diputados (que son militantes de los partidos políticos). Como consolación, se estableció al final una línea: “en consulta con los organismos civiles pertinentes”.
En realidad, dependiendo de la interpretación que se haga, la “consulta” es una condición vinculante que la dictadura quiere esquivar o burlar. No solo se debe consultar a los “organismos civiles pertinentes”, sino también, con mucha mayor razón, a los partidos políticos que no tienen diputados. La elección de magistrados y la reforma electoral debe ser el producto final de un intenso debate nacional, sobre las condiciones adecuadas para garantizar un proceso electoral democrático.
El proyecto de reformas a la Ley Electoral
La dictadura parece marchar en sentido inverso a las demandas de la realidad. La bancada oficialista ha presentado un proyecto de reformas a la Ley Electoral que, con justa razón, ha escandalizado a los grupos de oposición, porque endurece terriblemente las condiciones para participar en el proceso electoral, incorporando inhibiciones, otorgándole mas poder a los magistrados, mantiene vivo al bipartidismo, legaliza la discrecionalidad y las facultades normativas y reglamentarias de los magistrados, etc. Es difícil precisar si ese endurecimiento es parte de una técnica de negociación, o refleja las verdaderas intenciones de sostener a toda costa un agotado modelo de dictadura. Pronto lo sabremos.
Por motivos de espacio, me limitaré a señalar en diferentes entregas las observaciones más importantes de la propuesta de reforma de la Ley Electoral. En la propuesta de reforma del primer párrafo del artículo 6 de la Ley Electoral, se borra o deroga la línea referida a la “consulta con los organismos civiles pertinentes”. Sorprende el afán de derogar mediante una reforma de la Ley Electoral un mandato establecido en la Constitución.
La propuesta de reforma del articulo 8 de la Ley Electoral contiene una nueva prohibición, relacionada con los requisitos para la elección de magistrados del CSE, que no está contemplada en el articulo 171 de la Constitución. De aprobarse esa reforma, no pueden ser electos magistrados “las y los miembros de las Juntas Directivas Nacionales, Departamentales y Municipales de los partidos políticos y si lo fueren, deberán cesar sus funciones partidarias”.
Aparentemente es un paso atrás de la partidocracia, pero en el fondo es una maniobra destinada a debilitar a los actuales partidos políticos de oposición, ya que no pueden postular a sus principales dirigentes, y si estos son electos deben abandonar las funciones partidarias. En todo caso, lo correcto seria que cumplan con la Constitución y las leyes, y que no actúe como magistrado en beneficio de un grupo político determinado.
Mayor centralización de funciones
Debido a la negativa de la dictadura para descentralizar o desconcentrar las funciones del CSE (elecciones, administración, cedulación, partidos políticos y justicia electoral) por medio de una reforma constitucional, existe la posibilidad, bastante estrecha, que algunos de esos cambios que demanda la oposición y la comunidad internacional, sean impulsados por una reforma a la Ley Electoral. Sin embargo, el proyecto de reformas y adiciones a la Ley Electoral es mucho más duro que la norma jurídica que pretende modificar.
Este proyecto de reformas les permitiría a los magistrados del CSE centralizar más funciones, otorgándoles más poder discrecional, normativo o reglamentario. La propuesta de reforma de artículo 10, numeral 2, les permitiría “aprobar y mandatar la totalidad de las normativas, reglamentos y manuales de capacitación que se utilizarán en el proceso electoral”. Quien tenga mayoría de magistrados, sencillamente define todo.
Otra muestra de la centralización de funciones: los magistrados, a través de la Dirección General del Registro Civil de las Personas, podrán nombrar a los registradores locales del Estado civil de las personas, arrancándole esta facultad a las municipalidades, pero “manteniendo la subordinación laboral a cada Alcaldía Municipal”. Esta decisión reafirma el control sobre el proceso de cedulación y aletarga la depuración del padrón electoral
Se legaliza la discrecionalidad
Debido a los antecedentes funestos con las normativas y reglamentaciones que ha aprobado el CSE en anteriores procesos electorales, hay motivos suficientes para preocuparse.
Y por si acaso existen dudas, el articulo 10 numeral 20 de la propuesta de reforma a la Ley Electoral, contempla que los magistrados tendrán la facultad de “reglamentar todo lo referente a: a. La campaña electoral. b. Financiamiento estatal o privado a los partidos políticos”.
La oposición ha denunciado las tropelías cometidas por magistrados del CSE en anteriores procesos electorales, quienes por medio de reglamentos y normativas han destrozado la Ley Electoral reduciendo la labor de los fiscales, creando coordinaciones y responsabilidades paralelas a los órganos electorales
Se mantiene el bipartidismo en los órganos electorales
En la propuesta de reforma a la Ley Electoral se deja intacta la estructura piramidal, de arriba hacia abajo, y el procedimiento bipartidista para la conformación de los órganos electorales: Consejos Departamentales, Consejos Regionales, Consejo Municipales y Junta Receptoras de Votos (JRV)
Ha quedado intacto las partes medulares del articulo 16 de la Ley Electoral: “(…) El Presidente o Presidenta con su respectivo suplente de cada Consejo Electoral y de Juntas Receptoras de Votos, serán designados alternativamente de entre los partidos políticos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar, en las últimas elecciones generales que se hayan celebrado (…) El Primer Miembro con su respectivo suplente serán designados de la misma manera”.
Presidente y primer miembro se alternan entre los partidos del primero y segundo lugar de las últimas elecciones, léase FSLN y PLC. El segundo miembro de los órganos electorales es elegido por los magistrados del CSE de ternas enviadas por los otros partidos que participan en las elecciones.
Con la elección de magistrados del CSE y la conformación de los órganos electorales con el procedimiento bipartidista, la dictadura mantiene el control ad eternum sobre todo el aparato electoral, minimizando el alcance de cualquier reforma electoral.
No debemos perder el tiempo en lamentaciones, sobre el tiempo y las oportunidades perdidas, todavía estamos a tiempo de revertir el inmenso daño que la dictadura y el bipartidismo han causado al sistema electoral. Debemos utilizar cualquier resquicio para librar la batalla política y presentar una propuesta alterna que permita conquistar las simpatías de la población y el apoyo solidario de la comunidad internacional.
