28 de mayo 2018
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Los conflictos políticos como el de Nicaragua pasan por varias etapas --rompimiento del status quo, intensificación de la violencia y el conflicto, desgaste del mismo y ruptura final-- que culminan con un cambio de régimen. Son pocas las instancias en las que las dictaduras, regímenes militares, y otras autocracias perduran más de 40 años en el poder. En este caso, el cambio político nicaragüense es inevitable. Sin embargo, la cuestión clave está en los tiempos.
Las condiciones políticas requieren una restauración completa de las instituciones democráticas, en particular, la Legislatura, el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, el Banco Central, las entidades autónomas y las fuerzas de seguridad (Policía y Ejército). La restauración incluye la elección democrática libre y justa de las nuevas autoridades, así como la selección y el nombramiento de funcionarios públicos cuidadosamente escudriñados dentro del marco constitucional.
Para que esto ocurra hay al menos tres factores que definen los tiempos del cambio político --nivel de cohesión del grupo, presión utilizada, y resiliencia en la presión y la unidad--. Dado el cálculo del riesgo político, los actores pueden determinar cuánto invierten en acelerar o prolongar la situación, dependiendo en donde se ubican estratégicamente como sujetos del cambio. Sin embargo, la inevitabilidad del fin es real porque el régimen perdió su legitimidad.
La unidad de los actores
Tanto Daniel Ortega y Rosario Murillo, como los grupos en la mesa de diálogo no poseen la suficiente cohesión interna que muestre un lenguaje común, una agenda compartida y un compromiso de riesgo para confrontar al otro. Por un lado, Ortega y Murillo se han ido aislando dentro del sandinismo en un círculo de poder familiar bastante achicado. Como lo planteó Oscar René Vargas, el sandinismo histórico no está a favor de Ortega y los que están no comparten el mismo apoyo por Rosario Murillo. Además, las fuerzas de choque que usa Ortega están mostrando cambios y fisuras en su estructura. Incluso, la lealtad de los grupos de represión estatal, la Policía y el Ejército, es parcial y condicionada a una lectura de lo que representa Ortega para estas dos instituciones como factor de estabilidad nacional en el corto plazo. Finalmente, los grupos más leales a Ortega --los magistrados, diputados y alcaldes-- se han deslegitimado ante la voz pública, por lo que no representan una gran fuente de unidad dentro del régimen. Esta situación muestra grandes debilidades en el capital político del régimen que no tiene señales de mejorar.
Dentro de la oposición, la situación muestra que el lenguaje y una agenda común sobre las expectativas de las demandas no está presente. Hay una variedad de actores --los empresarios agrupados en Cosep y Amcham, la iglesia católica, os estudiantes universitarios, campesinos, sociedad civil e intelectuales-- que comparten el deseo de sacar a Daniel Ortega pero no necesariamente de la misma manera y en los mismos tiempos. El sector privado ha asumido un frente más moderado, buscando la salida del régimen de manera escalonada o gradual, mientras que los estudiantes, sociedad civil y campesinos, aunque tienen intereses diferentes, quieren un cambio inmediato. Como grupo no han logrado ponerse de acuerdo con un solo interlocutor con una agenda y lenguaje que refleje el impacto deseado de su unidad.
Instrumentos de presión
El otro factor clave es la diversidad y capacidad de impacto de los instrumentos de presión. Para Daniel Ortega y Rosario Murillo los métodos represivos se han constituido en el único método de presión para retener su status quo. Las tácticas dilatorias, el divisionismo de líderes, el chantaje político y el abuso de la ley misma no tienen la misma fuerza que hace dos meses. La oposición está clara que a Ortega le complace ver que el tiempo pase, para intentar dividir a los actores y utilizar la ley para controlar a sus oponentes. Sin embargo, el contexto político actual no le permite ya ejercer la misma presión con estos métodos, de ahí que el aparato represivo es lo que le queda a mano. Las fuerzas paramilitares en sus manos siguen causando estragos y muertos. Ortega ha replegado a la Policía como un ‘backup’ para cuando los paramilitares sean neutralizados.
Mientras tanto la oposición cuenta con más fuerzas de presión. La protesta en la calle y los tranques pueden ser los métodos más visibles y en muchos casos los más factibles en este momento. Esta presión está impactando al gobierno de manera que ha debilitado su accionar legal e institucional. De hecho, la gradual unificación de voces de apoyo a la democratización, el acuerdo a un diálogo condicionado al cumplimiento de los 15 recomendaciones propuestas por la CIDH y el consenso en torno a la agenda de democratización propuesta por la Conferencia Episcopal son presiones al Gobierno con propuestas concretas. También, la oposición tiene otras cartas para presionar al Estado como el uso de otros instrumentos económicos, el paro nacional inclusive. La comunidad internacional está poniendo presión y anunciando que pedirá sanciones y espera resultados en las negociaciones.
