La paz no se construye sobre mentiras

En dos comparecencias televisivas, Daniel Ortega repitió ofensas contra los muertos y mentiras sobre las manifestaciones estudiantiles, al calificarlos de pandilleros y asegurar que las muertes se produjeron entre ellos mismos. Inaudito cinismo en un gobernante. Los únicos dueños de armas son sus partidarios, y aquí todo el mundo sabe que las usaron en contra de estudiantes desarmados. Y vale señalar, que el origen del conflicto no son las protestas contra las reformas, sino la represión contra el derecho de hacerlas públicamente.

De nuevo su discurso-cliché estancado en el tiempo, y revelador de un gran desconocedor de la realidad del país que tanto se empeña en conducir contra la voluntad popular.  La burbuja en que vive y la otra burbuja móvil protegida por decenas de policías, les han hecho perder contacto con la realidad nacional y vuelto insensible ante el dolor humano.

El sábado habló de la ruptura de una reconciliación y un diálogo que nunca han existido, sino arreglos entre cúpulas del poder económico y político. Y el domingo suspendió el decreto sobre las reformas al INSS, para satisfacer a los extranjeros de las empresas golondrinas de las zonas francas, pero sin parar la represión. Habló de un consenso y un diálogo tripartito con sus socios empresariales y sus líderes sindicales que no representan a todo el sindicalismo, menos a todos los trabajadores.

Habló de las reformas a la Constitución, sin decir con qué fines personales las hizo; en fin, ofendió de nuevo la inteligencia de los estudiantes, al señalarlos como las “bases” de los partidos de la derecha. Ocultó que este conflicto es resultado de su mal hábito de la ilegalidad que caracterizan a todas sus medidas de gobierno, desde las reformas a la Constitución Política para garantizarse su continuidad en el poder, hasta la última del martes (16/04/18) destinadas a subir los valores de las cotizaciones al Seguro Social.

Típicas formas de actuar de este gobierno, muy semejantes a la de los gobiernos neoliberales de otros países: con imposición inconsulta y represión. En nuestro país, ambas medidas se practican con la hipocresía de seudos revolucionarios, y la Policía actúa simultáneamente con fuerzas de choque de la llamada “juventud sandinista”, que no tiene nada de sandinista y mucho de lumpen, cuyas víctimas se las atribuyó a los estudiantes.

Ortega cree que olvidamos que las protestas no son solamente por lo inconsulto del decreto, sino también por todos los abusos acumulados en diez años. Y contra los factores e intereses que causan corrupción en la administración del INSS, comenzando con la privatización de los servicios médicos a favor de empresas privadas llamadas previsionales, en verdad iniciada por los gobiernos de la derecha, pero seguida por su gobierno, junto a otras concesiones al capital privado. Pero ahora el negocio lo están haciendo al revés, o sea, compran hospitales privados que antes favorecieron con la privatización de los servicios médicos, sin informar acerca de quiénes operan tras el nombre de Sermesa, que los compra.

Este negocio comenzó con la compra del hospital Cruz Azul, del fallecido comandante Tomás Borge, quien lo adquirió con un préstamo del INSS; sobre la base de Cruz Azul, fundaron la Policlínica Bolonia y esta se agrandó con la compra del hospital privado Sumédico, y antes habían comprado el Hospital Central Managua, también privado.

En torno a la compra-venta de Sumédico, una investigación de periodista Ismael López, reveló que el valor real de este hospital era de 10 millones de dólares, pero el INSS pagó 15  millones de dólares, aunque un abogado ex socio del hospital declaró que valía 20 millones de dólares. El negocio del INSS, también reveló otro dato: que solo en 2015, Súmedico obtuvo ganancias del INSS por la atención a los asegurados de 227.4 millones de córdobas; en cambio, sus ganancias por la atención de clientes privados, solo fue de 16.2 millones de córdobas.