Estos métodos no han sido suficientes para someter al régimen o para detener a la oposición. La represión fortalece el frente común y aumenta la resistencia. Los tranques y las protestas, por otro lado, han sido fuerzas efectivas para debilitar el control territorial del Estado así como las redes políticas entre Ortega y los alcaldes que coordinan las actividades paramilitares. También han sido muestra del voto con voz. Aunque no han acelerado el cambio de gobierno están arrinconando más al régimen.
Resiliencia
Daniel Ortega tiene una larga trayectoria de aguante ante la presión en situaciones críticas. Su resiliencia es duradera, especialmente con la intervención del control que impone Rosario Murillo. Sin embargo, esta posición ahora depende de la duración de los métodos represivos a mano y de la fuerza opositora en poner más presión sobre el régimen. El sistema represivo ha pasado de la intimidación, golpes y muertes, al uso de fuerzas paramilitares asesinas, poniendo a la Policía y el Ejército en defensiva como último refuerzo. Sin embargo, no está claro que muchas de las acciones de los paramilitares reflejen el completo control de la familia dictatorial. Aunque crea más caos en el país, esta situación debilita a Ortega. De igual forma la oposición, liderada ya no exclusivamente por los jóvenes organizados, está mostrando mayor intensidad en la medida que el Gobierno resiste a ignorar y ceder a sus demandas. Los paros, tranques y manifestaciones continúan con fuerza y esparciéndose. Esto demuestra una resiliencia que no ha decaído. Si los asesinatos continúan, la oposición crecerá y se fortalecerá mas allá de la convocatoria de corta duración.
El empate político
De esta forma se observa que ninguno los dos lados tiene todos los recursos para dar un golpe decisivo en el corto plazo, una situación que conlleva no a un punto muerto, sino a un conflicto prolongado. Aunque ninguno de los dos bandos en este momento puede derrotar al otro, con la negativa de Ortega de negociar las demandas planteadas por la Iglesia Católica, puso al país en la segunda etapa del conflicto, en un momento donde el enfrentamiento se encuentra en una etapa de medición de la fuerzas. Ante la negativa de Ortega y la continuidad de la represión violenta del régimen, la oposición está cambiando el balance de poder a su favor por su respuesta masiva. En esta segunda etapa, de continuar esta situación otros grupos se sumarán a favor de presionar más a Ortega y Murillo. Entre ellos están los grandes empresarios y sectores del círculo histórico del Frente Sandinista e incluso aliados de Ortega. Esta situación no solo fortalecerá la oposición al régimen, pero también le dará más instrumentos de presión que debilitarán a Ortega, y meterán al país a la tercera etapa de desgaste de Ortega.
La gran interrogante sigue siendo cuánto están dispuestos a invertir el Cosep y la gran empresa privada (ya no hay un grupo unificado) para promover una transición de corto plazo para Nicaragua. Mucho del peso del cambio político en Nicaragua recae sobre la gran empresa o mejor dicho sobre los catorce empresarios más influyentes de la economía de este país. El Cosep no solo es ya un actor político, pero el peso económico de sus miembros afecta al menos a un cuarto del PIB del país. Ellos saben también que ya no se puede trabajar con Ortega bajo los términos actuales. Un temor dentro del sector empresarial es la interrogante de quién sustituirá al gobierno actual dentro del marco constitucional. El país tiene mucho talento y equipo para integrar un gobierno de transición, manteniendo una sucesión constitucional, mientras se forman las bases para una elección nacional. La formación de un equipo de transición consiste en contar con los elementos de gobernabilidad básicos para entregar el poder a un representante legítimamente elegido.
Hay cinco prioridades que garantizan una transición estable y segura y se refieren a un equipo y liderazgo que mantenga una política pública en pro de la estabilidad económica, que aborde el presupuesto y proponga una reforma fiscal en el corto plazo, que determine los riesgos y mitigue la inseguridad, y que verifique violaciones, y haga justicia contra la corrupción. El país posee el liderazgo para dirigir tal transición; cuenta con economistas con experiencia mundial, expertos en desarrollo y política social, en emprendimiento e inversión desde el sector privado.
No hay ninguna razón para creer que el colapsado régimen de Ortega puede ofrecer alguna estabilidad y gobernanza, a punta de represión.
La inevitabilidad del cambio
Si las manifestaciones espontáneas siguen siendo generalizadas y más grandes, los actores con aversión al riesgo van a cambiar e inclinarse a brindarles más apoyo, considerando incluso, sumarse a un paro nacional como medio para presionar al gobierno. El problema central es si las manifestaciones espontáneas pueden seguir acumulando fuerza por varias semanas más en alcance y densidad. La situación actual muestra que esto es muy probable.
El cambio político es inevitable. Daniel Ortega y Rosario Murillo han perdido la legitimidad nacional e internacional y el reto ahora es cómo lograr la transición hacia un nuevo régimen. El timing se ha acelerado más de lo esperado, y la tercer etapa de desgaste se está acercanndo para el régimen. El cálculo del régimen de que la resiliencia de la resistencia no será prolongada está equivocado y las tácticas normalmente utilizadas por el liderazgo de Ortega y Murillo ya se han agotado.