Hace muy poco tiempo, medios de comunicación nacionales se hicieron eco de las “sugerencias” que el Fondo Monetario Internacional le hizo al gobierno Ortega-Murillo, para “salvar” al Seguro Social de la quiebra, entre ellas el aumento de las cotizaciones, eliminar beneficios a los pensionados y elevar la edad de jubilación a 65 años y el número de cotizaciones para tener derecho a jubilarse. Ahora que la violencia está golpeando al país, esos medios de prensa “han olvidado” al FMI como el autor intelectual del delito social que constituyen las reformas del gobierno Ortega-Murillo.

El rechazo unánime de la ciudadanía a las reformas –al margen de los partidos políticos—, tiene variado origen y razones, como múltiples son los intereses representados por cada uno de los sectores que se sienten afectados. No obstante, el gobierno acusa a “la derecha” (Somoza acusaba al “Sandino-comunismo” por toda justa protesta popular), con lo cual no solo miente, sino que también le da un mérito a la derecha que no está en capacidad de ganarse. Todos sabemos que ninguno de los partidos de oposición –de derecha o izquierda— está en capacidad de convocar al pueblo en la forma que este se está manifestando en todo el país.

Estamos ante un fenómeno político sorpresivo para el gobierno y para muchos nicaragüenses. Para el gobierno, porque confió en su propaganda y en una popularidad de los Ortega-Murillo en encuestas pagadas por ellos mismos; para el resto de los ciudadanos adultos, porque en su mayoría creía que la pasividad de su generación ante los abusos del poder, era compartida por la juventud. Todos nos equivocamos, por no pensar en que no hay proceso de lucha estancado, sino en aparente receso.

Ahora no solo queda lamentar las decenas de víctimas jóvenes de la represión orteguista, y la inicial espontaneidad de las protestas; también estamos moral y patrióticamente obligados a respaldar las  demandas estudiantiles, pues sería criminal dejarlos solos después de haber pagado con su sacrificio la revocación del decreto atentatorio de los intereses de sus abuelos y padres –y de ellos mismos, como futuros cotizantes del Seguro Social. Su justa lucha derrotó el decreto, aunque no ha derrotado la represión, y esperamos de los gobernantes, quienes no se han legitimado como tales, que al menos respeten el derecho a la vida.

Los Ortega-Murillo convocaron al diálogo con los empresarios, pero el estudiantado no les concede representación, y si antes no se libera a sus presos y no se castiga a los culpables de tantos compañeros suyos asesinados. Además, por un asunto de orden ético y moral, no debe seguir ofendiendo la memoria de los muertos ni de calumniando a los vivos.

Por otro lado, si es verdad que el Cosep y Amcham fundan su rechazo al decreto en que el aumento de la cotización patronal atenta contra la inversión, con la consecuencia negativa para el desarrollo económico del país, recordemos también que estas cámaras patronales no dijeron nada en contra de las sugerencias del FMI, las que tomaron los Ortega-Murillo, con excepción de la elevación de la edad de jubilación a los 65 años. Esta salvedad, sin embargo, para los gobernantes no era definitiva, pues se trata solo de una excepción provisional para mientras valoraban las reacciones sociales, y es seguro que de no ser por las reacciones conocidas, terminaría  imponiendo los 65 años de edad para tener derecho a jubilarse.

Hasta hoy, todo es triste y condenable: decenas de muertos, ojos perdidos de estudiantes; incontables heridos, presos y secuestrados; golpizas de adultos mayores; golpes, robos de cámaras a periodistas y de celulares a manifestantes; disparos, piedras y destrucción de recintos universitarios; bombas lacrimógenas afectando a estudiantes, transeúntes y vecinos; turbas orteguistas “tomándose” lugares públicos para coartar el derecho a manifestarse; varios canales de televisión censurados, y el Canal 63 (100% Noticias) clausurado hasta hoy; saqueos de comercios. Y, como símbolo de fascismo, sacaron de una residencia a estudiantes becados y les obligaron a dormir a la intemperie, y sus activistas hicieron incursiones violentas en las velas de los muertos

Eso y más, lo prodigó un gobierno de quienes aún pretenden pasar como revolucionarios, sin dejar de ser usurpadores del poder que, hace cuarenta años, el pueblo nicaragüense conquistó con su sangre, y después lo traicionaron.